Informe de fiscalización de los efectos de la COVID-19 sobre los ingresos de los ayuntamientos de comunidades autónomas sin órgano de control externo propio

Resumen del informe 251/000134 – “Fiscalización de los efectos de la COVID‑19 sobre los ingresos de los ayuntamientos de comunidades autónomas sin órgano de control externo propio”
Sesión de la Comisión Mixta – 7 de octubre 2025 (celebración)

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1. Contenido esencial del informe

• Ámbito y muestra – Se analizan 16 ayuntamientos (más de 50 000 habitantes) de comunidades autónomas que no disponen de un órgano de control externo (OCEX).
• Resultados cuantitativos – En 2020 los ingresos municipales cayeron una media del ‑3,95 % respecto al año anterior; en 2021 se recuperó y alcanzó niveles similares a 2019.
  • Los ingresos por tasas, precios públicos y contribuciones especiales disminuyeron ‑11,4 % en 2020 y subieron +8,5 % en 2021.
  • Los cánones de concesiones bajaron ‑23,5 % en 2020 y crecieron +6,1 % en 2021.
• Medidas adoptadas por los ayuntamientos – Cambios en el calendario fiscal, aplazamientos, fraccionamientos, exenciones, reducciones y bonificaciones de tarifas y cuotas. Algunas actuaciones fueron calificadas como “adecuadas”, aunque se detectaron irregularidades puntuales (por ejemplo, suspensiones de ordenanzas sin el acuerdo del órgano competente).
• Conclusiones generales – El impacto económico fue temporal y limitado, pero la falta de información homogénea y de sistemas automatizados dificultó la evaluación y el control.
• Recomendaciones –
  • Mejorar la rigidez y la homogeneidad de la información remitida al Ministerio de Hacienda.
  • Realizar estudios previos antes de adoptar medidas discrecionales sobre ingresos.
  • En municipios concretos (Molina de Segura, Murcia, Santander, Toledo) se aconsejan:
    • Adaptar sistemas contables al principio de devengo.
    • Revisar acuerdos de retribución para evitar cesiones indebidas de ingresos.
    • Automatizar la gestión de tasas para reducir errores.

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2. Argumentos de los grupos parlamentarios

Grupo	Posición a favor del informe / de sus conclusiones	Posición en contra / críticas	Comentario principal
SUMAR – Rivera (también Izquierda Confederal)	Valora la labor del Tribunal como esencial para la transparencia y la rendición de cuentas. Apoya las recomendaciones y pide más recursos para el Tribunal y una mayor supervisión de los partidos políticos.	–	Considera que el informe muestra deficiencias que deben corregirse y que la falta de control es un problema político.
VOX – Sáez‑Alonso‑Muñumer	Señala que muchos ayuntamientos no enviaron la información requerida y que la falta de datos debería acarrear consecuencias políticas. Critica la aparente “moderación” del informe y pide una mayor exigencia de rendición de cuentas.	–	Usa el informe para denunciar la gestión del Gobierno durante la pandemia y para reforzar su narrativa sobre la necesidad de mayor control.
PSOE – Martín Domínguez	Reconoce que el informe evidencia deficiencias estructurales (planificación, control interno) pero también destaca que la mayoría de los ayuntamientos adoptaron medidas adecuadas dentro del marco normativo.	–	Subraya la necesidad de reforzar los sistemas de control y de mejorar la información, sin cuestionar la validez del informe.
PP – Alía Aguado	Acepta que existen deficiencias, pero sostiene que no hay nada que ocultar y que la fiscalización es necesaria para conocer la verdad sobre los gastos. Critica la práctica de prorrogar presupuestos durante varios años.	–	Defiende una política migratoria ordenada y la necesidad de presupuestos más realistas, pero no cuestiona el contenido del informe.

Resumen de los matices

• Todos los grupos coinciden en que el informe aporta información útil y que existen áreas de mejora en la gestión municipal.
• Las críticas se centran principalmente en la falta de información homogénea y en la necesidad de sanciones o consecuencias para los ayuntamientos que no cumplieron con sus obligaciones de reporte.
• No se registró un voto ni una resolución específica sobre el informe; la discusión se limitó a la exposición de la presidenta del Tribunal y a los comentarios de los grupos parlamentarios.

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3. Acuerdo / desacuerdo

• Acuerdo general – Existe consenso amplio entre los grupos en que el informe es relevante y que sus recomendaciones deben ser tenidas en cuenta.
• Desacuerdos puntuales –
  • VOX demanda una mayor presión política y posibles sanciones, mientras que SUMAR y PSOE se centran más en reforzar los recursos del Tribunal y en mejorar la normativa.
  • PP reconoce las deficiencias pero enfatiza que no hay ocultamiento de información y critica la prórroga presupuestaria, sin llegar a la postura más confrontativa de VOX.

En conclusión, el debate mostró una convergencia en la valoración del informe como diagnóstico necesario, pero divergencias en la intensidad de la respuesta política que se debería dar a las irregularidades detectadas. No se adoptó ninguna medida legislativa concreta durante esta sesión; el documento quedó como referencia para futuras actuaciones de control y mejora de la gestión municipal.

Resumen del debate y votación de la propuesta de resolución
Informe de fiscalización de los efectos de la COVID‑19 sobre los ingresos de los ayuntamientos de comunidades autónomas sin órgano de control externo propio
(Número de expediente 251/000134 – Senado 771/000133)

Grupo parlamentario	Votación (n.º de propuestas)	Resultado	Comentario
VOX	Propuesta 1	20 a favor – 14 en contra	Aprobada
PSOE (Socialista)	Propuestas 2‑6	32 a favor – 2 en contra	Aprobadas
SUMAR	Propuestas 7‑10	32 a favor – 2 en contra	Aprobadas
PP (Popular)	Propuestas 11‑19	34 a favor – 0 en contra	Aprobadas

Conclusión: La propuesta de resolución fue aprobada por mayoría en todos los grupos parlamentarios; no se registraron abstenciones ni votos en contra que impidieran su aprobación.

Argumentos a favor y en contra:
En el fragmento del Diario de Sesiones recibido no aparecen intervenciones que expongan los argumentos a favor o en contra del informe de fiscalización.

No se menciona en este fragmento del Diario de Sesiones los razonamientos de los grupos parlamentarios sobre el contenido del informe.

Acuerdo: Existe un acuerdo amplio entre los grupos (VOX, PSOE, SUMAR y PP) para aprobar la resolución que incorpora el informe del Tribunal de Cuentas. No se observan matices o discrepancias relevantes más allá de los votos en contra de VOX (14) y de los grupos Socialista y SUMAR (2 cada uno), los cuales no fueron suficientes para bloquear la aprobación.

Se ordena la publicación, en la Sección Cortes Generales del Boletín Oficial, de la resolución adoptada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el 9 de diciembre de 2025. La comisión acepta el informe del Tribunal de Cuentas (aprobado el 28 de noviembre de 2024) sobre los efectos de la COVID‑19 en los ingresos de los ayuntamientos de comunidades autónomas que no disponen de un órgano de control externo propio, reconoce sus conclusiones y recomendaciones, y señala las deficiencias que limitan su representatividad.

A partir de esa aceptación, la comisión insta a todos los ayuntamientos incluidos en el informe a:

• Mejorar la calidad y homogeneidad de la información que envían al Ministerio de Hacienda, cumpliendo la Orden HAP/2105/2021.
• Adoptar medidas discrecionales sobre ingresos basándose en estudios que evalúen su impacto, oportunidad y eficacia.
• Cumplir las recomendaciones y sugerencias del Tribunal de Cuentas.

Además, se dirigen recomendaciones específicas a tres municipios:

• Santander: revisar los acuerdos con la empresa de agua y alcantarillado para evitar que las tasas de estos servicios se cedan como ingresos.
• Toledo: gestionar electrónicamente los ingresos por tasas de retirada de vehículos, estacionamiento regulado y saneamiento domiciliario, integrándolos al sistema contable automatizado.
• Molina de Segura: adaptar su contabilidad para registrar los ingresos según el principio de devengo, salvo excepciones legales.

Finalmente, se solicita al Tribunal de Cuentas que remita el informe a la Federación Española de Municipios y Provincias y a las federaciones regionales de Castilla‑La Mancha, Cantabria, Murcia, Extremadura y La Rioja.

La resolución ya está adoptada (fecha de la sesión: 9 de diciembre 2025) y se publica el 2 de febrero de 2026, por lo que la iniciativa se encuentra en fase de difusión oficial.