Proposición no de Ley para impulsar la incorporación de ciclos en la compra pública sostenibles

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición no de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, solicita al Gobierno elaborar una estrategia para incorporar ciclomotores, bicicletas asistidas, adaptadas y de carga en los procedimientos de compra pública. El objetivo es que estos vehículos formen parte de las guías de contratación verde, se revisen los criterios del Real Decreto‑ley 24/2021 y se impulsen proyectos piloto que demuestren sus beneficios económicos y medioambientales, alineando la contratación pública con la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 29 de septiembre de 2026: Publicación del resumen de la iniciativa en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
• No se registra, en la documentación suministrada, la apertura a comisión, debates parlamentarios, enmiendas o votaciones preliminares.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
Hasta la fecha de la información disponible, no se han publicado resultados de votaciones ni el desglose de apoyos o rechazos por partidos o grupos parlamentarios. No existen datos sobre mayorías, abstenciones o negativas.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La proposición se encuentra en la fase inicial de trámite, tras su presentación y publicación oficial. No ha sido aprobada, rechazada, archivada ni retirada, y aún no ha avanzado a instancias posteriores como comisiones o votación en pleno.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
El hecho de que la iniciativa haya sido presentada y publicada marca el primer paso del proceso legislativo. Si avanza, deberá ser remitida a la comisión competente (probablemente la de Transporte, Medio Ambiente o Hacienda) para su estudio, posible enmienda y posterior votación en el Pleno del Congreso. Su aprobación futura podría generar una obligación para el Gobierno de diseñar y ejecutar la estrategia de incorporación de ciclos en la compra pública, lo que tendría repercusión directa en la política de movilidad sostenible y en la contratación pública del Estado. En la actualidad, la iniciativa sigue en trámite y aún no ha generado efectos legislativos vinculantes.