Proposición no de Ley relativa al desarrollo de políticas de igualdad en el ámbito de la Administración de Justicia e impulsar la participación en formación en materia de igualdad y violencia de género

1. De qué trata la iniciativa
La proposición no de Ley solicita al Gobierno que refuerce las políticas de igualdad y la prevención de la violencia de género dentro de la Administración de Justicia. Propone, entre otras cosas, ampliar la formación continua de jueces, fiscales y demás personal judicial en materia de igualdad y violencia de género, para que la perspectiva de género quede integrada en la actuación jurisdiccional.

2. Qué ha ocurrido en su trámite

• Presentación: La iniciativa fue presentada el 9 de diciembre de 2025 por el Grupo Parlamentario Socialista.
• Publicación: Ese mismo día se incluyó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con el resumen antes descrito.
• Derivación a comisión: El 10 de diciembre de 2025 se remitió a la Comisión de Justicia, aunque el extracto del Diario de sesiones de esa fecha indica que la proposición no fue mencionada en la agenda de la comisión.
• No se registran debates, enmiendas, votaciones ni acuerdos posteriores en los documentos facilitados.

3. Qué apoyos y rechazos recibió
En los documentos consultados no aparecen resultados de votaciones, mayorías, abstenciones ni la posición de partidos o grupos parlamentarios más allá de la presentación por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, no se dispone de datos sobre apoyos o rechazos.

4. Estado actual de la iniciativa
Al no constar ninguna votación, acuerdo o resolución en los registros citados, la proposición sigue sin haber concluido su tramitación. Formalmente permanece en trámite dentro de la Comisión de Justicia.

5. Importancia del resultado dentro del proceso legislativo
Mientras la proposición no de Ley no sea aprobada por la comisión y posteriormente por el Pleno del Congreso, no genera obligación para el Gobierno. Si en el futuro se aprueba, el Gobierno tendría la obligación de presentar un informe sobre las medidas que adoptará para cumplir con las recomendaciones planteadas. En caso de que la iniciativa sea archivada o rechazada, quedaría sin efecto y no influiría en la normativa vigente. Actualmente, al estar aún en trámite, la propuesta sigue siendo una solicitud de política pública que depende de la decisión posterior del Congreso.