Recurso de inconstitucionalidad número 6562/2024, promovido por la Asamblea Regional de Murcia, contra la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, concede una amnistía destinada a facilitar la normalización institucional, política y social en Cataluña, con el objetivo de resolver los conflictos derivados del proceso independentista.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 10 junio 2024: Aprobación de la Ley Orgánica 1/2024 por el Congreso de los Diputados y el Senado.
• 21 diciembre 2024: La Asamblea Regional de Murcia presenta un recurso de inconstitucionalidad (n.º 6562/2024) ante el Tribunal Constitucional, alegando vulneraciones constitucionales. El recurso es defendido por el Congreso, el Senado y el Gobierno.
• 16 diciembre 2025: El Tribunal Constitucional dicta sentencia. Declara pérdida sobrevenida de objeto de los artículos 1.1 y 1.3, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 1/2024, y desestima el resto del recurso, manteniendo la validez de la norma.
• 30 enero 2026: Publicación de la sentencia en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en el Boletín Oficial del Estado, quedando firme y ejecutable.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
En la fase judicial no hubo votaciones parlamentarias; la decisión se tomó por mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional. El recurso fue parcialmente desestimado (rechazo de la mayor parte de la impugnación) y parcialmente aceptado (pérdida de objeto de dos preceptos).

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La Ley Orgánica 1/2024 sigue vigente, excepto por los artículos 1.1 y 1.3, párrafo segundo, que han quedado sin efecto práctico tras la sentencia. No ha sido modificada ni anulada.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
La sentencia confirma la constitucionalidad de la mayor parte de la ley de amnistía, permitiendo que siga aplicándose para la normalización en Cataluña. Sólo los preceptos declarados sin objeto quedan inoperantes, sin que ello implique una reforma legislativa adicional. El resultado cierra la vía judicial contra la norma y mantiene su efecto dentro del marco legal español.