Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio

El presente documento recoge el debate de convalidación o derogación del Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio (expediente 130/000058), celebrado en el Congreso de los Diputados el 16 de octubre de 2026.

Argumentos principales a favor (y matices):

El Gobierno, a través del Vicepresidente Primero y Ministro de Economía, Comercio y Empresa (Sr. Cuerpo Caballero), defendió la convalidación del Real Decreto-ley. Argumentó que su objetivo es proteger a los hogares y sectores económicos más afectados por el aumento de los precios energéticos debido a la guerra en Irán, y reforzar la soberanía energética de España. Destacó que la guerra se ha prolongado e intensificado, llevando a un incremento de los precios del petróleo y el gas, lo que ha impactado significativamente en la inflación general. Las medidas del decreto, que dan continuidad a paquetes anteriores, incluyen:

• Alivio en los carburantes (reducción de 20 céntimos/litro para diésel y gasolina, prorrogable si los precios superan un umbral).
• Reducción de la factura energética (limitación temporal del crecimiento de la Tarifa de Último Recurso del gas natural, contención del precio del butano envasado, y posibilidad de reactivar rebajas de IVA e impuestos especiales en electricidad y gas).
• Protección a sectores afectados (ayudas al gasóleo para agricultura y pesca, y al combustible para el transporte terrestre, marítimo y ferroviario).
• Medidas de soberanía energética (aumento de reservas mínimas de gas natural licuado, gestión de reservas petrolíferas, refuerzo del marco regulatorio y del sistema de certificados de ahorro energético). Señaló que las medidas han amortiguado la inflación y que el requisito de mantenimiento del empleo para las empresas beneficiarias y la supervisión de la CNMC garantizan la transparencia y efectividad. El paquete total de medidas asciende a más de 12.000 millones de euros.

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), por medio del Sr. Legarda Uriarte, apoyó la convalidación para mantener los mecanismos que amortiguan el impacto de la crisis en familias y sectores productivos. Valoró positivamente la limitación de la tarifa del gas, el precio del butano y las medidas fiscales para carburantes, electricidad y gas, así como las ayudas a transporte, agricultura, ganadería y pesca. Sin embargo, criticó la falta de diálogo previo con los grupos parlamentarios y señaló que la prórroga de ayudas no siempre resuelve los problemas (ej. compensaciones a la pesca no basadas en consumo real, retrasos en pagos). Demandó agilidad en la aplicación de las ayudas y avances en infraestructuras energéticas.

El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, a través de la Sra. Aizpurua Arzallus, también dio su apoyo al decreto, rechazando la guerra y sus consecuencias en la mayoría social y trabajadora (aumento de precios de energía, combustible, alimentos y vivienda). Consideró las medidas necesarias para frenar la escalada de precios. No obstante, matizó que el coste de la protección no debe recaer solo en los trabajadores y el sector público. Propuso que el esfuerzo provenga también de las grandes energéticas, petroleras, banca y grandes fortunas, recuperando los impuestos a estos sectores que, según su grupo, fueron tumbados por otros partidos. Demandó un aumento del salario mínimo, revalorización de pensiones y que la prohibición de cortes de suministros para familias vulnerables sea estructural.

El Grupo Parlamentario Republicano, por medio del Sr. Rufián Romero, anunció su voto a favor, aunque criticó al Gobierno por actuar "a golpe de emergencia" en lugar de con un plan ambicioso y progresista. Abogó por un cambio en la repercusión de los impuestos, gravando más la riqueza que el trabajo. Lamentó que, a pesar de la generación de riqueza en el país, esta esté mal repartida y que la clase media esté en riesgo de pobreza.

El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, representado por el Sr. Martín Urriza, apoyó la convalidación por proteger a las familias y al tejido productivo. Coincidió en que las medidas son necesarias y de amplio alcance. Sin embargo, destacó que los precios en España aumentan más rápido que en la Eurozona debido a empresas con poder de mercado que fijan precios abusivos. Propuso siete direcciones de acción, incluyendo límites temporales a precios abusivos, recuperar el impuesto a las energéticas, promover la tarifa regulada de gas, compartir información de márgenes empresariales con sindicatos, proteger a inquilinos y limitar subidas de hipotecas, garantizar remuneración mínima de depósitos y acelerar la electrificación.

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de la Sra. Blanquer Alcaraz, defendió el decreto como necesario, responsable y estratégico. Subrayó que protege a familias y empresas, adapta los instrumentos de protección a la evolución de la crisis y contribuye a reducir vulnerabilidades futuras. Resaltó que la crisis es externa, transversal y persistente, por lo que la respuesta del Gobierno ha sido continuada y estratégica, monitorizando la economía para proteger a las familias y sostener la actividad productiva. Puso en valor las ayudas a pescadores y el impacto positivo de las medidas en la economía española, contrastando la gestión del Gobierno con las políticas del Partido Popular en crisis anteriores.

Argumentos principales en contra:

El Grupo Parlamentario Mixto (Belarra Urteaga - Podemos), aunque su grupo podría haber votado a favor, expresó fuertes críticas a la gestión del Gobierno. Acusó al Gobierno de no escuchar a la gente, de estar desconectado de la realidad social (especialmente en vivienda), y de que las medidas del decreto son temporales y no abordan cuestiones estructurales. Afirmó que las rebajas fiscales no han sido un éxito (los precios de los carburantes han subido) y solo han servido para "engordar las cuentas de resultados de las grandes energéticas", que han obtenido beneficios récord.

El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, por medio del Sr. Cruset Domènech, aunque su voto no se especifica como "en contra" en el resumen final, su intervención fue una crítica generalizada a la gestión del Gobierno. Lo calificó de "fracaso" por incumplir acuerdos, no sacar adelante leyes y hacer de la mentira su forma de gobernar. Acusó al Gobierno de recaudar un 61% más de impuestos entre 2018 y 2025, empobreciendo a la clase media y trabajadora, mientras los servicios públicos son "indignos". Implícitamente, consideró las medidas del RDL insuficientes o parte de una política económica fallida.

El Grupo Parlamentario VOX, representado por el Sr. Figaredo ÁlvarezSala, se opuso al decreto, calificando al Gobierno de "el más mentiroso de la historia de España" y al decreto como un conjunto de "parches" que ocultan la realidad. Criticó que el Gobierno no reduzca el impuesto de hidrocarburos de forma permanente al mínimo exigido por la UE, ya que, según su grupo, el Gobierno es el que más gana con la inflación. Denunció que las rebajas del IVA a la luz y el gas solo se aplicarían si el IPC supera el 15%, lo que consideró una "tomadura de pelo". También criticó la inclusión de medidas no relacionadas con la guerra de Irán, como la fiscalidad de criptoactivos y la flexibilización de ayudas a La Palma (permitiendo el 100% de subcontratas), acusando al Gobierno de ser "estafadores". Además, señaló que el tope a la tarifa del gas y butano implica que los españoles pagarán la diferencia con intereses posteriormente. Consideró que la prohibición de despidos para empresas beneficiarias de ayudas (como agricultores o pescadores) las lleva a la quiebra y que la exigencia de un "plan de movilidad sostenible" para pescadores es absurda y punitiva.

El Grupo Parlamentario Popular, a través del Sr. Marí Bosó, calificó el decreto como el "último fracaso" de la política económica del Gobierno. Acusó al Gobierno de usar "planes integrales" como un "espejismo" mientras el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un "fracaso absoluto" (devolución de fondos, pérdida de productividad). Argumentó que la política económica del Gobierno ha llevado a salarios bajos, precariedad, inflación descontrolada y productividad negativa. Criticó que el Gobierno haya reconocido su fracaso con una inflación del 5% y que los recortes en las ayudas al transporte y la tardanza en reducir el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica demuestran su mala gestión. Propuso una alternativa basada en la deflactación del IRPF, deducciones por hijos, IVA cero en productos básicos y reducción del IVA de la luz.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

Hubo un desacuerdo fundamental sobre la eficacia y el enfoque de las medidas del Real Decreto-ley. Mientras el Gobierno y el Grupo Socialista defendieron la necesidad y el acierto de las medidas como una respuesta equilibrada y estratégica a una crisis externa, los grupos de la oposición (VOX y PP) las calificaron de "parches" insuficientes y criticaron la gestión económica general del Gobierno, la recaudación fiscal y la inclusión de medidas ajenas al objetivo principal.

Los grupos que votaron a favor (EAJPNV, Euskal Herria Bildu, Republicano, SUMAR) expresaron matices y críticas significativas a la política del Gobierno, a pesar de apoyar la convalidación. Coincidieron en la necesidad de las ayudas para la ciudadanía, pero demandaron medidas más estructurales, un reparto más justo de la carga económica (gravando a grandes empresas y fortunas), mayor agilidad en la aplicación de las ayudas y una estrategia a largo plazo para la soberanía energética y la protección social.

Resultado de la votación:

El Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, fue convalidado por 62 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.