Proposición no de Ley relativa a la inseguridad jurídica generada por el Gobierno de España en la implantación de la factura electrónica

Esta Proposición no de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, insta al Gobierno a resolver la inseguridad jurídica en la implantación de la factura electrónica y el sistema Verifactu. Se critica la falta de publicación de especificaciones técnicas y un calendario claro, así como los retrasos que afectan a pymes y autónomos. La propuesta busca asegurar la publicación inmediata de detalles técnicos, un calendario gradual y realista, y un régimen transitorio flexible. Además, solicita la inclusión de profesionales asesores en ayudas como el Kit Digital y la creación de un servicio de asistencia técnica para facilitar la transición digital y garantizar la competitividad del tejido empresarial.

A continuación, se presenta un resumen del debate parlamentario sobre la Proposición no de Ley relativa a la inseguridad jurídica generada por el Gobierno de España en la implantación de la factura electrónica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente: 161/002321).

Resumen del Debate:

El debate se centró en la preocupación del Grupo Parlamentario Popular (GPP) por la gestión del Gobierno en la implantación de la factura electrónica, argumentando que ha generado inseguridad jurídica, improvisación y falta de planificación, afectando negativamente a pymes, autónomos y profesionales.

Argumentos Principales:

• Grupo Parlamentario Popular (GPP):

  • Denunció el incumplimiento de los plazos establecidos por la Ley 18/2022 para la implantación de la factura electrónica y la falta de publicación del reglamento correspondiente, lo que genera inseguridad jurídica.
  • Señaló que las pymes, autónomos y sus asesores están asumiendo costes y exigencias técnicas sin el apoyo, la formación o las herramientas necesarias, especialmente en zonas rurales con conectividad limitada.
  • Criticó la falta de un calendario claro, especificaciones técnicas definitivas del sistema VERI*FACTU y una estrategia realista de acompañamiento empresarial.
  • Argumentó que España improvisa en comparación con otros países europeos que cuentan con hojas de ruta claras y ayudas específicas.
  • Criticó la falta de movilización de fondos europeos destinados a la digitalización.
  • Solicitó que la digitalización se haga "con" las empresas, no "contra" ellas, facilitando procesos y planificando con inversión de recursos.

• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR:

  • Reconoció las complejidades y tensiones del proceso, así como la necesidad de reforzar la comunicación y la pedagogía institucional, especialmente con los colectivos profesionales intermediarios.
  • Afirmó que el calendario de aplicación y las especificaciones técnicas del sistema VERI*FACTU ya son públicos.
  • Subrayó la importancia de acompañar el proceso con recursos humanos suficientes y coordinación entre ministerios y empresas.
  • Abogó por garantizar que la solución pública gratuita de facturación electrónica sea operativa y equitativa territorialmente.
  • Consideró que España avanza hacia un modelo de digitalización fiscal moderno y transparente, y que el éxito dependerá de la capacidad de hacer llegar las medidas a todos, combinando exigencia y empatía.

• Grupo Parlamentario VOX:

  • Expresó sentimientos encontrados, reconociendo el potencial de la digitalización para la modernización, pero también su percepción como un instrumento de mayor control, fiscalización y burocracia para pequeñas empresas y autónomos.
  • Criticó la falta de ayudas específicas, la inversión, la formación y la adaptación tecnológica necesarias para muchas empresas.
  • Mostró preocupación por el riesgo de sanciones y la falta de un periodo transitorio.
  • Señaló la desigualdad territorial y la falta de diálogo y liderazgo del Gobierno en el proceso.
  • Manifestó escepticismo sobre si la factura electrónica será una herramienta de modernización o un instrumento de control y persecución.
  • Solicitó más seguridad jurídica, apoyos específicos, periodos transitorios sin sanciones y un verdadero diálogo.

• Grupo Parlamentario Socialista:

  • Rechazó la iniciativa del GPP, argumentando que la ley 18/2022 no genera inseguridad jurídica, sino que busca modernizar el tejido empresarial.
  • Afirmó que el proceso de implantación se está llevando a cabo con transparencia y siguiendo la normativa vigente.
  • Negó la existencia de riesgo de sanciones por incumplimiento de la obligación de facturación electrónica entre empresarios y profesionales, calificándolo de "falsa amenaza".
  • Destacó que los incentivos de implantación son robustos y que se han mantenido reuniones con asociaciones y colegios profesionales.
  • Señaló que existen fondos europeos disponibles, como el programa Kit Digital, que contempla servicios de gestión de facturación electrónica.
  • Aclaró que la factura electrónica y VERI*FACTU son proyectos distintos con calendarios diferentes, y que ya existen especificaciones técnicas publicadas y un canal de asistencia técnica.
  • Concluyó que el Gobierno está actuando en beneficio de autónomos y pymes para hacer un tejido empresarial más moderno y competitivo.

Acuerdo, Desacuerdo o Matices Relevantes:

• Desacuerdo: Hubo un claro desacuerdo entre el Grupo Parlamentario Popular y VOX, por un lado, y el Grupo Parlamentario Socialista, por otro, respecto a la valoración de la gestión del Gobierno y la existencia de inseguridad jurídica.
• Matices: El Grupo Plurinacional SUMAR reconoció las complejidades del proceso y la necesidad de mejorar la comunicación y el acompañamiento, mostrando una postura más matizada que el GPP. VOX, si bien criticó la implementación, también expresó escepticismo sobre la factura electrónica como herramienta de modernización y la percibió como un posible instrumento de control.
• Votación: La proposición no de ley fue rechazada con 15 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones.

Resultado iniciativa: Rechazada