Proposición no de Ley relativa al desarrollo de políticas de igualdad en el ámbito de la Administración de Justicia e impulsar la participación en formación en materia de igualdad y violencia de género

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición no de Ley solicita al Gobierno que refuerce las políticas de igualdad y la prevención de la violencia de género dentro de la Administración de Justicia. Propone, entre otras cosas, ampliar la formación continua de jueces, fiscales y demás personal judicial en materia de igualdad y violencia de género, para que la perspectiva de género quede integrada en la actuación jurisdiccional.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 9 de diciembre de 2025: La proposición fue presentada oficialmente por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
• 10 de diciembre de 2025: En el Diario de sesiones de la Comisión de Justicia no se registró ninguna mención adicional a la proposición, lo que indica que, al menos en esa fecha, no se había abierto un debate, se habían presentado enmiendas ni se había llevado a cabo votación alguna.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
Hasta la fecha de los documentos disponibles no existen registros de votaciones, mayorías, abstenciones ni de la posición de los demás grupos parlamentarios. Por tanto, no se dispone de datos sobre apoyos o rechazos.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La proposición se encuentra todavía en fase de presentación. No ha sido debatida ni votada en comisión ni en el Pleno, por lo que sigue en trámite sin haber sido aprobada, rechazada, archivada o retirada.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
Al estar recién presentada, la iniciativa debe pasar por las etapas habituales: ser remitida a la comisión competente (en este caso la Comisión de Justicia), ser objeto de debate y posible enmienda, y posteriormente ser votada en el Pleno. Si el Pleno la aprueba, la proposición no de Ley se remitirá al Gobierno, que podrá tomarla como base para elaborar o modificar normativa o planes de acción en materia de igualdad y violencia de género dentro del ámbito judicial. En caso de que no avance, la propuesta quedará sin efecto.