Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2025-2027 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2025

El Gobierno ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2025-2027, así como el límite de gasto no financiero del Estado para 2025. Estos objetivos se establecen en el marco de las nuevas reglas fiscales europeas, que buscan garantizar finanzas públicas sostenibles y promover el crecimiento económico.

El acuerdo fija las metas de déficit y deuda para la Administración Central, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y la Seguridad Social. Se prevé una reducción progresiva del déficit y la deuda pública en los próximos años.

Además, se establece el límite máximo de gasto no financiero del Estado para 2025 en 199.171 millones de euros, que incluye fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Este límite se desglosa en una parte "nacional" y otra que incorpora los fondos europeos.

El documento también detalla la tasa de referencia para la variación anual del gasto computable de las administraciones públicas, que se sitúa en torno al 3,2%-3,4% para el periodo 2025-2027.

Este acuerdo se remite ahora a las Cortes Generales para su deliberación y aprobación, cumpliendo con la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Debate y Votación: Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Deuda Pública 2025-2027 y Límite de Gasto 2025

El Pleno del Congreso de los Diputados debatió y votó el acuerdo del Gobierno para fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas entre 2025 y 2027, así como el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2025.

Argumentos a favor (Gobierno y Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Grupo Parlamentario Vasco - PNV, Grupo Parlamentario Republicano - ERC, Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu):

• Gobierno (Ministra de Hacienda): Defendió que los objetivos propuestos son ambiciosos y responsables, permitiendo la consolidación fiscal sin renunciar al crecimiento económico y al fortalecimiento del Estado del Bienestar. Se destacó la mejora de la situación económica de España, el liderazgo en crecimiento dentro de la Eurozona y la creación de empleo. Se enfatizó que el esfuerzo de reducción del déficit recaerá íntegramente en la Administración central, liberando a comunidades autónomas y entidades locales. Se presentó como una alternativa a las políticas neoliberales y de austeridad.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: Apoyó la senda de estabilidad, aunque hubiera preferido una reducción menos acelerada del déficit para destinar más margen fiscal a reducir el desempleo. Propuso medidas para aumentar los ingresos fiscales (eliminar exenciones, aumentar impuestos a banca y energéticas, impuesto de solidaridad a grandes fortunas) y destinar esos recursos a políticas sociales (permisos de cuidado, prestación por crianza, universalización de la dependencia) y a la mejora del acceso a la vivienda.
• Grupo Parlamentario Vasco (PNV): Anunció su voto a favor, considerando que es la herramienta fundamental para que el Gobierno pueda avanzar en la legislatura y cumplir su plan de acción. Sin embargo, señaló la necesidad de abordar cuestiones como la negociación de los objetivos de estabilidad para las comunidades forales y la adaptación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria al nuevo marco europeo. Criticó la simetría de los objetivos y la mayor carga de esfuerzo para las comunidades autónomas y ayuntamientos.
• Grupo Parlamentario Republicano (ERC): Expresó su deseo de que Cataluña disponga de máximas herramientas y recursos para garantizar una vida digna y prosperidad. Señaló que la Administración central se apropia del 96% del margen global de déficit, mientras las comunidades autónomas, que asumen el 33% del gasto público, solo disponen del 4%. Consideró esta distribución desproporcionada e injusta, especialmente dado el peso de las competencias autonómicas en servicios públicos.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu: Consideró que los presupuestos deben ser para la transformación social, con políticas audaces y estructurales. Expresó preocupación por el retorno de las reglas fiscales europeas y su potencial para generar recortes sociales. Abogó por aumentar la recaudación gravando a los más ricos y grandes empresas, y por asegurar la inversión pública en lugar de recortes.

Argumentos en contra (Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario VOX):

• Grupo Parlamentario Popular: Rechazó el acuerdo por tres motivos principales: inconsistencias intrínsecas en la propuesta (informes de la AIReF sobre deterioro fiscal, incertidumbre sobre la condonación de deuda, no contemplación de gastos contingentes como defensa), motivos económicos (crecimiento del PIB no se corresponde con la reducción de deuda, déficit estructural alto, aumento de la presión fiscal) y motivos políticos (falta de diálogo con la oposición, uso del procedimiento legislativo para aprobar el techo de gasto sin consenso).
• Grupo Parlamentario VOX: Votó en contra argumentando que el Gobierno tiene un claro afán recaudatorio y ha subido los impuestos en numerosas ocasiones. Señaló que las políticas del Gobierno empobrecen a los españoles, con salarios reales por debajo de los niveles prepandemia, pérdida de poder adquisitivo y aumento del riesgo de pobreza. Criticó el incremento de la deuda pública y la irresponsabilidad en la gestión de las cuentas públicas. Consideró que el único objetivo del Gobierno es mantenerse en el poder y que la condición indispensable para la sostenibilidad de las cuentas públicas es su salida.

Acuerdo, Desacuerdo o Matices Relevantes:

• Desacuerdo General: La votación final resultó en el rechazo de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno, con 171 votos a favor y 178 en contra.
• Matices:
  • El Gobierno defendió la propuesta como necesaria para la consolidación fiscal y el progreso, mientras que la oposición la consideró irresponsable y perjudicial.
  • SUMAR apoyó la propuesta pero con condiciones y propuestas de mejora en cuanto a la política fiscal y el gasto social.
  • ERC, EH Bildu y PNV mostraron su apoyo a la posibilidad de negociar presupuestos, pero expresaron críticas significativas sobre la distribución del déficit, la financiación autonómica y la necesidad de un cambio de modelo.
  • El PP y VOX rechazaron rotundamente la propuesta, basándose en argumentos de credibilidad de las cifras, sostenibilidad a medio plazo y crítica a la gestión económica y política del Gobierno.
  • Se señaló que el techo de gasto no se sometía a votación, sino únicamente los objetivos de estabilidad y deuda.
  • Hubo un debate sobre la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la eliminación del veto del Senado, con posturas encontradas.
  • Se mencionó la condición de las comunidades autónomas forales y su diferente procedimiento para fijar objetivos de estabilidad.

El Gobierno ha remitido a las Cortes Generales un acuerdo para fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2025-2027, así como el límite de gasto no financiero del Estado para 2025. Este acuerdo se enmarca en el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea, que busca garantizar finanzas públicas sostenibles y promover el crecimiento.

El documento establece los objetivos de déficit y deuda para el conjunto de las Administraciones Públicas y sus subsectores, así como la regla de gasto que limita el incremento del gasto público. Se detalla el límite de gasto no financiero del Estado para 2025, que asciende a 199.171 millones de euros, incluyendo los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Se adjunta un informe sobre la situación económica de España, que proyecta un crecimiento del PIB del 2,4% en 2024 y del 2,2% en 2025, y prevé una moderación de la inflación. También se incluye la Recomendación del Consejo de la UE sobre las políticas económicas, sociales, de empleo, estructurales y presupuestarias de España, que insta a presentar un plan fiscal estructural a medio plazo, reforzar la gestión de fondos europeos y mejorar la gestión del agua.

Resultado iniciativa: Rechazada