Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Número de expendiente
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- Ver iniciativa original - Tipo
- Proposición de ley del Senado
- Fechas
- Presentado el 21/11/2025 , calificado el 25/11/2025
- Autor
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- Senado
- Comisiones
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- Comisión de Justicia
- Estado Actual
- Comisión de Justicia Enmiendas
- Plazos
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- Hasta: 18/12/2025 (18:00) De enmiendas
- Tramitación seguida por la iniciativa
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- Comisión de Justicia Publicación desde 25/11/2025 hasta 28/11/2025
- Comisión de Justicia Enmiendas desde 28/11/2025
- Fecha de actualización
- 28/11/2025
Resumen
Contenido generado por IA
La iniciativa propone modificar el Código Penal para aclarar que el corte de suministros básicos (agua, luz, gas) en una vivienda ocupada ilegalmente no se considerará un delito de coacciones. El objetivo es facilitar a los propietarios la recuperación de sus inmuebles y protegerlos de la obligación de mantener dichos suministros a su cargo cuando la ocupación es ilegítima.
La proposición fue presentada y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 28 de noviembre de 2025.
No se dispone de información sobre debates, enmiendas, comisiones, votaciones o el estado actual de la iniciativa, más allá de su presentación.
Por lo tanto, no se puede determinar el resultado de las votaciones, los apoyos o rechazos recibidos, ni el estado actual de la iniciativa o su importancia dentro del proceso legislativo.
Documentos
Publicaciones del 28/11/2025
Iniciativa
BOCG
Iniciativa
BOCGVer boletín original Núm. B-290-1 de 28/11/2025 Contenido generado por IA
Esta Proposición de Ley Orgánica busca modificar el Código Penal para abordar el problema de la ocupación ilegal de inmuebles. Propone añadir una disposición al artículo 172.1 que especifique que el corte de suministros en una finca ocupada ilegalmente no constituye un delito de coacciones. El objetivo es clarificar la situación legal y facilitar a los propietarios la recuperación de sus bienes, protegiéndolos de la obligación de mantener los suministros a su costa para los ocupantes ilegítimos. La iniciativa surge ante el aumento de casos de usurpación y allanamiento de morada en España, buscando unificar criterios y ofrecer una solución legalmente respaldada a nivel nacional.