Proposición no de Ley sobre el impacto territorial del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea

La proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano solicita al Gobierno español que, en las negociaciones del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028‑2034, defienda la descentralización y el papel de la Generalitat de Cataluña en la gestión de fondos europeos. Se pide oponerse a la recentralización, mantener los recursos de la PAC y la política de cohesión, impulsar un presupuesto ambicioso con recursos verdes, evitar desvíos a gasto militar, garantizar la condicionalidad del Estado de derecho y derechos LGTBI+, y atender a los territorios insulares. Además, se exige comparecer ante la comisión parlamentaria y mantener informada al Congreso sobre el proceso negociador.

Resumen de la Proposición no de Ley 161/003453
“Impacto territorial del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea”
(Comisión de Política Territorial – Sesión del 17 de junio 2026)

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1. Argumentos a favor

Grupo que los defendió	Principales argumentos
Grupo Parlamentario Republicano (portavoz Jordà)	• El nuevo marco financiero 2028‑2034 de la UE debe aplicarse desde los territorios (comunidades autónomas, ayuntamientos) y no desde un único plan estatal, para que la gestión sea más cercana a la ciudadanía. • Defiende los principios de subsidiariedad (las decisiones deben tomarse en el nivel más próximo al ciudadano) y de gobernanza multinivel (cooperación entre Estado, regiones y municipios). • Señala que el presupuesto europeo incluye más de 4 400 M€ de la Política Agraria Común (PAC), fondos FEDER, Fondo Social Europeo, etc., y que Cataluña ha demostrado saber utilizarlos; por eso la propuesta pide que esos recursos sigan gestionándose por las administraciones territoriales. • Pide que el Gobierno español defienda en el Consejo de la UE un presupuesto más ambicioso, que mantenga la PAC y las políticas de cohesión, que no se desvíen a gastos militares y que la condición de Estado de Derecho siga vigente.
Grupo Parlamentario Socialista (portavoz Gómez)	• Reitera que el marco financiero es clave para responder a retos como la transición ecológica, la competitividad y la cohesión territorial. • Destaca el papel de España en la fase “Next Generation” y la necesidad de seguir movilizando fondos europeos para agricultura, investigación, digitalización y empleo. • Apoya la gobernanza multinivel y la participación de comunidades autónomas y entes locales en la ejecución de los programas europeos.
Acuerdo transaccional	• Se alcanzó un acuerdo entre el Grupo Republicano y el Grupo Socialista (la “transaccional”) que incorporó la posición conjunta y permitió la votación del texto.

2. Argumentos en contra

Grupo que los defendió	Principales argumentos
Grupo Parlamentario Popular (portavoz Ibáñez)	• Asegura que la propuesta está orientada a la agenda independentista de Esquerra Republicana, pues menciona solo a la Generalitat de Cataluña y utiliza el término “països catalans”, excluyendo al resto de comunidades y municipios. • Considera que el texto es parcial y territorialmente sesgado, y que usaría el presupuesto europeo para reforzar un relato separatista en lugar de defender los intereses de toda España. • Defiende una posición europea que incluya a todas las comunidades autónomas y municipios por igual, sin privilegios para una sola región.
Grupo Parlamentario VOX (portavoces Mejías y Campos)	• Sostiene que la iniciativa fortalece el poder de la Generalitat y debilita al Estado español, convirtiendo fondos europeos en herramienta del separatismo. • Critica que la propuesta incluye nuevos impuestos y condiciona la financiación a agendas climáticas e identitarias, lo que, según ellos, aumentaría la carga fiscal y perjudicaría al sector primario. • Rechaza la idea de reducir el gasto militar y advierte que la medida debilita la defensa y la seguridad de Europa.
Observación de Cervera (Grupo Popular)	• Señala que la transaccional acordada eliminó el punto 2 (comparecencia en comisión), lo que le parece sorprendente para un gobierno que se autodenomina “transparent”.

3. Resultado de la votación

• Votos emitidos: 36
• A favor: 19
• En contra: 17

La proposición fue aprobada.

4. Conclusiones clave

• Acuerdo parcial: Los grupos Republicano y Socialista coincidieron en la necesidad de una gestión territorial de los fondos europeos y firmaron una transaccional que permitió la votación.
• Desacuerdo estructural: Los grupos Popular y VOX se opusieron porque consideraron que el texto favorece a Cataluña y a la agenda separatista, y que introduce condiciones ideológicas y fiscales que podrían perjudicar a España en su conjunto.
• Resultado: A pesar de la oposición, la mayoría de los diputados votó a favor y la proposición quedó aprobada.

(Este resumen se basa exclusivamente en la información contenida en el fragmento del Diario de Sesiones proporcionado.)

Enmienda de la Comisión de Política Territorial

• Objeto: Sustituye y amplía el texto de la proposición original sobre el impacto territorial del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028‑2034, modificando varios párrafos y añadiendo nuevas exigencias al Gobierno español.

• Modificación(es):

  1. Redacción de los principios y referencia a los planes de asociación:
     • Cambia la referencia a los “Planes de Asociación Nacionales y Regionales de la Comisión Europea” por una formulación más genérica que enfatiza la defensa de la importancia de las comunidades autónomas en la gestión de fondos vinculados a la PAC, la política de cohesión (FEDER y FSE+) y el “Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura”.
  2. Financiación mínima garantizada:
     • Introduce la cláusula “con financiación específica en ningún caso por debajo del período 2021‑2027”, que no aparecía en la propuesta original.
  3. Objetivo de gasto del presupuesto europeo:
     • Sustituye la referencia implícita a un presupuesto “ambicioso” por un objetivo cuantificado: “alcanzando el 2 % del PIB de la Unión Europea”.
  4. Nuevas áreas de inversión y mecanismos financieros:
     • Añade la necesidad de “impulsar financiación de inversiones estratégicas en áreas clave como las interconexiones energéticas, la seguridad, la ciencia y la tecnología”.
     • Propone “defender la creación de un mecanismo de deuda conjunta para respaldar estas inversiones y la extensión de la refinanciación de la deuda de los fondos Next Generation EU por diez años adicionales”.
  5. Condicionalidad y derechos:
     • Mantiene la exigencia de condicionar el MFP al cumplimiento del Estado de derecho y los derechos LGTBI+, pero la reformula de forma más directa.
  6. Territorios insulares:
     • Reitera la necesidad de considerar la situación particular de los territorios insulares, reservando dotaciones financieras y estableciendo criterios de elegibilidad específicos, sin cambios sustanciales respecto al texto original.

• Efecto: La enmienda refuerza y amplía la posición del Congreso al:

  • Establecer de forma explícita un objetivo de gasto del 2 % del PIB, lo que eleva la ambición presupuestaria respecto a la propuesta original.
  • Garantizar una financiación mínima para la PAC y la política de cohesión, evitando retrocesos respecto al periodo 2021‑2027.
  • Introducir nuevos instrumentos financieros (mecanismo de deuda conjunta y extensión de la refinanciación del NG‑EU) y áreas de inversión estratégica, ampliando el alcance de la solicitud más allá de la mera defensa territorial.
  • Mantener la defensa de la subsidiariedad y la condicionalidad en derechos humanos, reforzando la postura del Congreso contra la recentralización de fondos.

Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

Tras la incorporación de la enmienda de la Comisión de Política Territorial, la proposición original se transforma en una solicitud más detallada y ambiciosa dirigida al Gobierno español. Se mantiene la defensa de la subsidiariedad y la gobernanza multinivel, pero se especifica que el presupuesto europeo debe alcanzar al menos el 2 % del PIB de la UE, con financiación garantizada para la PAC y la política de cohesión al nivel del periodo 2021‑2027. Además, se añaden exigencias para crear un mecanismo de deuda conjunta, prolongar la refinanciación del Next Generation EU y financiar inversiones estratégicas en energía, seguridad, ciencia y tecnología. La condicionalidad del MFP al respeto del Estado de derecho y los derechos LGTBI+ se conserva, al igual que la atención a los territorios insulares. En conjunto, la iniciativa revisada amplía el alcance de la petición, incorpora nuevos instrumentos financieros y refuerza la posición del Congreso contra la recentralización de fondos europeos.

La Comisión de Política Territorial aprobó, con modificaciones, la Proposición no de Ley que el Grupo Parlamentario Republicano presentó el 26 de mayo de 2026 sobre el impacto territorial del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028‑2034 de la UE. La propuesta insta al Gobierno a:

• Mantener y reforzar la participación de las comunidades autónomas en la gestión de los fondos europeos vinculados a la PAC, la política de cohesión (FEDER y FSE+) y el Fondo Europeo Marítimo, Pesca y Acuicultura.
• Garantizar que la financiación de la PAC y la política de cohesión no sea inferior a la del periodo 2021‑2027.
• Apuntar a un presupuesto europeo del 2 % del PIB, alineado con la fiscalidad verde, la progresividad y la lucha contra el cambio climático.
• Oponerse a recortes en la PAC y la política de cohesión, y promover inversiones estratégicas en interconexiones energéticas, seguridad, ciencia y tecnología.
• Crear un mecanismo de deuda conjunta para financiar esas inversiones y ampliar la refinanciación de la deuda del fondo Next Generation EU en diez años más.
• Condicionar el MFP al cumplimiento estricto del Estado de Derecho y al respeto de los derechos LGTBI+.
• Tener en cuenta la situación específica de los territorios insulares, reservando dotaciones y estableciendo criterios de elegibilidad propios.

En la votación se presentaron una enmienda y una enmienda transaccional (incluida la del Grupo Socialist), que fueron incorporadas al texto final. Con la aprobación de la comisión, el documento se publica conforme al artículo 97 del Reglamento de la Cámara y queda remitido al Pleno del Congreso para su debate y votación definitiva.