Recurso de inconstitucionalidad número 1301/2024, promovido por el Gobierno Vasco, contra los artículos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18; disposición adicional tercera; disposición transitoria segunda.1; disposición final primera, apartados uno, tres y seis, y disposición final cuarta de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda

1. De qué trata la iniciativa
El recurso de inconstitucionalidad nº 1301/2024, presentado por el Gobierno Vasco, impugna varios preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, que regula el derecho a la vivienda. La pretensión es declarar inconstitucionales los artículos 3, 10.2, 15.1 d), 15.1 e), 16, 17, 18, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria segunda y determinados apartados de la disposición final.

2. Qué ha ocurrido en su trámite

• 12 marzo 2024: El Pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso, según la providencia publicada en el Boletín Oficial del Estado.
• 2 octubre 2026: El Tribunal Constitucional dicta sentencia sobre el recurso. La magistrada ponente, Inmaculada Montalbán Huertas, declara:
  1. Pérdida sobrevenida de objeto del recurso respecto al artículo 16, por lo que esa parte queda sin efecto jurídico.
  2. Desestimación total del resto de los preceptos impugnados, manteniéndose constitucionalmente válidos los artículos y disposiciones señalados.

3. Apoyos y rechazos recibidos

• En la fase de admisión (12 marzo 2024) el Pleno acordó admitir el recurso; el documento no indica el número de votos ni abstenciones.
• En la sentencia (2 octubre 2026) el Tribunal Constitucional desestima el recurso en su mayor parte, sin necesidad de votación parlamentaria; la decisión es un pronunciamiento judicial.

4. Estado actual de la iniciativa
El recurso ha sido resuelto definitivamente por el Tribunal Constitucional. La Ley 12/2023 sigue vigente en su totalidad, excepto por el artículo 16, que quedó sin efecto por pérdida de objeto del recurso.

5. Importancia del resultado dentro del proceso legislativo
Al desestimar el recurso, el Tribunal confirma la constitucionalidad de los preceptos impugnados, por lo que la normativa sobre el derecho a la vivienda permanece en vigor. No se genera ningún nuevo trámite legislativo; la decisión es definitiva y la ley continúa aplicándose tal como fue aprobada, salvo la nulidad de la parte relacionada con el artículo 16.