Comparecencia de don Gerardo Roger Fernández Fernández, Arquitecto y Urbanista, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con la Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición de ley busca mejorar la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, impulsar el desarrollo urbano y facilitar el acceso a la vivienda. Propone, entre otras medidas, que la Administración pública gestione directamente la construcción y el alquiler de viviendas asequibles (con precios de 300‑500 €/mes), que el suelo público destinado a vivienda protegida se asigne gratuitamente a los ayuntamientos y se destine a viviendas dotacionales, y que el “silencio administrativo positivo” implique la inscripción automática de los actos en el Registro de la Propiedad y la formalización de los contratos de alquiler en escritura pública.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 15 de junio de 2026: Comparecencia de Gerardo Roger Fernández Fernández ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana (expediente 219/000674).
• El ponente expuso diagnósticos sobre la falta de viviendas asequibles, criticó el modelo de producción privado‑público y presentó sus propuestas de gestión pública, uso del suelo y seguridad jurídica.
• Tras la exposición, los grupos parlamentarios intervinieron con preguntas y observaciones. Todos coincidieron en la necesidad de mayor seguridad jurídica; sin embargo, surgieron desacuerdos sobre la necesidad de más vivienda, la viabilidad del modelo de gestión pública directa y la rapidez de los procesos urbanísticos.
• No se registró votación ni adopción de acuerdos formales en esa sesión; la comparecencia sirvió como debate preliminar que alimentará el seguimiento de la proposición.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
No hubo votación. Las posturas de los grupos parlamentarios fueron las siguientes (como datos objetivos):

• Junts per Catalunya: cuestionó la afirmación de que no se necesita más vivienda.
• SUMAR: mostró interés en cooperativas y modelos técnicos, solicitó aclaraciones.
• VOX: expresó dudas sobre la factibilidad del modelo público directo y los recursos necesarios.
• Socialista: apoyó la necesidad de seguridad jurídica, pero advirtió contra una posible desregulación excesiva.
• Popular: coincidió en la importancia de la seguridad jurídica, pero pidió mayor operatividad y cumplimiento de plazos.
• APCE (asociación de promotores): defendió la colaboración público‑privada y la necesidad de incentivos fiscales, reconociendo la falta de capital público suficiente.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La proposición de ley sigue en trámite. Tras la comparecencia, la iniciativa continúa en la fase de debate y análisis en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, sin haber sido aprobada, rechazada, archivada ni retirada.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
El hecho de que la iniciativa haya sido objeto de comparecencia y debate en la comisión significa que está siendo examinada y que sus contenidos serán considerados en los próximos pasos del proceso legislativo. Si la comisión emite un informe favorable, la proposición podrá avanzar a la Mesa del Congreso para su votación en el Pleno; de lo contrario, podría ser modificada, archivada o quedar pendiente. En cualquier caso, el debate ha puesto de relieve los puntos críticos (seguridad jurídica, modelo de gestión pública y uso del suelo) que deberán resolverse antes de que la propuesta pueda convertirse en norma.