Proposición no de Ley relativa a la urgente necesidad de actuar ante el grave deterioro de la red viaria española y su incompatibilidad con la Estrategia de Seguridad Vial 2030

La proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular denuncia el grave deterioro de la red viaria española, que supera el 50 % de carreteras en estado crítico, y la falta de ejecución del Plan 2024‑2025 de la Estrategia de Seguridad Vial 2030. Propone la creación urgente de un Plan Nacional de Conservación Viaria en seis meses, la evaluación tecnológica de la seguridad de toda la red, la incorporación de sus resultados en los informes anuales de la estrategia y el estudio de los recursos financieros y administrativos necesarios. El objetivo es frenar el deterioro, mejorar la seguridad y restituir la credibilidad de la política vial nacional.

Enmienda de Grupo Parlamentario Socialista

• Objeto: Sustituye íntegramente los cuatro apartados originales de la proposición, introduciendo nuevos objetivos de inversión, criterios de gestión y mecanismos de coordinación.

• Modificación(es):

  1. Reemplaza el punto 1 original por una exigencia de concienciación dentro de la Red Estatal de Carreteras (RCE) para alcanzar, “lo antes posible”, una inversión del 2 % del valor patrimonial de la red y cubrir un déficit de 5 600 M €, además de dotar de recursos humanos, técnicos y mejoras retributivas al personal de la Dirección General de Carreteras.
  2. Añade la obligación de continuar la planificación y tratamiento de los tramos más peligrosos, con coordinación y transferencia de buenas prácticas a otras administraciones.
  3. Sustituye el punto 2 original por la continuidad de evaluaciones periódicas del nivel de seguridad, con referencia a la Directiva 2019/1936 y al TRM (referente técnico), promoviendo una metodología homogénea y la cooperación entre la Dirección General de Carreteras y otros titulares.
  4. Modifica el punto 3 original para que el seguimiento de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 se publique a través del Consejo Superior de Tráfico.
  5. Amplía el punto 4 original, indicando que cada administración de carreteras debe analizar los instrumentos financieros y de gestión posibles, y que se debe alcanzar un consenso parlamentario para una dotación presupuestaria sostenible y creciente en la RCE.

• Efecto: La enmienda amplía el alcance de la iniciativa, pasando de una mera solicitud de plan a una agenda detallada que fija un objetivo de inversión concreto (2 % del patrimonio), establece mecanismos de coordinación interadministrativa, introduce referencias normativas europeas y técnicas, y crea un marco de seguimiento y financiación respaldado por el Parlamento.

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Enmienda de Grupo Parlamentario VOX

• Objeto: Modifica los cuatro apartados originales y añade tres nuevos puntos (5‑7), ampliando el contenido con medidas de reducción de siniestralidad, criterios de distribución territorial de la inversión y estudio de responsabilidades jurídicas.

• Modificación(es):

  1. Mantiene el texto original del punto 1 (plan nacional de conservación viaria en seis meses).
  2. Conserva el punto 2 original (evaluación del nivel de seguridad con metodologías basadas en datos y tecnología).
  3. Reformula el punto 3 para enfatizar que los resultados del plan deben integrarse en los informes anuales de la Estrategia 2030 y garantizar un control parlamentario periódico mediante la remisión de dichos informes.
  4. Preserva el punto 4 original (estudio de instrumentos financieros y administrativos).
  5. Nuevo punto 5: Impulsa todas las medidas necesarias para reducir la siniestralidad en los “puntos negros” identificados por la Dirección General de Tráfico, incluyendo mejoras de trazado y señalización.
  6. Nuevo punto 6: Exige que la distribución territorial de la inversión en conservación viaria se base exclusivamente en criterios objetivos y busque la optimización de resultados.
  7. Nuevo punto 7: Ordena la elaboración de un análisis pormenorizado de las posibles responsabilidades jurídicas derivadas del estado de conservación de las carreteras, según lo indicado por la Fiscalía de Seguridad Vial.

• Efecto: La enmienda refuerza la propuesta original con un conjunto de medidas operativas y de control más amplio, introduciendo obligaciones específicas de reducción de siniestralidad, criterios de asignación de recursos y una evaluación de la responsabilidad legal del Estado, sin alterar sustancialmente la estructura de los cuatro puntos iniciales.

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Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

Tras la incorporación de ambas enmiendas, la proposición queda ampliada y reconfigurada en varios niveles. Se mantiene la exigencia de elaborar, en un plazo máximo de seis meses, un Plan Nacional de Conservación Viaria con la participación de todas las administraciones competentes y la identificación de tramos críticos medibles.

Se añaden metas cuantitativas de inversión —alcanzar el 2 % del valor patrimonial de la red y cubrir un déficit de 5 600 M €— y se refuerzan los recursos humanos y técnicos de la Dirección General de Carreteras.

La evaluación del nivel de seguridad de la red se realizará de forma periódica, siguiendo la Directiva 2019/1936 y el referente técnico del TRM, garantizando una metodología homogénea y la coordinación entre la Dirección General de Carreteras y otros titulares.

Los resultados del plan deberán incorporarse a los informes anuales de seguimiento de la Estrategia de Seguridad Vial 2030, con publicación a través del Consejo Superior de Tráfico y un control parlamentario periódico.

Se establecen instrumentos de seguimiento y se promueve un consenso parlamentario para una dotación presupuestaria sostenible y creciente en la Red de Carreteras del Estado.

Además, se incorporan medidas concretas para reducir la siniestralidad en los puntos negros (mejoras de trazado y señalización), se exige que la distribución territorial de la inversión se base exclusivamente en criterios objetivos y se ordena un análisis detallado de las posibles responsabilidades jurídicas del Estado por el estado de conservación de las carreteras.

En conjunto, la iniciativa pasa de una simple solicitud de plan a un marco integral que combina objetivos de inversión, criterios técnicos y normativos, mecanismos de coordinación interadministrativa, seguimiento y control parlamentario, y una dimensión jurídica que busca garantizar la efectividad y la responsabilidad en la gestión de la red viaria española.

Resultado iniciativa: Rechazada