Proposición no de Ley relativa a la creación de una empresa pública para la gestión pública de las concesiones administrativas y centrales hidroeléctricas

Esta Proposición no de Ley insta al Gobierno a crear una empresa pública para gestionar centrales hidroeléctricas cuyas concesiones hayan vencido o venzan. El objetivo es asegurar energía asequible, fortalecer la soberanía energética y priorizar el bienestar social. La iniciativa propone la elaboración de un informe sobre concesiones, la creación de una entidad pública (posiblemente a partir de HUNOSA) para asumir la gestión de estas centrales, y la habilitación de dicha entidad para invertir en nuevas instalaciones y destinar beneficios a municipios afectados y fines sociales. Se busca también modificar la Ley de Aguas para facilitar estos cambios, impulsando así la transición energética y la descarbonización del sector.

Este documento del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados corresponde a una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, titulada "relativa a la creación de una empresa pública para la gestión pública de las concesiones administrativas y centrales hidroeléctricas" (Número de expediente: 162/000270).

Argumentos a favor:

• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (Sr. Valero Morales): Defiende la iniciativa como una medida patriótica para aumentar la riqueza del país y recuperar recursos públicos (saltos hidroeléctricos) que actualmente están en manos privadas. Argumenta que la gestión privada de estos recursos no opera bajo criterios de competencia y ha llevado a un aumento de los precios de la energía. Propone que la empresa pública Hunosa se haga cargo de las concesiones hidroeléctricas que expiren, transformándose en una empresa verde y contribuyendo a la transición energética justa y a la soberanía energética del país. Subraya que la construcción de estas infraestructuras fue financiada por el contribuyente y que el agua es un bien de dominio público.
• Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil): Apoya la propuesta, argumentando que la producción de energía es esencial y debería estar bajo control público con criterios de rentabilidad social. Critica el modelo de privatizaciones y el poder de las grandes energéticas, que generan desigualdades. Señala que Galicia, como país productor de energía, sufre las consecuencias de este modelo y aboga por el control público y gallego de la producción energética, incluyendo las centrales hidroeléctricas.
• Grupo Parlamentario Republicano (Sra. Jordà i Roura): Celebra el debate y comparte el objetivo de democratizar los recursos naturales y las fuentes de energía renovables. Explica que Cataluña ya cuenta con una empresa pública de energía (la energética pública de la Generalitat) que promueve la producción de energía limpia, avanza hacia la soberanía energética, vela por el equilibrio territorial y contribuye a la justicia social energética. Advierte sobre la centralización de la gestión de recursos hídricos por parte del Estado y defiende la gestión catalana.

Argumentos en contra:

• Grupo Parlamentario VOX (Sr. Figaredo Álvarez-Sala): Critica la propuesta de SUMAR, calificándola de "residuo de comunistas" y señalando que la política energética del Gobierno ha llevado a los mayores precios de la electricidad de la historia y a una mayor dependencia del exterior. Cuestiona la elección de Hunosa como empresa pública para gestionar las concesiones hidroeléctricas, citando pérdidas millonarias y casos de corrupción asociados a esta empresa. Critica el derribo de presas y azudes por parte del Gobierno y aboga por invertir en más infraestructuras y optimizar el uso del agua.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (Sra. Sagastizabal Unzetabarrenetxea): Considera que la propuesta tiene un planteamiento más ideológico que basado en la eficiencia y eficacia. Argumenta que la bajada de precios y la soberanía energética no dependen de si la gestión es pública o privada, sino de una buena gestión por parte de profesionales. Cuestiona la eficiencia de la gestión pública, citando ejemplos de centrales hidroeléctricas paradas o subcontratadas. Propone un marco regulatorio fuerte y un organismo regulador independiente en lugar de la gestión directa por parte del Estado. Señala que la propuesta no aborda el impacto económico en los ayuntamientos por la gestión privada y que la gestión pública no garantiza necesariamente precios más bajos.
• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya (Sra. Calvo Gómez): Se muestra a favor de una energética pública, pero defiende que debe ser catalana y no estatal, para gestionar los recursos hídricos de Cataluña. Rechaza la propuesta de SUMAR por considerar que busca la recentralización de la gestión de recursos hídricos y no la gestión pública catalana. Reivindica la gestión integral y la titularidad de las infraestructuras hídricas por parte de la Generalitat de Catalunya.
• Grupo Parlamentario Popular (Sr. Requena Ruiz): Considera la iniciativa de SUMAR como una reiteración de viejas pretensiones de Podemos sin rigor técnico y una propuesta de autarquía energética. Critica la falta de acción del Gobierno en materia energética y la gestión de la crisis energética. Cuestiona la creación de una empresa pública, sugiriendo que podría ser un refugio para la militancia de SUMAR. Desmiente que la liberalización del sector eléctrico haya sido un fracaso y critica la "excepción ibérica" como un "timo" que financió la invasión rusa.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Acuerdo General: Existe un consenso en la necesidad de mejorar la gestión de los recursos energéticos y avanzar hacia fuentes renovables.
• Desacuerdo Fundamental: El principal punto de divergencia radica en si la gestión de las concesiones hidroeléctricas debe ser estatal (propuesta de SUMAR) o autonómica/nacional (propuesta del BNG y Junts per Catalunya), y en si la gestión pública es intrínsecamente más eficiente y beneficiosa que la privada.
• Matices:
  • El Grupo Parlamentario Socialista, si bien comparte la preocupación por la protección de los recursos naturales y la lucha contra la emergencia climática, considera que la creación de una empresa pública estatal no es la medida más necesaria ni eficiente, y que la información sobre concesiones ya está disponible. Apuestan por cambiar las condiciones de las nuevas concesiones y por la colaboración público-privada.
  • El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) aboga por un marco regulatorio y un organismo regulador independiente en lugar de la gestión pública directa.
  • El Grupo Parlamentario Mixto (BNG) apoya el control público, pero enfatiza la necesidad de un control gallego sobre la producción energética.
  • El Grupo Junts per Catalunya defiende la gestión pública, pero exclusivamente a nivel catalán.

Votación:

No se menciona en este fragmento del Diario de Sesiones.

Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (BNG)

• Objeto: Modifica la parte resolutiva de la proposición no de ley original.
• Modificación(es):
  • Punto 1:
    • Establece un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la iniciativa para elaborar el informe sobre las concesiones.
    • Añade la exigencia de demandar a las Comunidades Autónomas (CCAA) la elaboración del mismo informe en el mismo plazo.
    • Incorpora la obligación de hacer públicos los resultados de ambos informes a la mayor brevedad.
  • Punto 2:
    • Sustituye la creación de una entidad pública empresarial por la autorización del traspaso gratuito de la explotación de proyectos hidroeléctricos (planta e instalaciones) resultantes de expedientes de reversión.
    • Este traspaso se realizaría a favor de la Comunidad Autónoma con competencias ejecutivas en materia de energía e industria en cuyo territorio se ubique la planta.
    • El fin de esta gestión pública sería la realización de fines de utilidad pública o interés social, destinando el retorno a la creación de empleo y a la competitividad de las empresas de la CCAA.
  • Punto 3:
    • Introduce la posibilidad de que los Ayuntamientos (Concellos) titulares de concesiones de agua para proyectos hidroeléctricos puedan renovarla o anularla (renovarla o anovala) antes de su extinción, manteniendo el mismo uso y destino para las aguas.
  • Punto 4:
    • Se mantiene la solicitud de iniciar trámites para la modificación de la Ley de Aguas y disposiciones relacionadas para alcanzar los objetivos de la proposición.
• Efecto: Desvía el enfoque de la creación de una empresa pública estatal hacia la gestión pública a nivel autonómico, enfatizando la transferencia de competencias y recursos a las CCAA. Introduce la posibilidad de renovación de concesiones por parte de los ayuntamientos y amplía el plazo para la elaboración del informe inicial.

Enmienda del Grupo Parlamentario VOX

• Objeto: Modifica la parte resolutiva de la proposición no de ley original y añade dos nuevos puntos.
• Modificación(es):
  • Punto 1:
    • Se mantiene la redacción original de los cuatro puntos de la proposición no de ley.
  • Punto 2 (Nuevo):
    • Insta al Gobierno a realizar un análisis técnico-jurídico de la situación actual de las infraestructuras hidroeléctricas.
    • El objetivo de este análisis es estudiar la viabilidad de instalar bombeos hidráulicos.
    • Se añade que este estudio debe valorar la compatibilidad y complementariedad de la reconversión en bombeo hidráulico con otras fuentes de energía renovable (fotovoltaica y eólica).
  • Punto 3 (Nuevo):
    • Insta a promover la convocatoria de concursos públicos para la adjudicación de concesiones de agua destinadas al aprovechamiento hidroeléctrico actualmente vigentes.
    • El fin es que estas concesiones continúen en operación una vez finalizado su plazo, con el objetivo de fortalecer la soberanía energética.
• Efecto: Mantiene la propuesta original de crear una empresa pública, pero añade dos nuevas líneas de actuación. La primera se centra en la viabilidad técnica y la integración de bombeos hidráulicos con otras renovables. La segunda promueve la continuidad de las concesiones existentes mediante concursos públicos, buscando fortalecer la soberanía energética.

Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

La proposición no de ley, tras la aplicación de las enmiendas presentadas, experimenta modificaciones significativas en su enfoque y alcance.

Inicialmente, la propuesta buscaba la creación de una empresa pública estatal para la gestión de centrales hidroeléctricas cuyas concesiones hubieran vencido o estuvieran por vencer, con el objetivo de revertir beneficios a la ciudadanía y municipios afectados, además de impulsar la transición energética.

La primera enmienda, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, modifica sustancialmente esta dirección. En lugar de crear una entidad pública estatal, propone autorizar el traspaso gratuito de la explotación de proyectos hidroeléctricos a las Comunidades Autónomas con competencias en energía e industria. El retorno de esta gestión pública autonómica se destinaría a la creación de empleo y la competitividad empresarial en la región. Además, esta enmienda introduce la posibilidad de que los ayuntamientos titulares de concesiones puedan renovarlas antes de su extinción y establece un plazo más acotado para la elaboración del informe inicial, exigiendo también la colaboración de las CCAA en dicho informe.

La segunda enmienda, del Grupo Parlamentario VOX, mantiene la redacción original de la proposición no de ley en sus cuatro puntos iniciales, es decir, no altera la propuesta de crear una entidad pública empresarial. Sin embargo, añade dos nuevas peticiones al Gobierno: por un lado, realizar un análisis técnico-jurídico para estudiar la viabilidad de instalar bombeos hidráulicos y su compatibilidad con otras energías renovables; y por otro, promover concursos públicos para la adjudicación de concesiones de agua hidroeléctrica vigentes, con el fin de asegurar su continuidad operativa y fortalecer la soberanía energética.

En conjunto, la iniciativa final se presenta como un texto que, si bien conserva la idea de una gestión pública de los recursos hidroeléctricos, se bifurca en su implementación. Por un lado, se abre la puerta a una gestión descentralizada a nivel autonómico (enmienda Mixta), y por otro, se añaden dos líneas de acción específicas centradas en la modernización técnica de las infraestructuras y la continuidad de las concesiones existentes mediante procesos competitivos (enmienda VOX), sin renunciar a la propuesta original de una entidad pública empresarial.

Resultado iniciativa: Rechazada