Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para regular el procedimiento de designación de candidaturas a juez titular y jueces ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y del Tribunal General de la Unión Europea, que corresponde proponer al Reino de España

1. De qué trata la iniciativa
Propone modificar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea el órgano responsable de designar las candidaturas españolas a juez titular y jueces ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y del Tribunal General de la Unión Europea. La reforma añade un nuevo párrafo al artículo 560.1 que otorga esa competencia al CGPJ y establece la obligación de crear, en un plazo de tres meses, un procedimiento de selección basado en transparencia, mérito y capacidad, alineado con los estándares europeos. Asimismo, deroga las disposiciones que resulten incompatibles y dispone que la norma entre en vigor al día siguiente de su publicación.

2. Qué ha ocurrido en su trámite

• 17 de abril de 2026: Publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del resumen de la iniciativa.
• Hasta la fecha no se ha registrado la remisión a comisión, debate en pleno, presentación de enmiendas ni votaciones.

3. Qué apoyos y rechazos recibió
No se han llevado a cabo votaciones ni se han registrado apoyos ni rechazos por parte de partidos o grupos parlamentarios; por tanto, no existen datos de mayorías, abstenciones o negativas.

4. Estado actual de la iniciativa
La iniciativa se encuentra en fase de presentación y difusión. No ha sido remitida a comisión ni sometida a debate ni votación, por lo que sigue en trámite.

5. Importancia del resultado dentro del proceso legislativo
Al estar aún en la fase inicial, la iniciativa debe ser remitida a la comisión competente (probablemente la Comisión de Justicia) para su estudio y posible dictamen. Si la comisión la aprueba, pasará a debate y votación en el Pleno del Congreso; de ser aprobada allí, seguirá al Senado para su examen. En caso de ser rechazada en cualquiera de esas etapas, quedaría archivada. Por ahora, el proyecto no ha generado efectos legislativos ni ha modificado la normativa vigente.