Proposición no de Ley relativa a garantizar el acceso efectivo de las personas mayores a los servicios públicos esenciales, frente a la exclusión provocada por la brecha digital

La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, busca contrarrestar la exclusión digital de las personas mayores en el acceso a servicios públicos esenciales. Propone la obligatoriedad de atención presencial, la coordinación con administraciones autonómicas y locales para mejorar la accesibilidad administrativa, la puesta en marcha de campañas de alfabetización digital dirigidas a mayores y la elaboración de un informe del Defensor del Pueblo con recomendaciones específicas. Con ello se pretende asegurar la igualdad de oportunidades y la dignidad humana frente a la creciente digitalización de la administración.

Resumen de la Proposición no de Ley 161/003277
“Garantizar el acceso efectivo de las personas mayores a los servicios públicos esenciales, frente a la exclusión provocada por la brecha digital”
Tipo de documento: Proposición no de Ley (debate y votación en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo).

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1. Argumentos a favor

Grupo que lo defiende	Principales argumentos
Grupo Parlamentario Popular (PP) – Portavoz Mayo Fernández	• La digitalización de la Administración ha dejado a muchas personas mayores sin posibilidad de solicitar citas médicas, tramitar pensiones, renovar documentos o acceder a ayudas. • La exclusión digital vulnera la igualdad de oportunidades y la efectividad de derechos constitucionales (artículo 9.2). • Propone medidas sencillas: mantener atención presencial en los servicios esenciales, crear canales de accesibilidad administrativa, reforzar la formación y alfabetización digital de los mayores y solicitar al Defensor del Pueblo un informe específico sobre la magnitud del problema.
Grupo Parlamentario VOX – Portavoz Fernández Hernández	• La falta de alternativas a la gestión digital constituye una violación de derechos fundamentales (sanidad, seguridad social, etc.). • Señala ejemplos internacionales (Dinamarca, Reino Unido, Francia, Gales) donde se garantiza un canal alternativo y asistencia digital asistida. • Propone cinco “correcciones de fondo”: garantía legal de un canal no digital, acompañamiento asistido, red física de apoyo, simplificación del diseño de los trámites y reconocimiento de que la inclusión digital no sustituye derechos sociales.
Otros grupos que coinciden parcialmente (Vasco, SUMAR, Socialista)	• Reconocen la existencia del problema y la necesidad de que la Administración ofrezca alternativas y formación, aunque difieren en el foro adecuado para debatir la iniciativa.

2. Argumentos en contra o matices críticos

Grupo que lo plantea	Principales críticas o matices
Grupo Parlamentario Vasco – Sr. López Torre	• Cuestiona si la Comisión Mixta es el espacio competente; sugiere que otras comisiones (tanto del Congreso como del Senado) son más apropiadas. • Insiste en que la solución debe ser transversal y que la administración más cercana al ciudadano (nivel local) es la que debe garantizar la atención presencial.
Grupo Plurinacional SUMAR – Sra. Ogou i Corbi	• Argumenta que la Comisión Mixta no es el órgano legislativo adecuado para tratar la propuesta; propone llevarla a la Comisión de Transición Digital u otras comisiones con competencia legislativa. • Señala que el Gobierno ya está implementando medidas multicanal (cita previa sin obligación, ampliación de horarios, asistencia presencial, planes de capacitación digital) y que la iniciativa debería centrarse en esas actuaciones ya en marcha.
Grupo Socialista – Sr. Sancho Íñiguez	• Recuerda que la Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo tiene como función principal el examen de los informes del Defensor, no la tramitación de proposiciones no de ley. • Advierte contra el uso de la comisión como escenario de confrontación política y anuncia una abstención en la votación.
Otros interventores (Vasco, Socialista, etc.)	• Señalan que la iniciativa no distingue entre servicios “esenciales” y “no esenciales”, lo que podría generar arbitrariedad y vulnerar los principios de igualdad (artículo 14) y de no discriminación (artículo 9).

3. Resultado de la votación

• Votos a favor: 19
• Abstenciones: 13
• Votos en contra: 0

La proposición fue aprobada por mayoría de votos a favor, pese a que varios grupos parlamentarios optaron por abstenerse y a otros les quedó la duda sobre la competencia de la comisión para debatirla.

4. Matices relevantes

• Competencia de la comisión: El presidente de la sesión recordó que la calificación de la iniciativa corresponde a la Mesa del Congreso; cualquier discrepancia puede ser recurrida mediante recurso de reconsideración o, en última instancia, ante el Tribunal Constitucional.
• Enfoque transversal: Tanto el PP como VOX insisten en que la solución debe ser una política transversal que implique a todas las administraciones (nacional, autonómica y local).
• Solicitud de informe: La propuesta incluye la petición de que el Defensor del Pueblo elabore un informe específico sobre la brecha digital que afecta a las personas mayores, con el fin de formular recomendaciones concretas.

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Conclusión: La proposición no de ley busca garantizar que las personas mayores no queden excluidas de los servicios públicos esenciales por la falta de competencias o recursos digitales. Fue apoyada mayoritariamente (19‑0‑13) y aprobada, aunque varios grupos parlamentarios expresaron reservas sobre la competencia de la Comisión Mixta y sobre la necesidad de canalizar la iniciativa a otras comisiones o a la propia acción del Gobierno. El debate dejó claro que, pese a los consensos sobre la existencia del problema, persisten diferencias sobre el foro y la forma más adecuada de abordarlo.

La Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo ha aprobado la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular que busca garantizar que las personas mayores (y otros colectivos vulnerables frente a la brecha digital) puedan acceder a los servicios públicos esenciales sin depender exclusivamente de la vía digital.

En su acuerdo, la comisión insta al Gobierno a:

1. Mantener una atención presencial obligatoria y accesible en todos los servicios públicos esenciales, con especial prioridad para mayores, personas con discapacidad y usuarios con dificultades digitales.
2. Coordinar con comunidades autónomas y ayuntamientos la implantación de medidas de accesibilidad administrativa que faciliten la atención a quienes no utilizan medios digitales.
3. Lanzar campañas de alfabetización digital adaptada a personas mayores, en colaboración con asociaciones de mayores, universidades populares y servicios sociales municipales.

Además, la comisión solicitará al Defensor del Pueblo la elaboración de un informe monográfico sobre la exclusión digital de este colectivo, con recomendaciones concretas.

El acuerdo se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y queda registrado como aprobado el 1 de julio de 2026. La iniciativa sigue en fase de propuesta no legislativa; su objetivo es presionar al Gobierno para que adopte las medidas solicitadas.