Proposición no de Ley relativa a la prohibición de contratación pública con la empresa Acciona y empresas de su grupo

Número de expendiente: - Ver iniciativa original
Tipo: Proposición no de Ley ante el Pleno
Fechas: Presentado el 19/11/2025 , calificado el 25/11/2025
Autor: Grupo Parlamentario Mixto
Estado Actual: Pleno
Tramitación seguida por la iniciativa: Boletín Oficial de las Cortes Generales Publicación desde 25/11/2025 hasta 28/11/2025
Pleno desde 28/11/2025
Fecha de actualización: 28/11/2025

Resumen

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La iniciativa propone prohibir la contratación pública con la empresa Acciona y sus filiales. El objetivo es luchar contra la corrupción en la adjudicación de obras públicas, ante indicios de que la empresa y otras entidades habrían participado en concertaciones para obtener contratos mediante pagos indebidos. Se solicita al Gobierno que prohíba de forma cautelar y definitiva la contratación con estas empresas, así como la rescisión de los contratos públicos vigentes.

La proposición fue presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en su fase inicial de presentación.

El resultado de esta iniciativa determinará si el Gobierno debe implementar medidas para prohibir la contratación pública con Acciona y sus filiales, lo que podría tener implicaciones en los contratos públicos existentes y futuros.

Documentos

Publicaciones del 28/11/2025

Iniciativa

BOCG

Ver boletín original Núm. D-441 de 28/11/2025 Contenido generado por IA

Esta Proposición no de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, insta al Gobierno a prohibir la contratación pública con la empresa Acciona y sus filiales. La iniciativa surge tras conocerse indicios de corrupción vinculados a adjudicaciones de obra pública, donde Acciona y otras entidades habrían participado en concertaciones para obtener contratos mediante pagos indebidos. Se propone la prohibición tanto cautelar, mientras persistan los indicios judiciales, como definitiva, además de la rescisión de los contratos públicos actualmente vigentes con dichas empresas. El objetivo es reforzar la lucha contra la corrupción en la contratación pública, impidiendo que empresas investigadas o condenadas se beneficien de fondos estatales y enviando un mensaje claro de que la corrupción no debe ser rentable.