Proposición de Ley sobre exención fiscal de las ayudas previstas en el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España, durante el periodo 1950-1985

El Diario de Sesiones del Senado correspondiente a la sesión del 12 de junio de 2024 incluye el debate y votación de la Proposición de Ley sobre exención fiscal de las ayudas previstas en el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España, durante el periodo 1950-1985 (expediente 622/000041).

Argumentos a favor:

• Grupo Parlamentario Popular (GPP): Defendió la proposición de ley argumentando que la exención fiscal de estas ayudas es una cuestión de justicia y reparación para las víctimas de la talidomida. Señalaron que no eximir fiscalmente la ayuda desvirtúa su propósito y que existen precedentes similares con otros colectivos afectados (VIH, hepatitis C) que sí están exentos. Criticaron la oposición del Gobierno a la tramitación de la proposición, argumentando que afectaría al ejercicio presupuestario, y afirmaron que la repercusión sería sobre ejercicios fiscales futuros. Destacaron que otros países del entorno ya aplican estas exenciones fiscales.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): Votó a favor de la proposición, considerando la petición de exención fiscal de las indemnizaciones como razonable. Señalaron que, aunque el IRPF es una normativa autonómica, en este caso se trata de un colectivo muy concreto y afectado por un medicamento con graves consecuencias.
• Grupo Parlamentario Plural (Junts per Catalunya-Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente-Bloque Nacionalista Galego): Mostró un "sí entusiasta" a la proposición, coincidiendo en que no aplicar la exención fiscal supone perder la razón de ser de la ayuda. Señalaron que en muchos países de Europa ya está regulado así y que es de justicia implementarlo. Lamentaron el retraso en la aplicación de esta medida.
• Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu): Votó a favor, calificando la situación de las víctimas de la talidomida como una vergüenza y un agravio, y considerando que se les haga tributar por una compensación tardía es intolerable. Argumentaron que se trata de una cuestión de justicia, humanidad y dignidad, y que solo es cuestión de voluntad política.
• Grupo Parlamentario Socialista (GPS): Apoyó la proposición, reconociendo el paso decisivo dado por un gobierno socialista para la reparación de las víctimas. Señalaron que el Real Decreto 574/2023 otorga el derecho a cobrar una ayuda, pero que las críticas se centran en la tributación de estas. Argumentaron que, si bien la ley exige el pago del IRPF, es necesario ser coherentes y responsables, y que el IRPF es un impuesto que contribuye al Estado del bienestar.
• Grupo Parlamentario Popular en el Senado: Reafirmó su apoyo a la proposición, destacando que el objetivo es la exención fiscal para las ayudas percibidas por las víctimas. Reconocieron el trabajo de los afectados y la plataforma Avite, y recordaron que una proposición no de ley de 2016 ya establecía la exención fiscal. Criticaron al Gobierno por el "sablazo fiscal" que supone el pago del IRPF sobre estas ayudas, considerándolo un trato discriminatorio.

Acuerdo:

La proposición de ley fue aprobada en sus propios términos con 171 votos a favor y 91 en contra.

Esta Proposición de Ley busca garantizar que las ayudas económicas destinadas a las personas afectadas por la talidomida en España, nacidas entre 1950 y 1985 y reguladas por el Real Decreto 574/2023, estén exentas de impuestos. El objetivo es que la totalidad de la ayuda cumpla su función indemnizatoria, eliminando la carga fiscal que actualmente reduce su valor. La propuesta amplía la exención a todas las percepciones relacionadas con la condición de afectado, con carácter retroactivo. Se pretende equiparar el tratamiento fiscal de estas víctimas con el de otros colectivos afectados por daños y con las exenciones aplicadas en otros países de la Unión Europea. La entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2025, condicionada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.