Proposición no de Ley de salvaguarda de las funciones constitucionales de las Cortes Generales

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular solicita al Gobierno que respete las competencias constitucionales de las Cortes Generales en materia presupuestaria. Entre sus principales demandas están: la presentación inmediata del proyecto de Presupuestos para 2026, la prohibición de transferencias de crédito que no estén previstas en el artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria, el cese de acuerdos de disconformidad con textos aprobados por el Senado y la eliminación del uso del artículo 134.6 para bloquear proposiciones de ley o enmiendas. El objetivo es reforzar el control parlamentario sobre el proceso presupuestario y evitar prácticas que, según el grupo, vulneran la función legislativa del Parlamento.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 16 de abril de 2026: La proposición fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
• Hasta la fecha no se registran debates, enmiendas, informes de comisiones ni votaciones vinculadas a la iniciativa.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?

• No existen datos de votaciones, mayorías, abstenciones o posiciones de partidos o grupos parlamentarios. La iniciativa se encuentra aún en la fase de presentación.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?

• La proposición está en trámite. Ha sido presentada y publicada, pero aún no ha sido remitida a comisión, debatida ni sometida a votación.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?

• Al estar recién presentada, la iniciativa debe pasar por las etapas habituales: asignación a la comisión competente, posible emisión de informes, debate en el Pleno y, finalmente, votación. Si se aprueba en el Congreso, el texto podría convertirse en una resolución que inste al Gobierno a cumplir con los requisitos presupuestarios señalados, aunque, al tratarse de una proposición no de Ley, no tendría fuerza normativa directa. En caso de ser rechazada o archivada, la solicitud no tendría efectos vinculantes. Actualmente, la iniciativa sigue su curso legislativo sin haber alcanzado una decisión definitiva.