Acuerdo de extradición entre el Reino de España y la República Árabe de Egipto, hecho en El Cairo el 15 de enero de 2026

Acuerdo de tramitación del Gobierno para el convenio de extradición firmado entre España y la República Árabe de Egipto (Cairo, 15 enero 2026). La Mesa de la Cámara ha aprobado que el texto sea remitido a la Comisión de Asuntos Exteriores para que emita dictamen y, simultáneamente, se publique en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se abre un plazo de quince días hábiles (hasta el 4 de junio 2026) para que los grupos parlamentarios presenten propuestas de enmienda, ya sea a la totalidad del texto o a artículos concretos, conforme al artículo 156 del Reglamento. La publicación oficial se realizó el 18 de mayo 2026 (BOCG serie A, núm. 241). En este momento la iniciativa está en fase de examen por la comisión y de recogida de enmiendas, previa a su posible aprobación definitiva.

El Acuerdo de extradición firmado el 15 de enero de 2026 entre España y Egipto crea un marco legal para la entrega mutua de personas perseguidas o condenadas por delitos graves. Define los delitos extraditables, establece obligaciones y motivos de denegación (obligatorios y facultativos), designa autoridades centrales y detalla el procedimiento de solicitud, documentación y posible detención provisional. Regula la entrega, el aplazamiento, la concurrencia de solicitudes y la cooperación en la incautación de objetos. Asimismo, contempla tránsito, costos, idioma, solución de controversias y disposiciones de entrada en vigor, duración (5 años) y renovación automática. El acuerdo busca reforzar la cooperación judicial respetando garantías y derechos humanos.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha emitido un dictamen en el que propone al Pleno que autorice, conforme al artículo 94.1 de la Constitución, la suscripción del acuerdo de extradición entre España y la República Árabe de Egipto, firmado en El Cairo el 15 de enero de 2026. El dictamen, aprobado el 10 de junio de 2026, se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (sección Cortes Generales, serie A, nº 241, de 18 de mayo de 2026) y se remite a la Mesa de la Cámara para su traslado al Pleno, donde se decidirá si el Estado puede obligarse internacionalmente por dicho tratado. En este momento la iniciativa está en fase de recomendación de la comisión, pendiente de votación en el Pleno.