Informe de fiscalización del Programa 413A 'Competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria', ejercicios 2021 y 2022

Resumen del Debate y Votación de la Solicitud de Fiscalización sobre el Programa 413A 'Competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria', ejercicios 2021 y 2022

En la sesión de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, se debatió y votó una solicitud de fiscalización relacionada con el Programa 413A 'Competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria', ejercicios 2021 y 2022.

Argumentos a favor de la solicitud (Grupo Parlamentario Popular):

• El Grupo Popular defendió la solicitud argumentando que era necesario cumplir con el artículo 127 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para determinar el momento de devengo de una subvención.
• Señalaron que el Partido Popular busca que se cumpla la ley y recordaron su papel en la ilegalización de Herri Batasuna.
• Manifestaron que la organización representada por EH Bildu ha utilizado las instituciones a lo largo de la historia.
• Sostuvieron que EH Bildu no tenía derecho a cobrar la subvención porque en sus listas había personas que no renunciaron a la violencia.
• Consideraron que la decisión del Ministerio del Interior de pagar la subvención era una actuación encaminada a sostener al Gobierno.
• Argumentaron que los resultados electorales no justifican el pago de la subvención y que el miedo al terrorismo dificulta la conformación de candidaturas en el País Vasco.
• Reiteraron que la petición era fundamental porque no se había cumplido el requisito básico de renunciar explícitamente a la violencia para cobrar las subvenciones.

Argumentos en contra de la solicitud (Grupos Parlamentarios Vasco, Bildu y Socialista):

• El Grupo Vasco consideró que la solicitud era una instrumentalización partidista del Tribunal de Cuentas y que se presentaba por duplicado, repitiendo trabajo.
• Argumentaron que la solicitud se basaba en una supuesta omisión del Tribunal de Cuentas y no buscaba garantizar el derecho de los diputados y senadores ni el principio de transparencia.
• Cuestionaron los efectos de una fiscalización sobre si los anticipos procedían o no, concluyendo que serían nulos.
• Señalaron que el Tribunal de Cuentas no puede ser ajeno a las funciones de los órganos a los que la LOREG atribuye competencias específicas en materia electoral.
• Consideraron que las fiscalizaciones carecerían de efecto una vez que las candidaturas fueron validadas por las juntas electorales.
• El Grupo Bildu calificó la solicitud como un ataque y una instrumentalización del Estado por parte del Partido Popular, con el objetivo de acabar con una opción política democrática.
• Afirmaron que no existía razón legal para no conceder las subvenciones a EH Bildu.
• El Grupo Socialista votó en contra, argumentando que la solicitud respondía a una utilización partidista de la comisión para mantener un relato político contra una formación legítimamente constituida.
• Señalaron que el informe base (número 1612) aún no había sido tramitado ni debatido en la Comisión.
• Argumentaron que la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la subvención corresponde a la autoridad competente, que estaba siguiendo el procedimiento habitual.
• Consideraron que la solicitud no buscaba aclarar una cuestión técnica, sino señalar a una formación política para generar sospecha y tensión institucional.
• Denunciaron que el Partido Popular guardaba silencio ante las irregularidades constatadas en VOX.
• Reafirmaron su compromiso con la institucionalidad, el rigor técnico y el cumplimiento del calendario de trabajo, rechazando la solicitud por considerar que la comisión debe vigilar el buen uso de los recursos públicos y no legitimar campañas de desgaste político.

Resultado de la votación:

La solicitud de fiscalización fue aprobada con 20 votos a favor y 15 en contra.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

Hubo un claro desacuerdo entre los grupos parlamentarios. Mientras el Grupo Popular defendió la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de la ley y la renuncia a la violencia para el cobro de subvenciones, los grupos Vasco, Bildu y Socialista consideraron la solicitud como una maniobra política y partidista, argumentando que los procedimientos legales ya se habían cumplido o que correspondían a otros órganos. La votación reflejó esta división, con una mayoría a favor de la solicitud impulsada por el Partido Popular.

Resumen del Debate y Votación de Propuestas de Resolución sobre el Informe de Fiscalización del Programa 413A 'Competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria', ejercicios 2021 y 2022

En el marco del debate y votación de las propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización del Programa 413A 'Competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria', ejercicios 2021 y 2022, se observa lo siguiente:

• Acuerdo General: La mayoría de las propuestas de resolución presentadas por los diferentes grupos parlamentarios fueron aprobadas.
• Propuestas del Grupo Parlamentario Sumar: Las propuestas de resolución (números 1 a 6) fueron aprobadas por una amplia mayoría (14 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones).
• Propuestas del Grupo Parlamentario Popular: Las propuestas de resolución (números 7 a 11) fueron aprobadas por una mayoría (20 votos a favor, 14 en contra).
• Propuestas del Grupo Parlamentario Vox: La mayoría de las propuestas de resolución (números 12, 14, 15, 16 y 17) fueron aprobadas (20 votos a favor, 14 en contra). Sin embargo, la propuesta número 13 fue rechazada (2 votos a favor, 14 en contra, 18 abstenciones).
• Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista: Las propuestas de resolución (números 18 a 23) fueron aprobadas (14 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones).

En resumen, hubo un acuerdo generalizado en la aprobación de la mayoría de las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios en relación con este informe de fiscalización. Solo una propuesta del Grupo Vox fue rechazada.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha asumido y acordado las conclusiones del informe de fiscalización sobre el programa de "Competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria" para los años 2021 y 2022.

Como resultado, la Comisión insta al Gobierno a:

• Crear urgentemente una estrategia estatal de alimentación con objetivos claros y alineados con el Pacto Verde Europeo.
• Revisar la clasificación de gastos en el presupuesto para distinguir mejor entre gastos corrientes e inversiones.
• Implementar el método de Presupuesto en Base Cero para mejorar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
• Impulsar una reforma de la Política Agraria Común en la UE para asegurar la soberanía alimentaria y apoyar al sector primario.
• Promover la derogación de la Ley de Restauración de la Naturaleza en Europa, argumentando que perjudica al sector agroalimentario.
• Exigir una normativa europea que prohíba la importación de productos tratados con sustancias fitosanitarias no permitidas en la UE, aplicando cláusulas espejo.
• Modificar el etiquetado para que el origen geográfico de los productos sea claro y veraz, protegiendo la producción nacional.

Además, se insta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a:

• Elaborar una estrategia estatal de alimentación y un plan de acción para sus laboratorios, asegurando sus medios técnicos y personales, y actualizando sus tarifas.
• Publicar de forma sistemática y actualizada las estadísticas de alimentación en su página web.
• Modernizar los laboratorios agroalimentarios públicos con personal cualificado, equipamiento y tarifas adecuadas.
• Evaluar la revisión del código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria.

Finalmente, se solicita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y a la Dirección General de Alimentación que mejoren la elaboración de los presupuestos, clarifiquen la asignación de gastos a programas y refuercen el programa 413A con objetivos más claros y medibles.