Recurso de inconstitucionalidad número 6552/2024, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contra la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña

1. ¿De qué trata la iniciativa?
El recurso de inconstitucionalidad n.º 6552/2024 impugnó la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, que establece una amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. El recurso sostiene que dicha ley vulnera la Constitución española.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 21 de diciembre de 2024: La Oficina del Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la admisión del recurso de inconstitucionalidad número 6552/2024, presentado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha.
• Tras la publicación, el recurso ingresó al procedimiento ante el Tribunal Constitucional, que deberá admitirlo, admitirlo a trámite y, en su caso, dictar sentencia. No se han registrado debates parlamentarios, enmiendas ni votaciones en el Congreso relacionadas con este recurso.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
Al tratarse de un recurso judicial, no existen votaciones parlamentarias ni mayorías de apoyo o rechazo en el Congreso. El único acto registrado es la presentación del recurso por parte del órgano autonómico de Castilla‑La Mancha y su admisión formal por el BOE.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
El recurso se encuentra en trámite ante el Tribunal Constitucional. Ha sido admitido a trámite, pero aún no se ha emitido sentencia ni resolución definitiva.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
La admisión del recurso abre la vía para que el Tribunal Constitucional examine la constitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2024. Si el Tribunal declara la ley inconstitucional, ésta quedará anulada y no podrá producir efectos legales. En caso contrario, la ley permanecerá vigente. Por tanto, el resultado del proceso judicial determinará la validez o nulidad de la normativa aprobada por el Congreso, pero no implica una nueva fase legislativa como la remisión al Senado.