Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal

Esta Proposición de Ley busca modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fortalecer la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos. El objetivo principal es asegurar que esta unidad actúe como una autoridad independiente, en cumplimiento con la normativa europea y constitucional. Se propone que el nombramiento de su titular recaiga en juristas con experiencia demostrada en protección de datos, mediante un proceso de elección por mayoría absoluta del Pleno del Consejo Fiscal, garantizando así su independencia y competencia. La iniciativa también establece un mandato de cinco años no renovable, su cese solo por causas graves y el deber de secreto profesional, buscando una protección de datos más rigurosa en el ámbito fiscal.

El debate de toma en consideración de la Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, fue aprobada por 171 votos a favor, 168 en contra y 7 abstenciones.

Argumentos a favor (Grupo Parlamentario Popular): La proposición de ley se presentó como una defensa de la independencia del Ministerio Fiscal y de la separación de poderes. Se argumentó que el Gobierno ha estado erosionando la independencia del Ministerio Fiscal, citando nombramientos de fiscales generales afines al ejecutivo y la supuesta subordinación del fiscal general al poder ejecutivo. Se destacó la situación del actual fiscal general del Estado, que se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo acusado de un presunto delito de revelación de secretos, como un ejemplo del daño institucional que el Gobierno está provocando. Se señaló que la reforma legal busca revertir una modificación anterior que, según el PP, desmanteló el modelo de independencia de la unidad de supervisión y control de protección de datos del Ministerio Fiscal, devolviéndole la independencia y garantizando su neutralidad.

Argumentos en contra y matices (Otros Grupos Parlamentarios):

• Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Catalán Higueras): Se coincidió en que el Gobierno hace una "utilización soez" de la Fiscalía y "prostituye su propia independencia", dañando la justicia y la división de poderes. Se calificó de "inadmisible" que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo y no dimita, y se criticó el respaldo del Gobierno a su comportamiento.
• Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Velarde Gómez): Se argumentó que la propuesta del PP era una "operación bomba de humo" y que no tenían ideas. Se señaló que la unidad de protección de datos fue creada por otra ley y que la propuesta del PP no aportaba más competencias ni recursos. Se anunció el voto en contra.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (Sr. Legarda Uriarte): Se consideró que las afirmaciones del PP sobre la inconstitucionalidad de la reforma eran exageradas, aunque se reconoció que el nuevo modelo se alejaba del anterior. Se criticó que el PP no recurriera esta disposición ante el Tribunal Constitucional, a diferencia de otras cuestiones, sugiriendo que la motivación era más política contra el fiscal general que jurídica. Se anunció un apoyo crítico, trabajando enmiendas para mejorar el texto.
• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya (Sr. Pagès i Massó): Se coincidió en que la modificación supuso un retroceso para los principios de independencia y transparencia, pero se criticó la "gesticulación" del PP y su falta de coherencia al no recurrir la disposición ante el Constitucional. Se señaló que el problema de fondo es la dependencia jerárquica de la Fiscalía del Gobierno y se criticó la "ley Bolaños" por su partidismo.
• Grupo Parlamentario Republicano (Sra. Vallugera Balañà): Se consideró que la proposición de ley carecía de entidad y era un "fraude de técnica parlamentaria", sugiriendo que debería haberse presentado como una enmienda. Se criticó la "destrucción sistemática de las entidades del Estado" por parte de los grandes grupos y se afirmó que la justicia en España no existe como poder que restablezca derechos.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (Sr. Santiago Romero): Se calificó la iniciativa como una "operación propagandística" del PP, parte de su estrategia de control e interferencia en la justicia. Se criticó la influencia del PP en el Consejo General del Poder Judicial y la desproporción de nombramientos conservadores. Se anunció el voto en contra.
• Grupo Parlamentario VOX (Sr. Sánchez García): Se criticó la proposición del PP por ser "paupérrima" y referirse a un detalle "accesorio". Se argumentó que el PP no quería reformar el nombramiento de altos cargos de la Fiscalía para que no fueran discrecionales del fiscal general, sino que querían que siguieran siendo del ejecutivo. Se anunció el voto en contra.
• Grupo Parlamentario Socialista (Sr. Aranda Vargas): Se calificó la proposición de ley como "instrumental" y un "mero instrumento en su cruzada obsesiva contra el fiscal general del Estado". Se argumentó que la iniciativa era una "maniobra política" y un "insulto al trabajo parlamentario". Se anunció el voto en contra.

Acuerdo/Desacuerdo: La proposición de ley fue aprobada, lo que indica un acuerdo entre el Grupo Popular y otros grupos que votaron a favor. Sin embargo, hubo un desacuerdo significativo por parte de varios grupos que criticaron la iniciativa por considerarla una maniobra política, una medida insuficiente o incoherente, y anunciaron su voto en contra o su apoyo crítico.

La Proposición de Ley para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ha sido admitida a trámite, y su autor es el Grupo Parlamentario Popular.

Se ha decidido que la Comisión de Justicia se encargará de aprobar la propuesta de ley para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Además, se abre un plazo de quince días hábiles para que los diputados y grupos parlamentarios presenten sus propuestas de cambio a esta ley.