Informe de fiscalización de los contratos de la Administración General del Estado vinculados a las Políticas de Gasto 11 'Justicia' 12 'Defensa' y 14 'Política exterior y cooperación para el desarrollo', ejercicio 2022

Resumen del debate – Informe de fiscalización de los contratos de la Administración General del Estado vinculados a las Políticas de Gasto 11 «Justicia», 12 «Defensa» y 14 «Política exterior y cooperación para el desarrollo», ejercicio 2022
Tipo de documento: Celebración (presentación del informe en la Comisión Mixta).

---

1. Argumentos principales del informe (presentado por la Presidenta del Tribunal de Cuentas)

Tema	Qué señala el informe
Justificación de los contratos	En muchos expedientes la necesidad de contratar está descrita de forma genérica o insuficiente (“insuficiencia de medios” sin detalle).
Desglose de costes	Falta de información clara sobre los salarios y los convenios aplicables a los contratos.
Cálculo del valor estimado	Se detectan errores en los cálculos que sirven para fijar el presupuesto de los contratos.
Criterios de adjudicación	Se usó la reducción de plazos como criterio sin incluir cláusulas que ajusten el precio si el plazo no se cumple; también se aplicaron umbrales de puntuación sin la intervención de comités de expertos, lo que dificulta la objetividad.
Control de la ejecución	Deficiencias en la documentación y en el seguimiento de la ejecución de los contratos.
Recomendaciones	Mejorar la justificación de la necesidad, detallar los costes salariales, corregir los cálculos de valoración, usar criterios de adjudicación más transparentes y reforzar el control y la documentación de la ejecución.

---

2. Posiciones de los grupos parlamentarios

Grupo	Argumentos a favor del informe / propuestas de mejora	Argumentos críticos / matices
Grupo Parlamentario Socialista	Señala que el informe evidencia “deficiencias en la justificación de necesidades y en los criterios de adjudicación”. Apoya la necesidad de reforzar los controles internos y la transparencia.	No plantea objeciones al contenido; simplemente subraya la urgencia de aplicar las recomendaciones.
Grupo Parlamentario VOX	Reconoce los “retrasos masivos” y la “fragmentación” de la administración que el informe pone de relieve. Propone una mayor unidad institucional (p.ej., un plan nacional de agua) y una administración más fuerte y coherente.	Critica la falta de planificación y coordinación, pero no cuestiona la validez del diagnóstico del Tribunal.
Grupo Parlamentario SUMAR	Destaca la importancia de la “transparencia, eficiencia y criterios de igualdad”. Está de acuerdo con la necesidad de mejorar la planificación y de incluir criterios sociales y de igualdad en la contratación.	No muestra desacuerdo; enfatiza que el informe confirma la necesidad de reforzar la gestión pública.
Grupo Parlamentario Popular	Resalta que el informe muestra “deficiencias estructurales” y apoya la incorporación de medidas de sostenibilidad, igualdad y control de subcontratación.	Al igual que los demás, no disputa los hallazgos, sino que los usa para exigir mejoras.

Conclusión de los grupos: Los cuatro grupos parlamentarios coinciden en que el informe identifica problemas reales y que es necesario aplicar sus recomendaciones. No se registran discrepancias sustanciales sobre la validez del diagnóstico; las diferencias se centran en la interpretación de las causas (p.ej., fragmentación institucional) y en las propuestas de solución.

---

3. Acuerdo o votación

• En el fragmento del Diario de Sesiones no aparece una votación específica sobre este informe.
• La discusión se limitó a la exposición del informe y a los debates de los grupos parlamentarios, que mostraron consenso amplio en la necesidad de corregir las deficiencias señaladas.

---

4. Resumen para la ciudadanía

El Tribunal de Cuentas ha revisado una muestra de 103 contratos del Estado en los sectores de justicia, defensa y política exterior (representando 363 millones de euros). El estudio encontró que muchos contratos no estaban bien justificados, que faltaba detalle sobre los salarios y los convenios, que había errores en los cálculos de los presupuestos y que los criterios para adjudicar los contratos eran poco claros. Todos los grupos parlamentarios presentes coincidieron en que estas fallas deben corregirse, pidiendo mayor transparencia, mejores estudios económicos y un control más riguroso de la ejecución de los contratos. No se tomó una votación formal sobre el informe en esta sesión.

Resumen del debate y votación de las propuestas de resolución
Informe de fiscalización de los contratos de la Administración General del Estado vinculados a las Políticas de Gasto 11 «Justicia», 12 «Defensa» y 14 «Política exterior y cooperación para el desarrollo», ejercicio 2022 (expediente 251/000168)

Tipo de documento: Debate y votación de las propuestas de resolución en la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

---

1. Posiciones de los grupos parlamentarios

Grupo parlamentario	Propuestas presentadas	Resultado de la votación	Comentario
SUMAR	Propuestas 1 y 2	2 votos a favor – 15 en contra – 19 abstenciones	Rechazadas. No se describen los argumentos a favor o en contra en el fragmento.
	Propuesta 3	15 votos a favor – 2 en contra – 19 abstenciones	Aprobada.
VOX	Propuestas 4 y 5	20 votos a favor – 14 en contra	Aprobadas.
Popular	Propuesta 6	34 votos a favor	Aprobada.
	Propuesta 7	21 votos a favor – 13 en contra	Aprobada.
	Propuestas 8 y 9	33 votos a favor – 1 en contra	Aprobadas.
	Propuesta 10	20 votos a favor – 14 en contra	Aprobada.
	Propuestas 11‑15	33 votos a favor (sin votos en contra)	Aprobadas.
	Propuesta 16	20 votos a favor – 14 en contra	Aprobada.
	Propuestas 17‑19	34 votos a favor (sin votos en contra)	Aprobadas.
	Propuesta 20	20 votos a favor – 14 en contra	Aprobada.
	Propuestas 21‑22	34 votos a favor (sin votos en contra)	Aprobadas.
	Propuesta 23	20 votos a favor – 14 en contra	Aprobada.
	Propuesta 24	34 votos a favor (sin votos en contra)	Aprobada.
	Propuestas 25‑26	20 votos a favor – 14 en contra	Aprobadas.
	Propuestas 27‑29	34 votos a favor (sin votos en contra)	Aprobadas.
Socialista	Propuesta 36 (retirada por escrito el 20 de febrero 2026)	–	Retirada.
	Propuestas 30‑35, 37‑38	14 votos a favor – 2 en contra – 19 abstenciones	Aprobadas.

2. Acuerdos y desacuerdos

• Acuerdo mayoritario: Todas las propuestas presentadas por los grupos VOX, Popular y la mayor parte de las del Grupo Socialista fueron aprobadas.
• Desacuerdo parcial: Las dos primeras propuestas del Grupo SUMAR fueron rechazadas (solo 2 votos a favor frente a 15 en contra). La tercera propuesta de SUMAR sí fue aprobada.
• Retiro de propuesta: El Grupo Socialista retiró la propuesta 36 antes de la votación.

3. Comentario sobre los argumentos

El fragmento del Diario de Sesiones no contiene los contenidos ni los argumentos específicos que sustentan cada propuesta de resolución, ni las razones expuestas por los grupos a favor o en contra. Por lo tanto, no se pueden describir los puntos de debate más allá de los resultados de la votación.

Conclusión: En la votación sobre el informe de fiscalización de los contratos de la A.G.E. vinculados a Justicia, Defensa y Política exterior (ejercicio 2022), se alcanzó un amplio consenso parlamentario: la mayoría de las propuestas de resolución fueron aprobadas, con la excepción de dos propuestas del Grupo SUMAR que fueron rechazadas y una propuesta del Grupo Socialista que fue retirada. No se dispone de información sobre los argumentos que motivaron los votos a favor o en contra.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó, en su sesión del 24 de febrero de 2026, la Resolución sobre el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas relativo a los contratos de la Administración General del Estado vinculados a las políticas de gasto 11 (Justicia), 12 (Defensa) y 14 (Política exterior y cooperación para el desarrollo) del ejercicio 2022.

Contenido esencial

1. Aceptación del informe – La Comisión asume el contenido, conclusiones y recomendaciones del informe, aunque señala algunas deficiencias que afectan a su representatividad.

2. Recomendaciones al Gobierno – Se insta al Ejecutivo a:

   • Revisar la efectividad de la contratación centralizada para mejorar la eficiencia y reducir la presión fiscal.
   • Realizar una auditoría de las cuentas públicas orientada a eliminar gasto no esencial, ideológico o improductivo y a reducir la deuda pública.
   • Cumplir rigurosamente los plazos de remisión de la documentación contractual al Tribunal de Cuentas (art. 335 Ley 9/2017).
   • Publicar anualmente los planes de contratación de todos los departamentos y entidades públicas (art. 28.4 Ley 9/2017).
   • Garantizar que los contratos de servicios incluyan un informe motivado de insuficiencia de medios, evitando externalizaciones sin análisis previo (art. 116.4).
   • Mejorar la calidad y coherencia de la documentación preparatoria (memorias, informes económicos, pliegos).
   • Justificar claramente la elección del procedimiento de adjudicación, especialmente en la política de Defensa.
   • Desglosar en los presupuestos de licitación los costes salariales por convenio, género y categoría profesional (art. 100.2).
   • Realizar estudios técnicos que acerquen las estimaciones iniciales a la ejecución real y evitar desviaciones injustificadas.
   • Incluir las prórrogas en el cálculo del valor estimado del contrato (arts. 101‑102).
   • Limitar el uso de la experiencia como criterio de adjudicación cuando ya sea requisito de solvencia, salvo justificación técnica clara (art. 145).
   • Asegurar que los criterios ambientales o de eficiencia energética sean evaluables y pertinentes (art. 145).
   • Regular el empleo de fases de valoración eliminatorias basadas en umbrales y favorecer criterios cuantitativos.
   • Utilizar comités de expertos u órganos técnicos independientes para la valoración.
   • Cumplir los plazos legales de adjudicación y formalización de los contratos (art. 153).

3. Publicación – Se ordena la publicación de la Resolución en la Sección Cortes Generales del Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), con enlace al informe completo.

Estado de la iniciativa
Se trata de una resolución adoptada por la Comisión Mixta, que constituye la posición parlamentaria respecto al informe del Tribunal de Cuentas y contiene recomendaciones dirigidas al Gobierno. No es una norma con rango de ley, sino un acto de control y seguimiento parlamentario. La resolución quedó firmada por el Presidente de la Comisión Mixta, Juan Francisco Serrano Martínez, y el Secretario Primero, Salvador de Foronda Vaquero.