Proposición de Ley para la prórroga del derecho a la prestación y permiso por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, vinculada a la convivencia con la persona dependiente, en los supuestos de gran discapacidad o gran dependencia

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La propuesta busca prorrogar la prestación y el permiso de reducción de jornada para el cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave más allá de los 26 años, siempre que el menor tenga una gran discapacidad (igual o superior al 65 %) o una gran dependencia (grado III) y conviva con el cuidador. Amplía la definición de “situación protegida” a tratamientos domiciliarios, permite que ambos progenitores compartan la reducción de jornada hasta el 100 % total y contempla adaptaciones en la Ley General de la Seguridad Social, el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público, con disposiciones para autónomos y simplificación de trámites.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 3 de julio de 2026: publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales como iniciativa legislativa.
• No se registran debates, enmiendas, informes de comisiones ni votaciones en los documentos proporcionados; por tanto, la iniciativa se encuentra en la fase inicial de tramitación tras su presentación.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
En la información disponible no aparecen resultados de votaciones, mayorías, abstenciones ni la posición de partidos o grupos parlamentarios. Por consiguiente, no se pueden señalar apoyos ni rechazos concretos.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La iniciativa está en trámite legislativo, a la espera de ser remitida a la comisión correspondiente para su estudio y posterior debate y votación.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
Al encontrarse aún en fase de tramitación, la iniciativa debe pasar por el procedimiento de examen en comisión, debate en el Pleno y votación. Si se aprueba, el proyecto seguirá su curso para su eventual promulgación y entrada en vigor, modificando la normativa laboral y de seguridad social. En caso de ser rechazado o archivado, la propuesta no avanzaría y no produciría cambios legislativos.