Proposición de Ley para garantizar el derecho a la autonomía de la voluntad de los y las deportistas

Esta Proposición de Ley busca reformar la Ley del Deporte para garantizar la autonomía de la voluntad de los deportistas. El objetivo principal es convertir la obligación de asistir a las convocatorias de las selecciones nacionales en un derecho, permitiendo a los deportistas elegir libremente si desean participar o renunciar. Se proponen modificaciones clave en los artículos 22, 23, 51 y 104 de la Ley 39/2022. Con estos cambios, se eliminarán las sanciones asociadas a la no asistencia no justificada, equiparando el trato a todos los deportistas y respetando su decisión personal, sin perjuicio de la potestad de las federaciones para seleccionar a los integrantes de las selecciones.

Debate de toma en consideración de la Proposición de Ley para garantizar el derecho a la autonomía de la voluntad de los y las deportistas (122/000007)

El debate se centró en la proposición de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que busca eliminar la obligatoriedad de que los deportistas participen en las selecciones nacionales españolas, convirtiendo dicha participación en un derecho y no en un deber.

Argumentos a favor de la proposición (defendidos principalmente por ERC, Grupo Mixto, PNV, Euskal Herria Bildu, Junts per Catalunya y SUMAR):

• Derecho a la autonomía individual: Se argumentó que los deportistas deben tener la libertad de decidir si quieren o no representar a España, por motivos personales, ideológicos, de salud mental, familiares o profesionales.
• Voluntariedad y motivación: Se sostuvo que la participación voluntaria de deportistas motivados es más beneficiosa para el rendimiento deportivo que la participación obligada.
• Crítica al "nacionalismo español": Varios grupos señalaron que la obligatoriedad responde a un afán de imponer la identidad española y que España, junto con Chipre, es uno de los pocos países que mantiene esta exigencia.
• Casos de deportistas que se han negado a participar: Se mencionaron ejemplos de deportistas que han rechazado convocatorias por motivos ideológicos o personales, y se cuestionó la falta de aplicación de sanciones o la arbitrariedad en su imposición.
• Situación de las deportistas de fútbol femenino: Se hizo hincapié en los recientes acontecimientos relacionados con la selección femenina, el caso Rubiales y la presión sufrida por las jugadoras, argumentando que la ley actual no garantiza un entorno seguro.
• Reconocimiento de la plurinacionalidad: Algunos grupos vincularon la proposición con el reconocimiento de las distintas naciones y nacionalidades del Estado español, abogando por el derecho a competir con selecciones propias.
• Incoherencia legal: Se señaló la contradicción de obligar a los deportistas a representar a España cuando no se sienten protegidos o identificados, y se criticó el endurecimiento de las sanciones en la Ley del Deporte de 2022.

Argumentos en contra de la proposición (defendidos principalmente por el Partido Popular y, con matices, por el Partido Socialista):

• Demagogia y contradicciones de ERC: El Partido Popular acusó a ERC de presentar una proposición demagógica, recordando que votaron a favor de la Ley del Deporte de 2022 que, según ellos, endurecía las sanciones, y que en Cataluña existe la obligatoriedad de acudir a selecciones autonómicas.
• Financiación pública y deber: Se argumentó que los deportistas que reciben ayudas públicas y becas tienen un deber de representar a España, y que su negativa supone un perjuicio para el interés general y la inversión pública.
• Privilegio, no deber: Se defendió que ser seleccionado para representar a España es un privilegio y un reconocimiento a la trayectoria del deportista, no una obligación.
• Unidad del deporte español: Se expresó preocupación por que la proposición pueda fragmentar el deporte español y debilitar la unidad nacional.
• Crítica a la politización del deporte: Se acusó a los proponentes de intentar politizar el deporte y de utilizar la proposición para fines independentistas.
• Gestión del deporte y caso Rubiales (PP y PSOE): El PP criticó la gestión del deporte por parte del gobierno socialista y vinculó el caso Rubiales a la protección política. El PSOE, por su parte, defendió la actuación de las jugadoras y la negociación, diferenciando su caso de la obligatoriedad general.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Acuerdo en la toma en consideración: La proposición de ley fue aprobada en su toma en consideración por 177 votos a favor frente a 169 en contra. Esto significa que el Congreso de los Diputados ha decidido que la proposición sea debatida y tramitada en profundidad.
• Desacuerdo generalizado en los argumentos de fondo: Existió un claro desacuerdo entre los grupos sobre la naturaleza de la participación en las selecciones (derecho vs. deber), las razones de la obligatoriedad y las implicaciones de la Ley del Deporte de 2022.
• Matices del Grupo Plurinacional SUMAR: Si bien votaron a favor de la toma en consideración, expresaron dudas sobre la simplicidad con la que la proposición abordaba un problema complejo, señalando la cuestión de las ayudas públicas y la obligatoriedad en las selecciones autonómicas como puntos a mejorar.
• Críticas cruzadas: Hubo fuertes críticas entre los grupos, especialmente entre ERC y el PP, sobre la coherencia de sus posturas y la politización del debate. El PSOE defendió su gestión y la importancia de la lucha feminista, diferenciando el caso de las jugadoras de la obligatoriedad general.

En resumen, la proposición de ley para garantizar el derecho a la autonomía de la voluntad de los y las deportistas ha superado su primer trámite parlamentario, abriendo la puerta a un debate más profundo sobre la obligatoriedad de representar a España en competiciones deportivas.

La Proposición de Ley para garantizar el derecho a la autonomía de la voluntad de los y las deportistas ha sido admitida a trámite, y su autor es el Grupo Parlamentario Republicano.

La Proposición de Ley para garantizar el derecho a la autonomía de los deportistas ha sido aceptada para su tramitación. Ahora, una comisión especializada estudiará la propuesta y se abrirá un plazo para que los diputados y grupos parlamentarios presenten sus propuestas de mejora.