Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés

1. De qué trata la iniciativa
El Real Decreto‑ley 21/2026, de 25 de agosto, pretendía regular la transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. Entre sus disposiciones estaba la creación de un Registro estatal de grupos de interés, normas de conducta, la obligación de publicar la “huella normativa” de dichos grupos y un régimen sancionador gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el objetivo de reforzar la lucha contra la corrupción y adaptar la normativa española a compromisos europeos y a planes de gobierno abierto.

2. Qué ha ocurrido en su trámite

• 25 agosto 2026: Publicación del Real Decreto‑ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
• 16 septiembre 2026: Votación en el Congreso de los Diputados sobre la iniciativa. Resultado: 155 votos a favor, 179 en contra, 12 abstenciones y 4 miembros que no votaron.
• 18 septiembre 2026: Resolución del Congreso que ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto‑ley.
• 24 septiembre 2026: En sesión del Congreso, se debate y aprueba por unanimidad la derogación total del Real Decreto‑ley 21/2026; se ordena su publicación conforme al artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

3. Qué apoyos y rechazos recibió
En la votación del 16 de septiembre 2026 el proyecto obtuvo 155 apoyos y 179 rechazos, con 12 abstenciones y 4 miembros que no emitieron voto. Posteriormente, la derogación fue aprobada por unanimidad en la sesión del 24 de septiembre de 2026.

4. En qué estado está la iniciativa actualmente
El Real Decreto‑law 21/2026 ha sido derogado totalmente y ya no está en vigor. La derogación está formalmente acordada y publicada.

5. Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo
La aprobación de la derogación implica que todas las disposiciones del Real Decreto‑ley quedan anuladas y dejan de producir efectos legales. No hay pasos legislativos posteriores (no pasa a otra cámara ni se convierte en ley); el proceso se concluye con la publicación de la derogación y la eliminación del texto del ordenamiento jurídico.