Proposición de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre

Esta Proposición de Ley busca fortalecer la seguridad jurídica en la ordenación territorial y urbanística mediante la modificación del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Se propone un régimen especial para los vicios de procedimiento, diferenciando entre nulidad y anulabilidad, y estableciendo plazos para impugnaciones. Se busca agilizar la tramitación de informes sectoriales con una plataforma telemática y adecuar la ley a sentencias del Tribunal Constitucional. Se abordan aspectos registrales, como la cancelación de derechos de reversión y la caducidad de afecciones reales. La iniciativa pretende evitar anulaciones desproporcionadas, facilitar la subsanación de defectos formales y mejorar la eficiencia administrativa, impactando positivamente en la actividad económica y la protección medioambiental.

El grupo parlamentario que ha retirado su firma es: Grupo Parlamentario Socialista.

Esto significa que dicho grupo deja de ser coautor de la proposición y ya no respalda oficialmente su contenido, aunque la iniciativa puede continuar si otros grupos mantienen su apoyo.

Este documento corresponde al Debate de toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (Número de expediente: 122/000114).

Argumentos a favor:

• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): Defiende la proposición de ley argumentando que busca dar seguridad jurídica a los planeamientos urbanísticos, afectados por anulaciones judiciales debido a defectos formales menores. Señalan que la modificación es necesaria para que los ayuntamientos puedan desarrollar sus políticas de vivienda, dotaciones públicas y actividades económicas sin que vicios formales o de procedimiento causen nulidades parciales o totales desproporcionadas. Proponen un régimen "ad hoc" para los vicios legales en los planes, limitando los supuestos de nulidad de pleno derecho a casos graves como la aprobación por órgano incompetente, la omisión total del procedimiento, la falta de trámite medioambiental o la omisión del trámite de información pública. También buscan limitar el ejercicio de la acción pública para evitar abusos y agilizar los procesos. Consideran que la reforma es necesaria y que puede mejorarse mediante enmiendas.
• Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Señala que la proposición de ley tiene una base lógica y coincide en la necesidad de proteger la seguridad jurídica, algo que reclaman comunidades autónomas y municipios. Consideran que la falta de seguridad jurídica aumenta la incertidumbre y el precio de la vivienda. Sin embargo, critican que la propuesta se queda corta y que es una copia a medias de una iniciativa anterior del PP, afectando superficialmente solo al 10% de los proyectos de vivienda. Proponen una reforma integral que aborde varias normativas para agilizar y asegurar la tramitación, bajar plazos, acabar con la ineficacia en informes sectoriales, dar seguridad a la inversión y aumentar la oferta de vivienda.
• Grupo Parlamentario Socialista: Votará a favor de la toma en consideración, compartiendo la necesidad de abordar el problema de la vivienda y la seguridad jurídica en el planeamiento urbanístico. Reconocen que la propuesta tiene una base lógica y que es necesario dar respuesta a las demandas de las administraciones locales. Sin embargo, señalan que no comparten el procedimiento concreto, jurídico y técnico propuesto por SUMAR, y sugieren volver a la proposición no de ley de 2016 que obtuvo consenso para buscar soluciones más oportunas.

Argumentos en contra:

• Grupo Parlamentario Mixto: Expresa dudas sobre la efectividad de la propuesta para resolver el problema de la vivienda, argumentando que no aborda la distorsión entre leyes y su aplicación práctica en la expectativa urbanística. Critican que la ley no ataca la especulación y que la construcción de más vivienda no necesariamente abarata los precios. Consideran que la propuesta favorece a los especuladores y que la limitación de la acción pública perjudica a los ciudadanos.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu: Cuestiona si la propuesta realmente resuelve el problema de la vivienda, argumentando que podría empeorar la situación al dar más capacidad para usar las mismas herramientas que han llevado a la crisis actual. Sugieren modificar el artículo 18 del Código Civil para aumentar el porcentaje de suelo destinado a vivienda protegida.
• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya: Se opone a la toma en consideración por considerar que la propuesta invade competencias catalanas en materia de vivienda, urbanismo y ordenación territorial. Argumentan que estas competencias corresponden al Parlamento de Cataluña y que la iniciativa estatal busca un modelo homogeneizador y recentralizador.
• Grupo Parlamentario Republicano: Critica la propuesta por limitar el derecho de los ciudadanos a impugnar proyectos urbanísticos y el derecho de las administraciones a opinar. Consideran que la ley podría favorecer la especulación y que construir más no es la solución mágica para el acceso a la vivienda. Señalan que la propuesta es una copia de iniciativas anteriores del PSOE y del PP.
• Grupo Parlamentario SUMAR: Considera que la propuesta es una copia de iniciativas anteriores y que no aborda los problemas de fondo de la especulación y la distorsión en el mercado del suelo. Argumentan que en España no falta vivienda, sino que hay un uso fraudulento para la especulación y el turismo. Proponen medidas como prohibir la compra especulativa, expropiar a los fondos buitre y prohibir los apartamentos turísticos.
• Grupo Parlamentario VOX: Considera que la propuesta es insuficiente y que se queda en la fachada, sin abordar reformas necesarias para el sector. Critican la gestión del Gobierno en materia de vivienda y la falta de soluciones reales.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Desacuerdo general: La proposición de ley fue rechazada en la votación de toma en consideración por 124 votos a favor, 186 en contra y 34 abstenciones.
• Matices:
  • El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso defendieron la necesidad de la reforma para dar seguridad jurídica, aunque el PP consideró que la propuesta se quedaba corta.
  • El Grupo Parlamentario Socialista apoyó la toma en consideración, pero expresó reservas sobre el procedimiento propuesto por SUMAR y sugirió volver a un consenso anterior.
  • Grupos como el Mixto, Euskal Herria Bildu, SUMAR y Republicano se opusieron a la propuesta, argumentando que no abordaba los problemas de fondo de la especulación, la vivienda o que invadía competencias autonómicas.
  • VOX consideró la propuesta insuficiente y criticó la gestión del Gobierno en materia de vivienda.

Resultado iniciativa: Rechazada