Proposición de Ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas

Esta Proposición de Ley busca impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad endureciendo las sanciones por incumplimiento de la cuota de reserva de empleo. Propone calificar dicho incumplimiento como infracción 'muy grave', en lugar de 'grave', y excluir a las empresas sancionadas por esta causa del acceso a subvenciones públicas. Se enfatiza la necesidad de campañas de concienciación y de una actuación intensificada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para verificar el cumplimiento de la normativa. El objetivo es garantizar el derecho al trabajo en igualdad de condiciones, alineándose con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la reforma del artículo 49 de la Constitución Española.

Debate de toma en consideración de la Proposición de Ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas (122/000215)

En este debate, se ha discutido la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con el objetivo de mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad mediante la modificación de la normativa sobre la cuota de reserva de empleo en las empresas.

Argumentos a favor:

• Grupo Parlamentario Socialista: Defiende la necesidad de la proposición para abordar la baja tasa de empleo de las personas con discapacidad (26% frente al 64% de las personas sin discapacidad). Argumentan que la cuota de reserva del 2% en empresas de más de 50 trabajadores solo afecta al 1% de las empresas y no se cumple en muchos casos. Proponen endurecer las sanciones por incumplimiento, pasando de "grave" a "muy grave", y prohibir el acceso a ayudas públicas a las empresas sancionadas. Subrayan que las personas con discapacidad son un activo valioso que aporta talento y compromiso, y que la inclusión laboral beneficia a toda la sociedad y enriquece las empresas.
• Grupo Vasco (EAJ-PNV): Comparte la finalidad de la proposición y considera razonable endurecer las consecuencias del incumplimiento de la cuota de reserva. Apoyan la idea de que las sanciones y la prohibición de recibir subvenciones públicas son necesarias. Sin embargo, insisten en que las sanciones por sí solas no son suficientes y abogan por una combinación de exigencia, apoyo, incentivos y acompañamiento para las empresas. Destacan la importancia de la formación adaptada, la accesibilidad universal y el tránsito al empleo ordinario. Piden que se respeten las competencias autonómicas en esta materia.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu: Anuncia su voto afirmativo, pero con la voluntad de mejorar sustancialmente el texto. Consideran que la proposición debe tener una perspectiva más global y proponen revisar el porcentaje de la cuota de reserva, así como considerar a empresas con menos de 50 trabajadores. Critican la posibilidad de exclusión de la cuota a través de convenios o acuerdos con la administración, argumentando que no está dando resultados. Apoyan el endurecimiento de las sanciones y la prohibición de subvenciones, pero advierten de que no todo se soluciona con "punitivismo". Señalan la brecha salarial y el riesgo de pobreza de las personas con discapacidad.
• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya: Consideran la propuesta "bastante buena" como punto de partida, pero insuficiente para garantizar una inclusión real que vaya más allá de la mera colocación. Abogan por ir más allá de la penalización, ofreciendo apoyos y formación tanto a las personas demandantes de empleo como a las empresas. Subrayan la necesidad de que la Administración dé ejemplo y priorice los planteamientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyendo la recogida de datos desagregados. Anuncian la presentación de enmiendas.
• Grupo Parlamentario Republicano: Celebran la proposición como un paso adelante, pero critican la "poca ambición" del Gobierno. Señalan que más del 80% de las empresas incumplen la cuota de reserva y que las sanciones anteriores eran "ridículas". Apoyan el endurecimiento de las sanciones y la prohibición de subvenciones, pero consideran necesario revisar al alza el porcentaje del 2%, limitar las medidas alternativas, abrir la puerta a las pymes y crear registros públicos de empresas cumplidoras y no cumplidoras. Defienden que el trabajo digno es la mejor herramienta de inclusión social.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: Consideran que la proposición va en la dirección correcta y reafirma la cuota del 2%. Apoyan el endurecimiento de las sanciones y el cierre de "puertas traseras". Subrayan que la inclusión no se garantiza solo con sanciones, sino generando condiciones efectivas para la inserción y la igualdad. Destacan la importancia de un enfoque amplio e integral, similar a la reforma de discapacidad y dependencia. Mencionan medidas estructurales como la compatibilidad entre empleo y prestaciones, el reconocimiento de cuidadoras no profesionales y la promoción de la accesibilidad. Anuncian su apoyo.

Argumentos en contra:

• Grupo Parlamentario VOX: Argumentan que la proposición, bajo el pretexto de hacer el bien, promueve medidas que generan el efecto contrario. Consideran que no basta con sancionar más y que la mayoría de las empresas cumplen. Sostienen que el problema no es la falta de sanciones, sino la falta de estímulos y apoyos reales. Critican que la propuesta refuerza la vía de las sanciones y convierte a las empresas en sospechosas por defecto. Argumentan que la verdadera inclusión exige diagnóstico adecuado del puesto, evaluación de capacidades, plan de acompañamiento y seguimiento, y no un porcentaje mecánico. Consideran que la propuesta se queda en una mera reforma sancionadora y no fomenta la verdadera incorporación.
• Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Consideran que endurecer las sanciones no es la solución y que el objetivo debe ser incentivar la contratación y no crear una cultura del miedo. Argumentan que la proposición se limita a reforzar el castigo sin abordar barreras estructurales, nuevos programas de inclusión, incentivos a la formación o mecanismos de seguimiento. Señalan el riesgo de confundir cuota con inclusión y la necesidad de empleos estables y de calidad. Proponen programas de apoyo técnico y financiero, asesoramiento y ayudas directas para las pymes. Consideran fundamental la evaluación anual del cumplimiento y la participación de entidades como el CERMI.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Acuerdo general: Existe un amplio consenso en la necesidad de mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad y en la importancia de la cuota de reserva de empleo. La mayoría de los grupos parlamentarios apoyan la toma en consideración de la proposición.
• Matices y desacuerdos:
  • Enfoque: Mientras el Grupo Socialista y sus aliados ven la proposición como un paso necesario y efectivo, otros grupos como VOX y el PP consideran que se centra excesivamente en el castigo y la sanción, descuidando los incentivos, apoyos y la formación.
  • Ambición: Grupos como ERC y Euskal Herria Bildu consideran que la proposición es insuficiente y abogan por una mayor ambición, sugiriendo revisar al alza la cuota, incluir a pymes o explorar medidas alternativas más efectivas.
  • Competencias autonómicas: El Grupo Vasco y Junts per Catalunya insisten en la necesidad de respetar las competencias de las comunidades autónomas en esta materia.
  • Medidas concretas: Hay diferencias en la valoración de la eficacia de las sanciones, la necesidad de campañas de sensibilización, el papel de la inspección de trabajo y la importancia de los incentivos fiscales y financieros para las empresas.
  • Formato de la iniciativa: Varios grupos (ERC, Junts per Catalunya) expresan su preferencia por un proyecto de ley o un real decreto-ley, sugiriendo que una proposición de ley puede ser un proceso más largo.

Resultado de la votación:

La toma en consideración de la proposición de ley fue aprobada con 313 votos a favor, 33 en contra y 0 abstenciones.

La Proposición de Ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad ha sido admitida a trámite, siendo el Grupo Parlamentario Socialista su autor.

Se ha decidido que la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se encargará de redactar la ley de forma completa. Además, se abre un plazo de quince días para que los diputados y grupos parlamentarios puedan proponer cambios a la propuesta de ley.

Enmienda de Grupo Parlamentario Mixto (Cristina Valido García)

• Objeto: Introducir medidas transitorias y de apoyo para facilitar el cumplimiento de la cuota de reserva en el primer año de vigencia.
• Modificación(es):
  1. Se añade una disposición transitoria que, durante los doce meses siguientes a la entrada en vigor, la Administración priorizará los requerimientos de subsanación y los planes de cumplimiento de aquellas empresas que ya hayan iniciado procesos de contratación o adaptación para alcanzar la cuota, sin perjuicio de sanción en caso de reincidencia o negativa.
  2. Se modifica el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones para excluir de la prohibición de acceso a subvenciones a las empresas que, antes de la resolución de concesión, demuestren el cumplimiento íntegro de la cuota o de las medidas alternativas, según se determine reglamentariamente.
  3. Se incorpora una disposición adicional que obliga al Gobierno, en cooperación con las Comunidades Autónomas, a aprobar un plan de apoyo técnico a las empresas obligadas (intermediación, ajustes razonables, accesibilidad, formación y evaluación).
  4. Se modifica la disposición adicional segunda (campañas de inspección) para que los resultados se desagreguen territorialmente y se coordinen con los servicios autonómicos de empleo, incluyendo recomendaciones operativas para mejorar el cumplimiento.
  5. Se añade una cláusula de singularidad territorial que refuerza la red de servicios de apoyo y los instrumentos específicos en territorios insulares y ultraperiféricos.
• Efecto: Se crea un periodo de gracia que favorece la regularización voluntaria, se evita la exclusión automática de subvenciones cuando la empresa corrige la infracción antes de recibir la ayuda, se garantiza asistencia técnica especializada y se mejora la transparencia y la adaptación territorial de las campañas de inspección. La cláusula de singularidad asegura que las islas y regiones ultraperiféricas reciban medidas compensatorias.

Enmienda de Grupo Parlamentario Vasco (EAJ‑PNV)

• Objeto: Dotar al régimen de cuota de reserva de mecanismos de seguimiento, evaluación y estímulo positivo.
• Modificación(es):
  1. Se añade una disposición adicional que establece la elaboración, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor, de un informe integral de evaluación del impacto de la norma (porcentaje de cumplimiento, número de personas con discapacidad contratadas, actuaciones inspectoras, uso de medidas alternativas y efecto de las campañas de difusión). El informe será remitido a las Cortes y publicado en el Portal de Transparencia.
  2. Se incorpora una disposición adicional que crea incentivos económicos: las empresas que superen anualmente el porcentaje legal de la cuota podrán obtener una bonificación adicional en las cotizaciones a la Seguridad Social para las personas con discapacidad contratadas, con los requisitos y el control que se determinen reglamentariamente.
  3. Se amplía el artículo 13 de la Ley de Subvenciones añadiendo dos nuevas letras (l) y m) que excluyen del acceso a subvenciones a quienes hayan sido sancionados por infracciones en materia de igualdad y no discriminación de personas con discapacidad, y por infracciones muy graves relacionadas con la intimidad, dignidad, discriminación y acoso.
• Efecto: Se introduce un sistema de monitorización y revisión periódica que permite ajustar la normativa, se complementa el modelo sancionador con incentivos positivos y se amplía la prohibición de subvenciones a conductas discriminatorias, reforzando la protección integral de las personas con discapacidad.

Enmienda de Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (enmiendas 9‑13)

• Objeto: Incorporar disposiciones de reparación histórica y fiscal que, aunque no guardan relación directa con la cuota de reserva, se presentan como adiciones a la iniciativa.
• Modificación(es):
  1. Enmienda 9: Se añade una disposición final que reconoce y reparará a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer (1978‑1985).
  2. Enmienda 10: Se modifica la Ley del IRPF para excluir de tributación las ayudas concedidas a las personas afectadas por la talidomida (1950‑1985).
  3. Enmienda 11: Se altera la normativa de la Seguridad Social para reconocer la pensión de viudedad en supuestos excepcionales de parejas de hecho.
  4. Enmienda 12: Se crea una disposición transitoria que permite la compatibilidad retroactiva entre la pensión de viudedad y otras pensiones contributivas.
  5. Enmienda 13: Se modifica el artículo 205.1 de la Ley General de la Seguridad Social para contar el servicio militar obligatorio y la prestación social sustituta (máximo un año) como períodos cotizados.
• Efecto: Estas enmiendas introducen medidas de reparación y de mejora fiscal y de pensiones que, aunque relevantes para otros ámbitos, no alteran el núcleo de la propuesta sobre la cuota de reserva. Su inclusión amplía el alcance temático de la iniciativa.

Enmienda de Grupo Parlamentario Mixto (Ione Belarra Urteaga)

• Objeto: Obligar al Gobierno a elaborar un estudio temprano sobre el grado de cumplimiento de la cuota de reserva.
• Modificación(es): Se añade una disposición adicional que, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor, el Gobierno remitirá a las Cortes un estudio exhaustivo del cumplimiento de la cuota de reserva prevista en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013.
• Efecto: Se garantiza información temprana y detallada que servirá de base para la evaluación y posible ajuste de la normativa.

Enmienda de Grupo Parlamentario Junts per Catalunya (enmiendas 15‑27)

• Objeto: Profundizar el régimen sancionador, introducir mecanismos de regularización, reforzar la coordinación con la administración autonómica, crear incentivos y establecer un marco operativo para la contratación pública y el apoyo a PYMES.
• Modificación(es):
  1. Enmienda 15: En el artículo 16 se incorpora la posibilidad de que la autoridad laboral conceda un plazo de corrección de hasta seis meses, suspenda los efectos accesorios de la sanción mientras se cumpla el plan y reconozca la regularización como atenuante. Se añaden criterios de valoración (búsqueda activa, disponibilidad de perfiles, etc.).
  2. Enmienda 16: En el artículo 13 de la Ley de Subvenciones se añade una letra k) que excluye de la concesión de subvenciones a empresas sancionadas por infracción muy grave, salvo que demuestren la regularización efectiva dentro del plazo concedido. Además, la cuota de reserva será criterio de desempate en los procedimientos de adjudicación pública.
  3. Enmienda 17: La disposición adicional segunda se amplía para que las campañas de inspección se coordinen con las inspecciones autonómicas, incluyan objetivos cuantificados por sector, y produzcan informes semestrales desagregados por territorio, tamaño, sexo y tipo de discapacidad, respetando la normativa de protección de datos.
  4. Enmienda 18: Se crea una disposición adicional que obliga a comunicar, en diez días, al Registro Oficial de Licitadores y al registro autonómico equivalente, las resoluciones firmes que sancionen la infracción muy grave del artículo 16.1.h.
  5. Enmienda 19: Se establece, en un plazo máximo de seis meses, el desarrollo reglamentario del artículo 71.1.d) de la Ley de Contratos del Sector Público para precisar la acreditación y verificación de la cuota del 2 % o de las medidas alternativas, garantizando interoperabilidad entre administraciones y evitando cargas documentales excesivas.
  6. Enmienda 20: Se introduce una declaración anual simplificada de cumplimiento para empresas de 50 o más trabajadores, que podrá integrarse en la información no financiera ya obligatoria; la autoridad laboral publicará resultados agregados desagregados por sector, tamaño, tipo de discapacidad y sexo.
  7. Enmienda 21: Se añade una cláusula de activación: si, a los seis meses de la entrada en vigor, no se aprueba la partida presupuestaria para el “Servicio de apoyo técnico a pymes”, todas las empresas de 50 o más trabajadores deberán diseñar y ejecutar un plan anual de formación en inclusión laboral y ajustes razonables con contenidos específicos (contratación inclusiva, ajustes razonables, accesibilidad digital, prevención de discriminación).
  8. Enmienda 22: Se crea una disposición adicional que financia, mediante partida presupuestaria estatal, un servicio gratuito de asesoramiento técnico a PYMES para la generación de entornos inclusivos, con criterios de asignación basados en población, número de empresas obligadas y situación del empleo con discapacidad en cada comunidad autónoma.
  9. Enmienda 23: Se añaden condiciones especiales de ejecución en los pliegos de contratación pública que obligan a incluir planes de accesibilidad, designar a una persona responsable, adaptar la documentación a formatos accesibles, establecer procedimientos de ajustes razonables con plazo máximo de diez días y prever indicadores de cumplimiento.
  10. Enmienda 24: Se establece, dentro de los 24 meses siguientes a la entrada en vigor, la obligación de que el Gobierno remita a las Cortes un informe de evaluación de impacto con indicadores detallados (cumplimiento por sector, calidad del empleo, recomendaciones normativas, etc.).
  11. Enmienda 25: Se introduce un artículo nuevo en la Ley de Empleo que prioriza la atención a personas con discapacidad en los servicios públicos de empleo, integra al personal de empleo en equipos multiprofesionales de discapacidad y define acciones positivas y recursos de financiación autonómica.
  12. Enmienda 26: Se modifica la Ley de Contratos del Sector Público para actualizar la normativa de presupuesto base de licitación, introducir desagregación de género y categoría profesional en los costes salariales y regular la revisión periódica de precios en contratos de obra, suministro de armamento, energía y otros, con entrada en vigor el 1 de enero 2027.
  13. Enmienda 27: Se crea, dentro de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, un nuevo capítulo “Empresas de empleo” (EDE) que regula la autorización, garantías financieras, obligación de destinar un porcentaje de la masa salarial a formación y el régimen de puesta a disposición de trabajadores, con efectos de reconocimiento de la antigüedad y de cómputo de representación sindical.
• Efecto: Estas enmiendas transforman el esquema sancionador, introduciendo plazos de regularización y atenuantes, y condicionan la exclusión de subvenciones a la efectividad de la regularización. Se refuerza la coordinación entre inspección estatal y autonómica, se garantiza la trazabilidad de las sanciones en la contratación pública y se dota de