Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia en el Servicio Público de Justicia; y de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en cuanto a los procesos de familia con personas menores de edad

La Proposición de Ley busca reformar la Ley Orgánica 1/2025 y la Ley 1/2000 para mejorar la protección del interés superior de los menores en procesos de familia. Propone excluir la obligatoriedad de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) en casos que afecten derechos de menores (alimentos, vivienda, relación), en demandas ejecutivas, exequátur, diligencias preliminares y la mayoría de expedientes de jurisdicción voluntaria. Además, establece que el inicio de la negociación MASC se considerará el inicio del procedimiento judicial para garantizar la seguridad jurídica y la retroactividad de pensiones alimenticias. Finalmente, hace preceptiva la celebración de vista en los procesos de familia del artículo 770 de la LEC.

Este documento corresponde al Debate de toma en consideración de la Proposición de Ley (expediente 122/000247) presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV). La iniciativa busca reformar la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia en el Servicio Público de Justicia, y la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, específicamente en lo relativo a los procesos de familia con personas menores de edad.

El objetivo principal de la propuesta es excluir los procedimientos civiles de familia que involucran a menores del requisito de procedibilidad de los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC). Este requisito, introducido por la Ley Orgánica 1/2025, obliga a intentar vías extrajudiciales (como la mediación) antes de presentar una demanda judicial.

Argumentos principales a favor de la toma en consideración:

• Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) - Proponente: Argumenta que, si bien los MASC buscan una justicia más dialogada, su obligatoriedad en procesos de familia con menores ha generado efectos adversos. Provoca dilaciones innecesarias, expone a los menores a situaciones de incertidumbre perjudiciales y puede ser utilizado de forma abusiva por una de las partes para retrasar obligaciones. Señala que los datos no muestran un descenso de litigiosidad y que la reforma italiana "Cartabia", inspiración de los MASC, ya eliminó esta obligatoriedad en casos de menores. También menciona la desventaja en procesos internacionales.
• Grupo Parlamentario Mixto (BNG): Aunque inicialmente crítico con la obligatoriedad general de los MASC, apoya la exclusión en procesos de familia, medidas paternofiliales, cautelares y exequátur (reconocimiento de sentencias extranjeras). Destaca que la agilidad es crucial para el interés superior del menor y que la imposición de una negociación previa es una barrera burocrática.
• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya: Critica la generalización indiscriminada de los MASC, considerándola un error que obstaculiza la defensa de derechos y genera retrasos, especialmente en juicios con menores. Subraya el riesgo de pérdida de competencia judicial española en casos de extranjería.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: Aunque defiende los MASC como herramienta para una justicia más ágil, comparte la preocupación por la protección de los menores. Apoya la toma en consideración para debatir mejoras, como la exclusión del exequátur, la precisión del inicio del procedimiento para pensiones de alimentos y la obligatoriedad de la vista en procesos con menores.
• Grupo Parlamentario VOX: Califica la aplicación de los MASC en familia como un "fiasco" y apoya la eliminación de su obligatoriedad en procedimientos con menores que requieren una respuesta judicial inmediata. Critica al proponente por haber apoyado la ley original que ahora busca reformar.
• Grupo Parlamentario Socialista: Comparte la preocupación de que ningún trámite dificulte la protección de un menor. Aunque considera los MASC útiles, no se niega a ampliar las excepciones si la aplicación de la ley demuestra la necesidad de corregir. Destaca la importancia de la prudencia y el análisis de datos, y se compromete a abordar las reformas necesarias.
• Grupo Parlamentario Popular: Apoya la reforma para evitar que la negociación previa obligatoria retrase los procedimientos de familia con menores, haciendo eco de las reclamaciones de la abogacía y los jueces. Considera que la intervención judicial es indispensable en estas materias y que la ley actual genera demoras e inseguridad jurídica.

Argumentos principales en contra de la toma en consideración:

• Grupo Parlamentario Republicano (ERC): Vota en contra, manteniendo la coherencia con su postura en el Parlamento de Cataluña. Argumenta que es prematuro modificar la ley, ya que solo lleva unos meses en aplicación efectiva y sus frutos se verán con el tiempo. Defiende los MASC como un sistema de pacto previo que puede descongestionar litigios y empoderar a los ciudadanos. Considera que solo la cuestión de la extranjería podría justificar una modificación, que podría abordarse mediante enmiendas.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

Hubo un amplio acuerdo entre la mayoría de los grupos parlamentarios para tomar en consideración la proposición de ley, lo que significa que el Congreso de los Diputados acepta debatir y tramitar la iniciativa. La principal razón de este consenso es la preocupación compartida por la protección del interés superior del menor en los procesos de familia y los problemas que la obligatoriedad de los MASC ha generado en este ámbito.

Los matices se observaron en la valoración de los MASC en general: mientras ERC los defiende firmemente y considera la reforma prematura, otros grupos, como SUMAR, los ven como una herramienta útil pero reconocen la necesidad de excepciones y mejoras en casos específicos. VOX y el PP, aunque apoyan la reforma, criticaron la supuesta "oportunidad política" del proponente al enmendar una ley que previamente apoyaron.

Resultado de la votación:

La proposición de ley fue aprobada para su toma en consideración con 340 votos a favor y 7 en contra. Esto indica que la iniciativa continuará su tramitación parlamentaria.

La iniciativa ha sido admitida a trámite y fue presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Se ha decidido remitir la proposición de ley a la Comisión de Justicia. Se abre un plazo de quince días hábiles (hasta el 21 de octubre de 2026) para que diputados y grupos parlamentarios presenten enmiendas. Además, la Ponencia de la comisión debe elaborar un informe que indique si la iniciativa es orgánica u ordinaria. Finalmente, se ordena su publicación conforme al reglamento.