Informe de fiscalización de los sistemas de información de sanidad y salud pública, ejercicios 2019, 2020 y 2021

Resumen del informe «Fiscalización de los sistemas de información de sanidad y salud pública, ejercicios 2019‑2021»
Tipo de documento: presentación del informe ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas (sesión del 21 de mayo 2026).

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1. Contenido esencial del informe

Aspecto analizado	Conclusiones del Tribunal de Cuentas
Estructura institucional	Se revisaron la Secretaría de Estado de Sanidad, Ingesa, el Instituto de Salud Carlos III y la Secretaría General de Salud Digital.
Ámbitos cubiertos	Vigilancia epidemiológica, alertas y emergencias, vacunación y sanidad exterior.
Situación previa a la COVID‑19	No existía un sistema de información específico para la gestión y coordinación de emergencias sanitarias.
Gestión durante la pandemia	La mayor parte de la información se manejó con herramientas ofimáticas comerciales, correo electrónico, llamadas y videoconferencias. Los sistemas existentes (Red Nacional de Vigilancia en Salud Pública y CVS) no estaban preparados para la inmediatez y fiabilidad requeridas.
Problemas detectados	• División de flujos de información (canal ad‑hoc del Centro de Coordinación de Alertas vs. canal CVS) que generó datos no coincidentes. • Alta carga de trabajo para compilar y transformar datos. • Falta de interoperabilidad y de capacidad de respuesta rápida.
Medidas adoptadas (marzo 2020‑2021)	Creación e implantación de varias herramientas: ‑ SERLAB (registro de resultados de pruebas COVID). ‑ Cuadro de Mando y Control (monitorización diaria/semanal de recursos humanos, asistenciales y materiales). ‑ Spain Travel Health (registro sanitario de viajeros internacionales). ‑ Registro de vacunaciones.
Valoración global	El Tribunal reconoce una valoración positiva de los sistemas implantados, dadas las circunstancias y el corto plazo de desarrollo.
Recomendaciones	Avanzar hacia sistemas integrados e interoperables, reforzar recursos humanos y técnicos en el área tecnológica, y garantizar la explotación de la información en tiempo oportuno.

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2. Principales argumentos presentados por los grupos parlamentarios

Grupo	Argumentos a favor (destacan aspectos positivos)	Argumentos en contra (señalan deficiencias)	Comentario sobre su postura
SUMAR (Vergara Román)	Reconoce que la pandemia obligó a crear nuevas herramientas y que el informe muestra avances.	Critica la ausencia de un sistema de información de emergencias antes de 2020 y la falta de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (opuesta por PP, VOX y Junts). Señala casos de fallos en la gestión sanitaria (p. ej. cribado de cáncer de mama en Andalucía).	Enfoca la discusión en la necesidad de pasar de “derecho a la protección de la salud” a “derecho a la salud”, pidiendo reformas estructurales y mayor inversión.
PSOE (Jerez)	Subraya la capacidad de reacción del Ministerio de Sanidad: desarrollo rápido de SERLAB, dashboard, etc., y la modernización lograda pese a la crisis.	Señala que las deficiencias detectadas (interoperabilidad, coordinación, capacidad tecnológica) tenían raíces estructurales y una reducción de inversiones entre 2012‑2019.	Ofrece una visión equilibrada: reconoce los problemas, pero también valora la respuesta ágil y la modernización impulsada por la crisis.
VOX (Aizcorbe Torra)	No formula críticas directas al informe; se limita a agradecer la comparecencia y a preguntar sobre criterios de valoración en otros informes.	No presenta argumentos negativos específicos sobre los sistemas de información sanitaria.	Mantiene una postura neutra respecto a este informe concreto.
PP (Alía Aguado)	No destaca aspectos positivos del informe.	Señala que el informe evidencia la falta de sistemas actualizados y menciona la creación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública (SiViEs) sin reglamentación, así como la obsolescencia de herramientas como SiViEs y la falta de protección de datos sensibles.	Enfoca la crítica en la carencia de normativa y en la necesidad de actualizar los sistemas.
Otros grupos (Izquierda Confederal, etc.)	No aportan argumentos específicos sobre este informe.	No se registran intervenciones relevantes.	No influyen en la valoración del informe.

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3. Acuerdos, desacuerdos y matices

• Acuerdo amplio entre la mayoría de los grupos (SUMAR, PSOE, PP) en que el informe identifica deficiencias estructurales previas a la pandemia y que la respuesta durante la crisis implicó la creación rápida de nuevas herramientas.
• Matiz en la valoración:
  • SUMAR enfatiza la insuficiencia del marco institucional (ausencia de agencia de salud pública) y la necesidad de una reforma profunda.
  • PSOE reconoce esas mismas deficiencias pero destaca la capacidad de adaptación y la modernización lograda bajo presión.
  • PP se centra en la falta de normativa y en la obsolescencia de algunos sistemas, sin comentar los logros recientes.
• VOX no se pronunció de forma crítica ni elogiosa, por lo que su posición se mantiene neutral respecto a este informe.

En conjunto, el debate muestra consenso sobre la necesidad de mejorar la interoperabilidad, la integración y los recursos humanos y técnicos de los sistemas de información sanitaria, aunque difiere en la intensidad de la crítica y en las propuestas de reforma estructural. No se registró una votación específica sobre este informe dentro del fragmento analizado; la discusión se limitó a la exposición de la presidenta del Tribunal y a los comentarios de los grupos parlamentarios.

Resumen del debate y votación de la propuesta de resolución sobre el Informe de fiscalización de los sistemas de información de sanidad y salud pública (ejercicios 2019‑2021) – expediente 251/000154

Grupo parlamentario	Propuesta(s) presentada(s)	Resultado de la votación	Comentario sobre la posición
VOX	Una única propuesta de resolución (n.º 1).	Aprobada – 19 votos a favor, 13 en contra.	El grupo defendió la aprobación del informe y obtuvo mayoría suficiente, aunque con 13 votos contrarios.
Grupo Popular (PP)	Siete propuestas de resolución (n.º 2 a n.º 7).	Aprobadas – 30 votos a favor, 2 abstenciones.	Todas las propuestas fueron respaldadas por una amplia mayoría del PP; no hubo votos en contra.
Grupo Socialista (PSOE)	Propuestas n.º 8 a n.º 14. ‑ Propuesta 8: 13 a favor, 2 en contra, 17 abstenciones. ‑ Propuestas 9‑14: 30 a favor, 2 en contra.	Aprobadas – todas las propuestas fueron aceptadas.	El PSOE mostró una posición mayoritariamente favorable, aunque registró abstenciones (especialmente en la propuesta 8) y un pequeño número de votos en contra.

Principales puntos del debate

• Argumentos a favor / en contra:
  El fragmento del Diario de Sesiones no contiene el contenido de los argumentos expuestos por los grupos. Solo se registran los resultados de la votación. Por lo tanto, no se menciona en este fragmento qué razonamientos defendieron VOX, el PP o el PSOE a favor o en contra del informe.

• Acuerdo general:
  Todas las propuestas de resolución presentadas por los tres grupos fueron aprobadas. El consenso fue amplio, aunque con matices:

  • VOX obtuvo una mayoría estrecha (19‑13).
  • El PP aprobó sus propuestas con una mayoría muy cómoda (30‑0‑2).
  • El PSOE aprobó sus propuestas, pero en la primera (n.º 8) hubo un número importante de abstenciones (17) y dos votos en contra, indicando reservas parciales.

• Matices relevantes:

  • Las abstenciones del PSOE en la propuesta 8 reflejan dudas o reservas sin llegar a bloquear la aprobación.
  • Los votos en contra de VOX y del PSOE son minoritarios y no impidieron la adopción de las resoluciones.

Conclusión

En la sesión del 9 de junio de 2026, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas votó y aprobó todas las propuestas de resolución relacionadas con el informe de fiscalización de los sistemas de información de sanidad y salud pública (ejercicios 2019‑2021). No se registraron rechazos ni bloqueos; el acuerdo fue mayoritario, aunque con algunas abstenciones y escasos votos contrarios que indican pequeñas reservas dentro del debate.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, tras recibir el informe de fiscalización de los sistemas de información de sanidad y salud pública de los ejercicios 2019‑2021, adoptó una resolución (sesión del 9 de junio 2026) que contiene una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno y al Ministerio de Sanidad:

• Reserva estratégica: crear una reserva nacional de medicamentos y productos sanitarios esenciales para situaciones extraordinarias.
• Función interna de TI: que las tareas de tecnologías de la información sean realizadas por funcionarios del propio Ministerio, reduciendo la dependencia de contratación externa.
• Protección de datos: reforzar la vigilancia de la seguridad y confidencialidad de los datos sanitarios.
• Sistema integrado VIH/SIDA: desarrollar un único registro de información para el seguimiento de estas enfermedades, con requisitos de seguridad, integridad y trazabilidad.
• Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública: aplicar el Real Decreto 568/2024, garantizando interoperabilidad entre fuentes estatales, autonómicas y privadas, y actualizar el marco normativo de la Red de Vigilancia Epidemiológica según la Estrategia de 2022.
• Vigilancia de enfermedades respiratorias: asignar recursos para completar los sistemas centinela y apoyar a las comunidades autónomas en una red operativa nacional.
• Reserva de productos sanitarios: implementar un sistema de información que permita monitorizar en tiempo real la disponibilidad de recursos materiales del Sistema Nacional de Salud.
• Herramienta de monitorización de recursos sanitarios: crear un instrumento que informe sin desfase sobre personal sanitario, camas y demás capacidades para una mejor planificación y respuesta ante emergencias.
• Interoperabilidad de sanidad exterior: actualizar los sistemas de información, asegurando que los datos de los centros de vacunación sean accesibles desde la Historia Clínica Digital.
• Refuerzo de recursos humanos: promover planes que reduzcan la dependencia externa en el ámbito de TI.

La resolución se ordena publicar en la Sección Cortes Generales del Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) el 14 de julio 2026. Se trata de una decisión de la comisión, no de una norma legislativa; su objetivo es instar al Ejecutivo a adoptar las medidas señaladas. Actualmente la iniciativa se encuentra en fase de resolución adoptada y difusión, pendiente de la respuesta del Gobierno.