Recurso de inconstitucionalidad número 3001/2026, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el apartado Uno del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 5/2025, de 2l de julio, de medidas fiscales de apoyo al medio rural, en cuanto dota de contenido al apartado 8 del artículo 32 de la Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos

1. ¿De qué trata la iniciativa?
El recurso de inconstitucionalidad 3001/2026, presentado por el Presidente del Gobierno, impugnaba el apartado 1 del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 5/2025, de 21 de julio, que introducía una deducción autonómica en el IRPF destinada a favorecer al medio rural.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?
- 21 de julio 2025: publicación de la Ley 5/2025 de La Rioja con la deducción fiscal.
- Posteriormente, el Gobierno interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra el mencionado apartado.
- El recurso fue admitido y remitido al Tribunal Constitucional.
- 22 de septiembre 2026: el Tribunal Constitucional dictó sentencia estimando el recurso y declarando la inconstitucionalidad y nulidad del apartado impugnado.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
No hubo votaciones parlamentarias; la decisión corresponde al Tribunal Constitucional, que falló a favor del recurso (aprobación de la impugnación) y en contra de la disposición legal impugnada. No existen abstenciones ni votaciones de partidos en este procedimiento.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La iniciativa quedó concluida con la sentencia del Tribunal Constitucional del 22 de septiembre 2026, que declaró nula la deducción fiscal de la Ley 5/2025. La norma impugnada queda sin efecto.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
Al ser declarada inconstitucional, la disposición desaparece del ordenamiento jurídico de La Rioja. La medida fiscal de apoyo al medio rural ya no es aplicable y la comunidad autónoma deberá ajustar su normativa tributaria. El fallo no genera un nuevo proyecto de ley, pero obliga a la administración riojana a modificar la legislación para cumplir con la Constitución.