Proposición no de Ley relativa a la cesión de las viviendas propiedad de ADIF en Ribadavia para ser destinadas a alquiler social

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición solicita al Gobierno la cesión de 12 viviendas que son propiedad de ADIF en el municipio de Ribadavia (provincia de Ourense) a la Xunta de Galicia. Una vez transferidas, las viviendas serían rehabilitadas y gestionadas por el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS) para incorporarse al parque público de alquiler social, con el objetivo de atender la escasez de vivienda, facilitar la emancipación de jóvenes, ayudar a familias vulnerables y contrarrestar la despoblación del municipio.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• Presentación: La proposición fue presentada el 17 de marzo de 2026 por el Grupo Parlamentario Mixto a instancia del Bloque Nacionalista Galego (BNG).
• Etapa inicial: Con la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, la iniciativa quedó oficialmente registrada y puesta a disposición de la Mesa del Congreso para su inclusión en el orden del día.
• Hasta la fecha de los documentos proporcionados, no se ha registrado debate en comisión, enmiendas, votaciones ni acuerdos posteriores.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
En el material disponible no aparecen resultados de votaciones, mayorías, abstenciones ni la posición de los grupos parlamentarios. Por tanto, no se pueden cuantificar apoyos ni rechazos.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La proposición se encuentra en fase de tramitación inicial: ha sido presentada y publicada, pero aún no ha sido debatida ni votada en comisión ni en el Pleno del Congreso. Por tanto, sigue en trámite.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
Al estar todavía en la fase de presentación, la iniciativa debe pasar por las siguientes etapas habituales: asignación a una comisión competente, posible emisión de informes, debate y votación en comisión y, posteriormente, en el Pleno del Congreso. Si fuera aprobada en ambas cámaras, el Gobierno tendría la obligación de gestionar la cesión de los inmuebles a la Xunta, lo que permitiría su rehabilitación y puesta en alquiler social. En caso de ser rechazada o archivada, la transferencia no se llevaría a cabo. Actualmente, la proposición aún no ha generado un efecto legislativo concreto.