Proposición no de Ley sobre la creación de mecanismos de control y rendición de cuentas por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición del Grupo Parlamentario Republicano solicita al Gobierno que, en los próximos seis meses, elabore un informe para crear una autoridad independiente que supervise la conducta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La iniciativa propone:

• La creación de un organismo autónomo, alineado con los estándares de la ONU, que controle y rinda cuentas de ambas fuerzas.
• Un mecanismo externo especializado para investigar las actuaciones policiales más graves, con plena autonomía y recursos suficientes.
• Mayor transparencia mediante la publicación periódica de datos sobre quejas, protocolos, sanciones y uso de la fuerza, así como la revisión de los protocolos de identificación visible de los agentes.
• La condición de que estas medidas se acompañen de una reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como “ley mordaza”) para garantizar un modelo de seguridad democrática y garantista.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 30 de junio de 2026: Publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del resumen de la iniciativa.
• Hasta la fecha, no se ha registrado la apertura formal del procedimiento legislativo (derivación a comisión, debates, enmiendas o votaciones).

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?

• No existen datos de votaciones, mayorías, abstenciones ni registros de apoyo o rechazo por parte de partidos o grupos parlamentarios.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?

• La iniciativa se encuentra en fase de presentación y difusión. No ha sido remitida a comisión, ni ha sido debatida ni votada en el pleno.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?

• Al estar aún en la fase de presentación, la iniciativa debe ser remitida a la comisión competente (probablemente la Comisión de Interior) para su estudio. Si la comisión la admite, se abrirá el proceso de debate, posible enmienda y votación en el pleno. En caso de ser aprobada, el Gobierno tendría el mandato de elaborar el informe y, posteriormente, podría presentar una proposición de ley o decreto que establezca los mecanismos de control y rendición de cuentas propuestos. Mientras tanto, la iniciativa no tiene efectos legislativos ni genera cambios en la normativa vigente.