Proposición no de Ley sobre el impulso y desarrollo estratégico del software libre y plataformas de código abierto en las universidades

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR solicita al Gobierno que promueva el uso del software libre y de plataformas de código abierto en las universidades. El objetivo es crear políticas y recursos que permitan a las instituciones académicas adoptar tecnologías abiertas, reducir la dependencia de proveedores privados, garantizar el acceso universal a herramientas digitales y fomentar la innovación colaborativa.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 27 de febrero de 2026: La iniciativa se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
• En el mismo día se incluye un resumen que describe los principales puntos: activación de políticas ministeriales, creación de repositorios y plataformas de formación abiertas, establecimiento de un Observatorio Estatal de Tecnología Libre y financiación de un programa dentro del Plan Nacional de I+D+i para la transición a ecosistemas digitales soberanos.
• Hasta el momento no se ha registrado información sobre debates en comisión, enmiendas, votaciones ni acuerdos.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
No se dispone de datos de votaciones, mayorías, abstenciones ni de la posición de los partidos o grupos parlamentarios. Por tanto, no se pueden cuantificar apoyos ni rechazos.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La proposición se encuentra en la fase inicial de trámite parlamentario, a la espera de ser remitida a la comisión correspondiente para su estudio y posterior debate.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
Al estar recién presentada, la iniciativa aún no ha generado efectos legislativos. Si avanza, deberá ser examinada por la comisión competente; tras su dictamen, el texto podría ser debatido en el Pleno del Congreso y, de ser aprobado, pasar al Senado para su consideración. En caso de ser aprobado en ambas cámaras, se convertiría en una ley que obligaría al Gobierno a implementar las medidas propuestas. En su estado actual, la iniciativa simplemente ha iniciado el proceso legislativo.