Solicitud de comparecencia del Presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, para dar cuenta de la gestión de los más de 111 millones de euros de fondos europeos destinados a la modernización de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla y de los criterios seguidos para decidir las actuaciones financiadas con dichos recursos y del grado de ejecución de estas, así como de las razones por las que determinados tramos, incluido aquel en el que se produjo el accidente de Adamuz, no fueron objeto de intervención prioritaria

Resumen de la comparecencia (expediente 212/000814) – Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible (24 mar 2026)

Tipo de documento: Celebración (comparecencia del presidente de ADIF).

---

1. Objetivo de la comparecencia

El Grupo Parlamentario VOX solicitó al presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, que informara sobre:

• la gestión de los más de 111 millones de euros de fondos europeos destinados a la modernización de la línea de alta velocidad Madrid‑Sevilla;
• los criterios que se siguieron para decidir qué actuaciones se financiaron;
• el grado de ejecución de esas obras; y
• las razones por las que determinados tramos –entre ellos el que incluye el accidente de Adamuz – no fueron objeto de intervención prioritaria.

---

2. Argumentos presentados

Grupo / Interventor	Argumentos a favor de la gestión de ADIF	Argumentos en contra / críticas
Presidente de ADIF (Marco de la Peña)	• Asegura que los fondos europeos se han destinado a 24 proyectos de renovación (traviesas, carriles, etc.) y que el dinero está “en la obra”. • Ha remitido más de 100 requerimientos de información a la CIAF, la Guardia Civil, el juzgado y la Fiscalía Europea, cumpliendo con la normativa de transparencia exigida por la Ley de Movilidad Sostenible. • Explica que la no priorización del tramo de Adamuz responde a criterios técnicos y de planificación acordados con el Ministerio de Transportes; el tramo no estaba incluido en la fase de ejecución prevista. • Señala que la ejecución de las obras está en marcha y que el presupuesto de mantenimiento ha aumentado significativamente en los últimos años.	• No se ha detallado públicamente qué obras concretas se han financiado con los 111 M €, ni el porcentaje de avance de cada una. • No se ha explicado por qué el tramo de Adamuz, pese a los avisos de los maquinistas y a los informes de riesgo (Ineco), quedó fuera de la intervención prioritaria. • La información sobre la remoción de material de la zona del accidente y la supuesta falta de autorización judicial ha sido objeto de debate, aunque ADIF sostiene que actuó bajo autorización tácita y bajo supervisión de la jueza.
VOX (Sra. Mejías Sánchez)	–	• Acusa a ADIF de desviar o malversar los fondos europeos, alegando que gran parte del dinero se ha gastado en “elementos ajenos a la vía”. • Señala que advertencias de maquinistas y un informe de Ineco (riesgo de soldaduras defectuosas) fueron ignorados. • Reclama que ADIF sustrajo material de la zona del accidente sin autorización y que ocultó pruebas, lo que constituiría una obstrucción a la justicia. • Exige la dimisión del presidente de ADIF y la asunción de responsabilidades políticas.
Grupo Popular (Sra. Palencia Rubio)	–	• Critica el retraso de 65 días entre el accidente (18 ene 2026) y la comparecencia, considerándolo un “escándalo”. • Reitera que ADIF no ha respondido a preguntas clave sobre la gestión de los fondos, la ejecución de obras y la transparencia de los documentos (auscultaciones, soldaduras). • Asegura que la jueza ha advertido sobre intervenciones sin autorización y que ADIF ha sido apercibido por ello. • Demanda que se asuman responsabilidades y que el presidente dimita.
Otros grupos (Mixto, Vasco, Bildu, Junts, etc.)	–	• Preguntan sobre limitaciones de velocidad, estado de la infraestructura y planificación de obras en sus territorios, pero no centran sus preguntas en la gestión de los fondos europeos. • Algunos solicitan información más detallada (por ejemplo, fechas de finalización de obras, criterios de priorización) y piden mayor transparencia.

---

3. Acuerdos, desacuerdos y matices

• Desacuerdo general entre ADIF y los grupos de oposición (VOX y Popular) sobre la transparencia y el uso de los fondos.
• Los grupos regionalistas y mixtos no se alinean claramente con ninguna de las partes; sus intervenciones buscan aclaraciones técnicas y no expresan una posición firme sobre la gestión de los 111 M €.
• No se alcanzó consenso ni acuerdo sobre la necesidad de dimitir al presidente de ADIF ni sobre la existencia de irregularidades probadas; la comisión quedó con posturas contrapuestas y con la promesa de ADIF de proporcionar información adicional por escrito.
• Se observó matiz en la defensa de ADIF: el presidente admitió que la jueza había requerido ciertos informes y que hubo cambios de juez, lo que complicó la coordinación, pero sostuvo que todas las actuaciones fueron legales y documentadas.

---

4. Conclusiones clave para la ciudadanía

• Fondos europeos: más de 111 millones de euros fueron asignados a la modernización de la línea AV Madrid‑Sevilla; ADIF afirma que el dinero se está empleando en 24 proyectos de renovación.
• Criterios de priorización: la comisión de ADIF explicó que la selección de tramos se basó en criterios técnicos y de planificación; el tramo de Adamuz no estaba incluido en la fase prioritaria, aunque existen reclamos de los maquinistas y de peritos que piden una revisión.
• Transparencia: ADIF ha entregado información a las autoridades judiciales y a la Fiscalía Europea, pero los grupos de oposición demandan más detalle público y denuncian posibles irregularidades (remoción de material, falta de autorización judicial).
• Responsabilidad política: VOX y el Grupo Popular exigen la dimisión del presidente y la asunción de responsabilidades, mientras que ADIF defiende que está cumpliendo con sus obligaciones legales y que la investigación judicial determinará cualquier posible culpa.

En resumen, la comparecencia sirvió para que ADIF presentara su versión sobre la gestión de los fondos europeos y la priorización de obras, mientras que varios grupos parlamentarios cuestionaron la transparencia, la ejecución y la responsabilidad de la entidad, sin que se haya alcanzado un acuerdo definitivo.