Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible

Resumen del debate de convalidación del Real Decreto‑ley 26/2026 (protección de la función social de la vivienda y ampliación de la oferta asequible)

Tipo de sesión: Debate de convalidación o derogación de real decreto‑ley.

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1. Posiciones a favor (quienes defendieron la convalidación)

Grupo / Intervención	Principales argumentos a favor
Ministra de Vivienda y Agenda Urbana (Rodríguez García)	– El decreto responde a la “urgencia” provocada por casos como el desahucio de Maricarmen, ofreciendo “alivio automático” a miles de personas. – Busca garantizar la función social de la vivienda (artículo 47 CE) y frenar la especulación inmobiliaria. – Incluye incentivos fiscales, ayudas directas, bonificaciones para inquilinos y propietarios, exenciones de IVA para la construcción de vivienda protegida y préstamos a tipo cero para jóvenes. – Se han realizado meses de negociaciones con la mayoría de los grupos parlamentarios; el texto recoge “concesiones” de varios partidos.
Grupo Socialista (PSOE)	– Defiende el derecho constitucional a una vivienda digna. – Señala que las medidas ya están “en vigor” y que han “paralizado desahucios”.
SUMAR, Podemos, Bildu, BNG, Coalición Canaria, PNV, Euskal Herria Bildu, Bloque Nacionalista Galego	– Aprecian la combinación de protección a inquilinos vulnerables y regulación de los fondos buitre (limitación de compra especulativa, mayor imposición a pisos turísticos). – Consideran que el decreto es un “primer paso” necesario, aunque insuficiente, para avanzar hacia una vivienda más asequible.
Otros grupos que apoyaron (ej. algunos miembros del Grupo Mixto, algunos diputados de Junts que se pronunciaron a favor de ciertos puntos)	– Reconocen la necesidad de prórroga automática de contratos y la suspensión de desahucios como medida de emergencia.

Resumen de los argumentos a favor: el texto pretende proteger a los sectores más vulnerables, frenar la especulación, mejorar la oferta de vivienda pública y ofrecer ayudas e incentivos tanto a inquilinos como a pequeños propietarios. Se presenta como una respuesta urgente a la crisis de vivienda y a la presión social surgida tras el caso Maricarmen.

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2. Posiciones en contra (quienes defendieron la derogación)

Grupo / Intervención	Principales argumentos en contra
Partido Popular (PP)	– Acusan al Gobierno de “ignorar la realidad del mercado” y de “favorecer a los fondos buitre”. – Aseguran que la medida “no protege a los pequeños propietarios” y que “reduce la oferta de alquiler”.
VOX	– Sostienen que la medida es “una expropiación del derecho de propiedad”. – Argumentan que la suspensión de desahucios y la congelación de rentas desincentivan el alquiler y generan escasez y aumento de precios.
Junts per Catalunya	– Critican la falta de claridad sobre quién es “pequeño propietario”. – Señalan que el decreto “no aborda la falta de oferta” y que la regulación de alquileres “puede reducir aún más la disponibilidad”.
Grupo Mixto (Micó Micó, Catalán Higueras, Valido García, Rego Candamil, Belarra Urteaga)	– Algunos (p. ej. Micó Micó) denuncian que el PP y sus socios “venden a los fondos buitre” y que la medida “no es suficiente”.
Grupo Vasco (EAJ PNV)	– Señalan que el decreto “no permite un debate parlamentario suficiente” y que el uso del decreto‑ley “limita la capacidad de enmienda”.
Bildu (Matute García de Jalón)	– Reconocen la necesidad de medidas urgentes, pero critican que el decreto “no es suficiente” y que “no protege adecuadamente a los pequeños propietarios”.
BNG	– Considera el decreto “insuficiente” y que “solo cubre parcialmente la necesidad”.
Grupo Plurinacional SUMAR (Pisarello Prados, Andala Ubbi, etc.)	– Aceptan la necesidad de intervención, pero advierten que “el mercado seguirá favoreciendo a los grandes tenedores”.
Otros diputados (ej. Hernández Quero – VOX, Rufián Romero – ERC, etc.)	– Recalcó que las medidas “transferirían 624 M€ de los propietarios a los inquilinos” sin resolver el problema estructural de la escasez de vivienda.
Varios diputados (p. ej. López Álvarez – PSOE, Sayas López – PP)	– Criticaron la ausencia de un proyecto de ley que permita enmiendas y debate más amplio; consideran que la urgencia “no justifica el uso del decreto‑ley”.

Resumen de los argumentos en contra: se percibe que el texto podría reducir la oferta de alquiler, penalizar a pequeños propietarios, limitar la libertad de contrato y no abordar la falta de vivienda pública. Además, se critica el procedimiento de urgencia (decreto‑ley) como insuficiente para un tema tan complejo y se denuncia una supuesta defensa de los intereses de los fondos buitre.

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3. Resultado de la votación y matices finales

Resultado	Votos a favor	Votos en contra
Convalidación del Real Decreto‑ley 26/2026	172	178
Conclusión	El proyecto quedó derogado (no se convalidó).

Matices importantes señalados durante el debate

• Procedimiento: varios grupos (p. ej. el Grupo Vasco) subrayaron que el uso del decreto‑ley limita el debate y la posibilidad de enmienda, pidiendo que la materia sea tramitada como proyecto de ley.
• Impacto real: los defensores enfatizaron la urgencia social y los efectos positivos inmediatos (suspensión de desahucios, ayudas). Los opositores advertían de efectos negativos a medio‑largo plazo (menos oferta, aumento de precios, desincentivo a los propietarios).
• Coaliciones de apoyo: la mayoría de los partidos de izquierda y nacionalistas (PSOE, Sumar, Bildu, BNG, PNV, Coalición Canaria, etc.) apoyaron el texto, mientras que la derecha (PP, VOX, Junts) se opuso de forma unánime.
• Retórica social: el debate estuvo cargado de referencias a la movilización social (campamentos, desahucios, “Maricarmen”), a la necesidad de “dar dignidad” y a la denuncia de “fondos buitre”.

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4. Conclusión breve para la ciudadanía

El Real Decreto‑ley 26/2026 pretendía, en una urgencia declarada, proteger a los inquilinos vulnerables, frenar la especulación inmobiliaria y ampliar la vivienda asequible mediante una serie de medidas fiscales y de regulación del alquiler. Aun así, la mayoría de los diputados (178) consideró que el texto no era adecuado, argumentando que podría reducir la oferta de alquiler, perjudicar a los pequeños propietarios y que el procedimiento de decreto‑ley no permite el debate necesario. Por ello, la propuesta fue rechazada y quedó derogada.

El Congreso de los Diputados, en sesión del 2 de octubre de 2026, debatió y votó en totalidad el Real Decreto‑ley 26/2026, de 29 de septiembre, que pretendía modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para:

• obligar la prórroga automática de los contratos de alquiler tras cinco años (siete si el arrendador es una persona jurídica);
• ampliar el preaviso del arrendador a seis meses;
• establecer una indemnización de al menos doce mensualidades al inquilino cuando el arrendador decidiera no renovar, salvo causas justificadas.

Tras la deliberación, el Pleno acordó la derogación del decreto‑ley, es decir, su rechazo definitivo. Por tanto, la normativa propuesta no entra en vigor y la regulación vigente sobre arrendamientos urbanos permanece sin cambios. El acto se publica conforme al artículo 97 del Reglamento de la Cámara y queda formalizado por el Secretario General del Congreso, Fernando Galindo Elola‑Olaso.