Proposición de Ley para la modificación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda

Esta Proposición de Ley busca reforzar el derecho a la vivienda modificando la Ley 12/2023. Su objetivo principal es limitar la especulación inmobiliaria restringiendo la compraventa de viviendas residenciales a personas físicas, excluyendo a las personas jurídicas. Se establecen excepciones para ciertas entidades y finalidades específicas, como sedes sociales, residencias para colectivos vulnerables o víctimas de violencia de género. La normativa también contempla un régimen transitorio para escrituras públicas previas y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

El presente documento corresponde al Debate de toma en consideración de la Proposición de Ley para la modificación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (Número de expediente: 122/000178).

Argumentos a favor:

• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (Sr. Ibáñez Mezquita):
  • La vivienda se ha convertido en un activo financiero y fuente de especulación, no en un derecho básico.
  • La compraventa por parte de empresas, sociedades y fondos buitre se ha duplicado desde 2008.
  • La ley busca cumplir con los artículos 128 y 131 de la Constitución, subordinando la riqueza al interés general y planificando la actividad económica para atender necesidades colectivas.
  • Se propone prohibir la compra de viviendas a socimis, empresas multipropietarias, fondos buitre y multinacionales, argumentando que la acumulación en pocas manos genera desigualdad y problemas en los barrios.
  • Se defiende que la intervención del Estado es necesaria para favorecer a la mayoría social frente a los fondos de inversión.
  • Se considera que la ley, aunque no sea revolucionaria, es un paso para que la vivienda sea un derecho y no un negocio.

Argumentos en contra:

• Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil):

  • Las medidas parciales no son suficientes; se necesita una reforma integral de la ley de vivienda.
  • Se critica el fracaso de la Ley de Vivienda de 2023, advirtiendo de su ineficacia.
  • Se considera que el Partido Socialista no está dispuesto a adoptar medidas efectivas que choquen con los grandes intereses inmobiliarios y de los fondos buitre.

• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya (Sra. Madrenas i Mir):

  • La propuesta es una "tirita" que no soluciona el problema de fondo, que es la falta de parque público de vivienda.
  • Las regulaciones restrictivas reducen la oferta y suben los precios, como ha ocurrido con la ley estatal de vivienda y las zonas tensionadas.
  • La prohibición de compra a personas jurídicas no garantiza precios más accesibles ni más oferta de alquiler si no se genera vivienda pública.
  • La ley puede destruir promociones en curso, hacer inviables proyectos de alquiler asequible y reducir la profesionalización del mercado.
  • Se critica la falta de ejecución presupuestaria y la lentitud en la construcción o rehabilitación de vivienda pública.

• Grupo Parlamentario Republicà (Sra. Estrems Fayos):

  • La proposición de ley se queda corta y es insuficiente.
  • Se critica la falta de definición del concepto "estado de uso" en la ley, lo que podría dejar una "escletxa" abierta a la especulación.
  • Se cuestiona que la ley solo grave la vivienda en "estado de uso" y no la obra nueva, que también es objeto de especulación.
  • Se critica la falta de inclusión explícita de organismos públicos como el Incasòl o la Agència Catalana de l'Habitatge en las exenciones.
  • Se considera que la propuesta es "muy pobret" y que la solución real pasa por un modelo que frene la especulación, no solo a los fondos buitre, sino también a los pequeños propietarios.

• Grupo Parlamentario VOX (Sr. Hernández Quero):

  • Las políticas públicas deben basarse en resultados y evidencia, no en eslóganes o dogmatismos.
  • La legislación que reduce la oferta, genera escasez y presiona los precios al alza es antisocial y antipopular.
  • La Ley de Vivienda de 2023 ha vaciado los portales inmobiliarios, ha reducido la oferta y ha provocado precios más altos y hacinamiento.
  • Se critica la obsesión con las viviendas vacías en lugar de abordar el problema de los realquilados y las familias amontonadas en pisos pequeños.
  • Se considera que la propuesta de prohibir la compra a personas jurídicas es un disparate que mutila el mercado y encarece los precios.
  • Se aboga por derogar la Ley de Vivienda y sustituirla por un marco estable que no sea restrictivo.
  • Se critica la falta de soluciones reales y la dependencia de la ideología en lugar de la gestión.

• Grupo Parlamentario Socialista (Sr. Blanco Arrúe):

  • El Grupo Socialista está abierto a debatir medidas contra la especulación inmobiliaria con rigor y respeto a la seguridad jurídica.
  • Se defiende el modelo del Gobierno, que apuesta por desplegar medidas y recursos para garantizar el derecho a la vivienda, incrementando el presupuesto y eliminando las Golden Visa.
  • Se critica a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular por no aplicar las medidas del Gobierno.
  • Se acusa a VOX de tener una visión "lobo con piel de cordero" y de añorar el franquismo, negando la realidad de la seguridad en España.
  • Se defiende que la seguridad se construye con justicia social, educación y servicios públicos, no con un Estado policial.

• Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Sr. Gil Santiago):

  • La proposición de ley presentada por SUMAR empeora una ley ya considerada nociva.
  • Prohibir la compra de viviendas a personas jurídicas es un disparate que señala culpables y no resuelve el problema.
  • La ley de vivienda ha demostrado ser más intervencionista que eficaz, castigando al propietario y no incentivando el alquiler.
  • Se critica la falta de inversión y la baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Vivienda.
  • Se denuncia la okupación ilegal y la falta de protección a los propietarios.
  • Se pide legislar con responsabilidad, aportando marcos estables y no leyes improvisadas y restrictivas.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Acuerdo: Existe un acuerdo generalizado en la necesidad de abordar el problema del acceso a la vivienda y de luchar contra la especulación inmobiliaria.
• Desacuerdo:
  • Hay un profundo desacuerdo sobre las medidas concretas a adoptar. Mientras SUMAR y sus aliados proponen restricciones a la compra por parte de personas jurídicas, el PP y VOX consideran estas medidas un disparate que empeorará la situación.
  • El Grupo Socialista defiende las políticas del Gobierno y critica la oposición del PP y VOX, mientras que estos últimos critican la ineficacia de las políticas gubernamentales.
  • Junts per Catalunya y el Grupo Republicà consideran que las medidas propuestas son insuficientes y que la solución real pasa por un aumento significativo del parque público de vivienda y por un modelo de gestión territorializado.
  • El Grupo Mixto (PNV) considera que la medida propuesta necesita un mayor debate y estudio, y que una prohibición total a personas jurídicas nacionales podría tener efectos colaterales imprevistos.
  • Podemos (integrado en SUMAR) considera que la propuesta es conservadora y aboga por medidas más ambiciosas, como la expropiación a los acaparadores.
• Matices relevantes:
  • SUMAR reconoce que la ley podría ser más ambiciosa, pero busca un consenso parlamentario.
  • El Grupo Mixto (PNV) y el Grupo Republicà señalan la importancia de la territorialización de las competencias en vivienda para una gestión más eficaz.
  • Se critica la falta de financiación y la carga de costes que las nuevas regulaciones podrían suponer para los ayuntamientos.

En resumen, la proposición de ley para modificar la Ley de Vivienda generó un debate intenso con posturas contrapuestas sobre la efectividad de las medidas propuestas y la necesidad de abordar el problema de la vivienda desde diferentes enfoques, con críticas cruzadas entre los grupos parlamentarios sobre la gestión y las propuestas en materia de vivienda.

Resultado iniciativa: Rechazada