Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

Esta Proposición de Ley busca reformar la Ley 12/2013 para mejorar la cadena alimentaria. Su objetivo principal es asegurar que los precios pagados a los productores primarios cubran, como mínimo, sus costes de producción, prohibiendo la reventa a pérdidas y clarificando la definición de 'posición dominante' con una cuota de mercado del 8%.

Los puntos clave incluyen la obligación de que los contratos reflejen costes reales, la simplificación del registro de contratos, y la creación de mecanismos para definir costes de producción medios y obligar a la recopilación de datos estadísticos para una mayor transparencia. La reventa a pérdidas se tipifica como infracción grave, y se establece un coeficiente inicial para los costes fijos y variables mientras se definen los definitivos.

El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados informa sobre el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.

Argumentos a favor:

• Grupo Parlamentario Republicano (ERC): Defiende la proposición como una oportunidad para dar respuesta a las reivindicaciones del sector primario, que sufre la venta de productos por debajo del precio de producción y prácticas abusivas. Señalan que la ley actual no es clara ni efectiva, y que sus propuestas buscan reflejar los costes de los pequeños productores en los precios, aliviar la carga administrativa, prohibir la venta a pérdidas incluyendo costes fijos y variables, y establecer un umbral del 8% de cuota de mercado para considerar posición dominante. Critican la "instrumentalización y manipulación del campo por parte de la extrema derecha" y la falta de acción del Gobierno.
• Grupo Parlamentario Mixto (Coalición Canaria): Apoya la iniciativa, considerando que toda ley es mejorable y que el objetivo es lograr una ley más eficaz que evite el abuso de intermediarios y garantice precios justos que incluyan costes y rentabilidad para el productor. Destacan la dificultad añadida en las islas por los costes de transporte y la necesidad de soberanía alimentaria.
• Grupo Parlamentario Mixto (BNG): Considera que la ley actual no funciona, especialmente en la garantía de precios justos para los productores. Critican que se exija a las explotaciones demostrar sus costes de forma individual sin poder recurrir a datos oficiales y que esto deja a los productores en indefensión. Apoyan la iniciativa para establecer mecanismos de cálculo objetivo de los costes de producción.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): Ve la proposición como una oportunidad para revisar una ley que no ha funcionado, especialmente en lo referente a los precios para los agricultores. Aunque no creen que se solucionen todos los problemas, consideran que es una oportunidad para abrir una ventana de mejora, ya que la situación del sector es deplorable. Apoyarán la toma en consideración y presentarán enmiendas.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu: Considera que la propuesta es oportuna para mejorar la ley y que la ley de la cadena es un instrumento importante, aunque se queda corta. Reivindican precios justos y la necesidad de que las administraciones actúen con decisión, extendiendo la aplicación de la ley a todos los sectores agroalimentarios. Comparten las propuestas de cambio para definir mejor la posición de dominio, prohibir la venta a pérdidas y simplificar la gestión de contratos.
• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya: Apoya la iniciativa, reconociendo que la ley de la cadena alimentaria no ha dado los resultados esperados. Propondrán mejoras en aspectos como la identificación de producto, etiquetado y garantía de precios. Subrayan la necesidad de actuar en todos los frentes para modernizar el sector y evitar la especulación.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: Apoya la proposición de ley, considerándola una oportunidad para reforzar los intereses y el bienestar de la mayoría social frente a los abusos de los grandes agentes. Critican que los agricultores vendan a pérdidas y los consumidores paguen precios elevados por productos de baja calidad, mientras las grandes distribuidoras obtienen grandes beneficios.

Argumentos en contra:

• Grupo Parlamentario VOX: Considera que el marco propuesto es inoperativo y que la ley actual es un fracaso. Defienden que la protección del sector debe venir de la preferencia comunitaria, leyes de libre competencia, control de fronteras y reciprocidad en la producción extracomunitaria, y critican las agendas globalistas y el Pacto Verde. Señalan que la ley de la cadena no afecta a las importaciones de terceros países, cuyos costes son irrisorios, y que la competencia desleal de estos países hace inviable el libre mercado.

Acuerdo/Desacuerdo:

• Hubo un acuerdo generalizado en la toma en consideración de la proposición de ley, con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios.
• Se constató un desacuerdo en cuanto a las causas de los problemas del sector y las soluciones propuestas, especialmente entre los grupos que defienden un mayor intervencionismo y control de precios (como ERC, BNG, EH Bildu) y aquellos que abogan por la liberalización del mercado y la reducción de la carga administrativa y fiscal (como VOX).
• El Grupo Parlamentario Popular votó a favor de la toma en consideración, pero expresó reservas sobre la efectividad de las medidas propuestas por ERC, considerando que la ley actual no necesita estos cambios y que sus propias propuestas se centran en la reducción de impuestos y la flexibilización del mercado.
• El Grupo Parlamentario Socialista defendió la ley actual como un avance y criticó la falta de apoyo del PP a medidas anteriores, al tiempo que defendía la necesidad de reforzar la aplicación de la ley y las políticas de apoyo a los agricultores.

Resultado de la votación:

La proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano fue tomada en consideración por 175 votos a favor y 167 abstenciones.

La Proposición de Ley para modificar la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria ha sido admitida a trámite, siendo el Grupo Parlamentario Republicano su autor.

Se ha decidido que la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación se encargue de aprobar la propuesta de ley para modificar la Ley de la cadena alimentaria. Además, se abre un plazo de quince días para que los diputados y grupos parlamentarios presenten sus propuestas de cambio a esta ley.