Proposición no de Ley (moción) por la que se insta al Gobierno a reconsiderar la aplicación de las nuevas subidas de tasas aeroportuarias previstas por Aena para marzo de 2026 y para el ejercicio de 2027

1. ¿De qué trata la iniciativa?
Se trata de una proposición no de Ley (moción) presentada por el Grupo Parlamentario Plural en el Senado que solicita al Gobierno que reconsidere las subidas de las tasas aeroportuarias que AENA tiene previstas para marzo de 2026 y para el ejercicio de 2027. La motivación principal es evitar que el aumento de precios encarezca los billetes de avión, afecte la conectividad y la competitividad turística de las Islas Canarias, cuya economía depende en gran medida del transporte aéreo.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 3 de febrero de 2026: La moción se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, lo que constituye su presentación formal ante el Senado.
• Hasta la fecha de la publicación no se registran debates, enmiendas, informes de comisiones ni votaciones. El trámite se encuentra en la fase inicial de admisión y asignación a la comisión correspondiente para su estudio.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
En el momento de la publicación no se han llevado a cabo votaciones. Por tanto, no existen datos de mayorías, abstenciones ni rechazos, ni de la posición de los partidos o grupos parlamentarios.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La proposición está en trámite. Ha sido presentada y está a la espera de ser remitida a la comisión competente del Senado para su examen y posterior debate.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
El hecho de que la moción haya sido admitida y publicada permite que sea analizada por la comisión correspondiente. Si la comisión la aprueba, pasará a debate en el pleno del Senado, donde podrá ser votada. Una eventual aprobación del Senado implicaría que el Gobierno reciba una solicitud formal para revisar las subidas de tasas aeroportuarias; sin embargo, al tratarse de una proposición no de Ley, su aprobación no genera una obligación legal, sino una recomendación al Ejecutivo. En caso de que sea rechazada o archivada, la iniciativa quedaría sin efecto. Por ahora, el proceso está abierto y su evolución dependerá de los siguientes pasos parlamentarios.