Proposición no de Ley sobre el refuerzo de la transparencia y la protección de las personas consumidoras ante el uso de precios dinámicos y personalizados en entornos digitales

1. De qué trata la iniciativa
Se trata de una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que busca reforzar la transparencia y la protección de los consumidores frente a los precios dinámicos y personalizados que se aplican en entornos digitales. La propuesta pretende establecer un marco obligatorio que obligue a las plataformas a informar de forma clara y comprensible el método de cálculo de los precios, garantizar la supervisión y auditoría de los algoritmos que los generan, y promover la alfabetización digital mediante herramientas de comparación y la colaboración con agentes sociales.

2. Qué ha ocurrido en su trámite

• 24 abril 2026: Publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del resumen de la iniciativa.
• Hasta la fecha no se registran debates, enmiendas, informes de comisiones ni votaciones en el documento proporcionado.

3. Qué apoyos y rechazos recibió
En los documentos entregados no aparecen resultados de votaciones ni desglose de apoyos o rechazos por partidos o grupos parlamentarios. Por lo tanto, no se dispone de datos sobre mayorías, abstenciones o negativas.

4. En qué estado está la iniciativa actualmente
Según la información disponible, la iniciativa se encuentra en la fase inicial de trámite: ha sido presentada y publicada, pero aún no ha sido remitida a comisión, debatida ni votada. Por tanto, sigue en trámite.

5. Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo
El hecho de que la proposición haya sido presentada y publicada significa que ha ingresado formalmente al proceso legislativo. Si avanza, deberá ser remitida a la comisión competente, donde se debatirá y podrá recibir enmiendas; posteriormente se someterá a votación en el Pleno. En caso de ser aprobada, el texto pasará al Senado para su examen y, de ser también aprobado allí, podría incorporarse al ordenamiento jurídico como norma de carácter no vinculante que orienta la política pública en materia de precios digitales. En la actualidad, la iniciativa aún no ha generado efectos legislativos.