Proposición de Ley de modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal

La presente Proposición de Ley busca modernizar la normativa de propiedad horizontal introduciendo la digitalización de sus procesos. Propone que las juntas de propietarios puedan celebrarse por videoconferencia, que las notificaciones se realicen a través de un domicilio electrónico y que los acuerdos queden registrados en un Libro de Actas digital con garantía jurídica. Estas medidas responden al aumento de la gestión comunitaria, al impulso de la rehabilitación y a la necesidad de adaptar la legislación a la era digital, asegurando eficiencia y seguridad jurídica.

Resumen del debate de toma en consideración – Proposición de Ley de modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (expediente 122/000240)

Tipo de documento: Debate de toma en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados.

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1. Argumentos a favor (grupos que defendieron la iniciativa)

Grupo / Interventor	Principales argumentos a favor
Grupo Parlamentario Popular (PP) – portavoz Nor­iega Gómez	- La pandemia mostró la necesidad de poder celebrar juntas de propietarios por videoconferencia. - La normativa actual impide el uso de medios electrónicos para notificaciones y para el libro de actas, lo que dificulta la participación de propietarios que no pueden acudir presencialmente (personas mayores, discapacitadas, que viven fuera del edificio). - La reforma moderniza la gestión de la comunidad, reduce costes (menos papel, menos desplazamientos) y mejora la seguridad jurídica.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ PNV) – Legarda Uriarte	- Coincide con la necesidad de digitalizar, pero pide que la posibilidad de videoconferencia quede sujeta a garantías (p.ej. que la comunidad lo haya acordado previamente) y a una regulación que respete la diversidad de comunidades.
Grupo Parlamentario Republicano – Estrems Fayos	- La propuesta es “muy sencilla”: solo tres cambios (videoconferencias, libro de actas digital y notificaciones electrónicas). - Considera que la reforma es una mejora administrativa necesaria y que podría haberse incluido como anexo a otra norma.
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR – Ibáñez Mezquita	- Apoya la modernización y la accesibilidad, subrayando que la iniciativa ya ha sido aprobada en el Senado y que el Congreso debe dar el paso final.
Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) – Mayoral Pérez	- Señala que la misma proposición ya fue debatida y aprobada en el Senado, por lo que el Congreso solo necesita ratificarla. - Destaca que la reforma aporta “más agilidad y eficiencia” a la vida de los propietarios y que la digitalización es una respuesta a la brecha digital.
Grupo Parlamentario Mixto – Velarde Gómez	- Apoya la iniciativa porque facilita la participación de los vecinos y evita que la cita previa sea un obstáculo para la asistencia a la junta.
Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu – Iñarritu García	- Manifiesta su apoyo al texto, considerándolo una medida razonable y útil.
Grupo Parlamentario Popular (PP) – Bermúdez de Castro Fernández (aunque más crítico)	- En su intervención final critica la iniciativa como “privilegio”, pero no vota en contra; su postura no impide la aprobación.

Matiz: varios grupos (Vasco, Republicano, Socialista) aceptan la reforma pero piden que se incluyan garantías técnicas y que se respete la normativa autonómica (especialmente en el caso del País Vasco y Cataluña).

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2. Argumentos en contra (grupos que se opusieron o expresaron reservas)

Grupo / Interventor	Principales argumentos en contra
Grupo Parlamentario Popular (PP) – Bermúdez de Castro Fernández	- Califica la iniciativa como “una reforma de conveniencia” que busca privilegios para el PP y no responde a los problemas reales de vivienda (desahucios, falta de viviendas asequibles, etc.). - Considera que la reforma es innecesaria y que el texto debería quedar fuera del BOE.
Junts per Catalunya – Madrenas i Mir	- Argumenta que la normativa ya está regulada por el Código Civil catalán, por lo que la iniciativa “invade” competencias autonómicas. - Critica la redacción por ser demasiado genérica y por no establecer límites claros (p.ej. quién controla la videoconferencia, cómo se garantiza la seguridad jurídica). - Rechaza la propuesta por considerarla una “ley centralista” que vulnera la autonomía de Cataluña.
Grupo Parlamentario Popular (PP) – Bermúdez de Castro Fernández (también en contra)	- Sostiene que la reforma es una maniobra para obtener “privilegios” y que el PP debería centrarse en solucionar la crisis de vivienda, no en modificar la Ley de Propiedad Horizontal.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ PNV) – Legarda Uriarte (aunque vota a favor)	- Señala la falta de garantías para la videoconferencia y la necesidad de que la normativa sea modulable según la comunidad.
Grupo Parlamentario Republicano – Granollers Cunillera (denegación de intervención)	- No se pronunció a favor; su ausencia indica una postura no favorable.

Matiz: la oposición no se centra en el contenido técnico, sino en la cuestión de competencias (especialmente Cataluña) y en la percepción de que la iniciativa persigue intereses partidistas más que una solución a los problemas de vivienda.

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3. Resultado de la votación y consenso

• Votos a favor: 306
• Votos en contra: 33
• Abstenciones: 10

Conclusión: la propuesta fue aprobada con una amplia mayoría. La mayor parte de los grupos parlamentarios (PP, PSOE, PNV, Bildu, SUMAR, Republicanos, Mixto) apoyaron la reforma, aunque varios expresaron reservas sobre la redacción y la necesidad de respetar competencias autonómicas. La oposición quedó limitada a Junts per Catalunya y a la crítica interna del propio PP, que no logró impedir la aprobación.

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Resumen breve para la ciudadanía:
El Congreso aprobó una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que permite que las juntas de propietarios se celebren por videoconferencia, que las notificaciones puedan enviarse por correo electrónico y que el libro de actas sea digital. La mayoría de los partidos considera que la medida moderniza la gestión de los edificios y facilita la participación de los vecinos, mientras que algunos críticos (principalmente Junts) la ven como una intromisión en la normativa autonómica y como una maniobra política sin impacto real en los problemas de vivienda. La reforma entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado.

La iniciativa ha sido admitida y el autor es el Grupo Parlamentario Popular.

Se ha remitido la proposición de ley a la Comisión de Justicia, que la estudiará con plena capacidad legislativa. Además, se ha abierto un plazo de 15 días hábiles (hasta el 30 de junio de 2026) para que diputados y grupos parlamentarios presenten enmiendas. Finalmente, se ordena su publicación conforme al reglamento.