Proposición no de Ley para reducir y, en su caso, eliminar los delitos de odio hacia las personas con discapacidad

La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular propone una Proposición no de Ley destinada a reducir y eliminar los delitos de odio contra personas con discapacidad, que han aumentado un 113 % en 2023. Se plantean cuatro medidas clave: crear entornos seguros y facilitar la denuncia; fortalecer la capacidad de autoridades y ofrecer apoyo técnico‑financiero a regiones y municipios; fomentar la cooperación entre fuerzas de seguridad y organizaciones del tercer sector como el CERMI; y lanzar campañas de sensibilización a nivel estatal. Estas acciones buscan proteger la dignidad, garantizar derechos fundamentales y contrarrestar la difusión de discursos de odio en la sociedad.

Tipo de documento parlamentario: Debate en Comisión (Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad).

Iniciativa: Proposición no de Ley para reducir y, en su caso, eliminar los delitos de odio hacia las personas con discapacidad (Número de expediente 161/003485).

Resumen del Debate:

La Proposición no de Ley (PNL) fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) con el objetivo de adoptar medidas urgentes para reducir y eliminar los delitos de odio contra las personas con discapacidad.

Argumentos a favor (Grupo Parlamentario Popular): El GPP, a través del señor Noriega Gómez, expuso que la iniciativa responde a una "realidad social alarmante", citando un aumento del 113% en los delitos de odio contra personas con discapacidad en 2023 respecto a 2022, según datos del Ministerio del Interior y la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD). Se destacó que las amenazas, agresiones, vejaciones y burlas públicas se han disparado. El GPP argumentó que, aunque el Código Penal (artículos 25, 22.4 y 510) y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ofrecen un marco jurídico, las leyes "sobre el papel no son suficientes si no se ejecutan medidas de prevención reales". La propuesta del GPP se centró en tres ejes:

1. Apoyo integral a las víctimas: Establecer protocolos para entornos seguros, canales de denuncia accesibles (lectura fácil, lengua de signos) y dotar de más recursos psicológicos y jurídicos, incluyendo apoyo especializado para la reparación.
2. Formación especializada: Reforzar la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces y fiscales para detectar y tratar la hostilidad, e impulsar la colaboración con entidades del tercer sector como el CERMI para combatir la infradenuncia (se estima que el 90% de estos delitos no se denuncian).
3. Prevención y concienciación: Crear campañas estatales de comunicación y programas educativos desde las escuelas para erradicar prejuicios y estigmatización. El GPP concluyó que reducir estos delitos es una "obligación democrática y humanitaria".

Argumentos del Grupo Parlamentario Socialista (enmienda y fijación de posición): El señor Azorín Salar, del Grupo Socialista, manifestó compartir la preocupación por el aumento de los delitos de odio y la importancia de la inclusión. Subrayó que antes de la discriminación, a menudo surge un lenguaje que "señala, estigmatiza, que coloca a unas personas por encima de otras", citando ejemplos de comentarios desafortunados de figuras públicas. Coincidió en la necesidad de facilitar la denuncia, mejorar la formación y sensibilizar a la sociedad. Sin embargo, el Grupo Socialista también interpeló al GPP preguntando si habían analizado "por qué han aumentado los delitos de odio", sugiriendo que la causa podría estar "al lado". El Grupo Socialista presentó una enmienda, pero el GPP la rechazó.

Argumentos del Grupo Plurinacional SUMAR (fijación de posición): El señor Cofiño Fernández, de SUMAR, agradeció las intervenciones y se sumó a la pregunta sobre el aumento de los discursos de odio, vinculándolo a la vulnerabilidad de las personas con discapacidad. Criticó la "toxicidad" del Congreso, mencionando incidentes de discursos de odio de diputados de VOX en sesiones anteriores (no relacionados directamente con la discapacidad, sino con la orientación sexual y figuras políticas). Condenó "absolutamente todo tipo de violencia y todo tipo de discurso de odio, venga de donde venga", y estableció un paralelismo histórico entre la expresión "prioridad nacional" y el programa del Partido Nacional Socialista de 1920, advirtiendo sobre los riesgos de la degradación democrática y el uso de argumentos similares en debates sobre inmigración.

Argumentos del Grupo Parlamentario VOX (fijación de posición): La señora Ruiz Solás, de VOX, criticó al Grupo Popular por "comprar el marco ideológico de la izquierda" en la lucha contra la discriminación, argumentando que la izquierda "lo corrompe y lo pervierte todo". Calificó el concepto de "delito de odio" como una "aberración" utilizada para dividir y decidir quiénes son víctimas. Denunció un doble rasero, citando un incidente en Santiago de Compostela donde miembros de VOX sufrieron "odio brutal" sin que fuera considerado delito de odio, y acusó a la izquierda de decidir quién "merece ser odiado". Afirmó que VOX trabajará contra la discriminación y el maltrato, pero no bajo el "marco de la izquierda".

Acuerdo, desacuerdo y matices relevantes: Hubo un acuerdo generalizado sobre la necesidad de combatir los delitos de odio hacia las personas con discapacidad y la importancia de la inclusión. Sin embargo, se manifestaron profundos desacuerdos ideológicos sobre las causas de estos delitos, el concepto mismo de "delito de odio" y la responsabilidad política en su aumento. El Grupo Popular rechazó la enmienda del Grupo Socialista, argumentando que "desnaturalizaría" la PNL.

Resultado de la votación: La Proposición no de Ley fue aprobada en sus propios términos (los del Grupo Parlamentario Popular) con 14 votos a favor y 16 abstenciones, de un total de 30 votos emitidos.

Enmienda de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

• Objeto: Validar la proposición original sin introducir alteraciones al texto.
• Modificación(es):
  • Se confirma íntegramente el contenido original de la proposición, manteniéndose los cuatro puntos que instan al Gobierno a (1) promover entornos seguros y respetuosos, (2) mejorar capacidades y dotar de apoyo técnico‑financiero a comunidades autónomas y entes locales, (3) impulsar la colaboración entre fuerzas de seguridad y entidades del tercer sector, y (4) realizar campañas de sensibilización.
• Efecto: La iniciativa queda oficialmente adoptada en los términos propuestos por el Grupo Parlamentario Popular; no se genera cambio alguno en el contenido ni en el alcance de las medidas.

Enmienda de Grupo Parlamentario Socialista

• Objeto: Modificar varios términos de los puntos 1, 2 y 3 de la proposición original, introduciendo matices de continuidad, accesibilidad y ampliación de los actores involucrados.
• Modificación(es):
  1. Punto 1: Se añade la palabra “Continuar” y se amplía la referencia a “entornos accesibles, seguros y respetuosos”, reforzando la dimensión de accesibilidad física y digital.
  2. Punto 2: Se incorpora también la palabra “Continuar”, manteniendo la intención de mejorar capacidades, pero sin cambiar sustancialmente el contenido del apoyo técnico‑financiero a comunidades autónomas y entidades locales.
  3. Punto 3: Se modifica la redacción para incluir “como el CERMI, entre otras, como representantes de las personas con discapacidad”, ampliando el espectro de organizaciones del tercer sector que pueden participar, sin eliminar la referencia al CERMI.
  4. Punto 4: Se suprime completamente el cuarto punto relativo a la realización de campañas estatales de comunicación; la enmienda no lo reemplaza por ningún nuevo apartado.
• Efecto: La propuesta pasa a enfatizar la continuidad de las acciones ya previstas, incorpora la dimensión de accesibilidad, abre la colaboración a más organizaciones del tercer sector y elimina la obligación de lanzar campañas de sensibilización a nivel estatal. Estos cambios reducen el alcance de la medida de difusión pública, pero amplían la inclusión de actores y la especificidad de los entornos a garantizar.

Enmienda de [Autor no identificado] (Enmienda 2)

• Objeto: No se presentó contenido concreto.
• Modificación(es): No se propone ninguna alteración al texto original.
• Efecto: La ausencia de propuesta implica que no se genera ningún efecto sobre la iniciativa.

Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

Tras la aceptación por parte de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, la proposición se mantiene esencialmente tal como la presentó el Grupo Parlamentario Popular, salvo por la intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Esta última introduce tres cambios principales: (i) refuerza la continuidad y la accesibilidad de los entornos seguros para personas con discapacidad; (ii) amplía la colaboración entre fuerzas de seguridad y el tercer sector, permitiendo la participación de organizaciones distintas al CERMI; y (iii) elimina la disposición que establecía la realización de campañas estatales de comunicación. En conjunto, la iniciativa final sigue instando al Gobierno a mejorar la prevención y denuncia de los delitos de odio contra personas con discapacidad, pero con un énfasis mayor en la continuidad de las acciones, la accesibilidad de los espacios y una mayor apertura a múltiples entidades del tercer sector, mientras que la acción de sensibilización pública pasa a quedar fuera del marco legislativo propuesto.

Resumen de la Aprobación (BOCG‑15‑D‑598, 7 oct 2026)

• Personal del Congreso

  • Cese de Manuel Jesús Granado Gago (asistente técnico Vicepresidencia II) y de varios asistentes de los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, con efectos 1 oct 2026.
  • Nombramiento de Jaime Arellano Toro (asistente técnico Vicepresidencia II) y de nuevos asistentes de los mismos grupos, con efectos 2 oct 2026.

• Proposiciones no de Ley aprobadas (con o sin modificaciones)

  • Discapacidad: lucha contra la soledad no deseada; mejora de la calidad de vida de personas con poliomielitis y síndrome post‑polio; reducción de delitos de odio; nuevo enfoque en centros ocupacionales; atención integral a amputados.
  • Trabajo, Economía Social, Seguridad Social y Migraciones:
    • Desestimación de la propuesta de VOX para modificar la orden de medición del paro.
    • Aprobación, con modificaciones, de la reforma del sistema de cita previa, de medidas a favor de autónomos, de la dotación de personal del Instituto Social de la Marina y Capitanías de Galicia, y de la integración de migrantes mediante deporte.
    • Mejora de la prestación CUME (cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave).
    • Reconocimiento de coeficientes reductores de jubilación para tripulantes de cabina de pasajeros.
    • Propuesta para impulsar salarios medios y productividad.
    • Protección de trabajadores y empresarios de Ceuta y Melilla (bonificaciones).
  • Agricultura, Pesca y Alimentación:
    • Defensa del tomate español.
    • Bases para una Estrategia Nacional de Relevo Generacional.
    • Mejora del coeficiente reductor para buzos profesionales.
    • Refuerzo de la autonomía estratégica en fertilizantes y fomento de la bioeconomía circular.
    • Medidas de apoyo al sector del cereal frente a la crisis de rentabilidad.
    • Mejora de la disponibilidad de soluciones fitosanitarias y respuesta a emergencias fitosanitarias.
    • Refuerzo del Desarrollo Local Participativo en zonas pesqueras y del papel de los Grupos de Acción Local Pesquera en el próximo marco financiero europeo.
    • Viabilidad de la pesca artesanal ante daños provocados por cetáceos en el litoral catalán.
    • Reconocimiento de la ganadería caprina extensiva por su aporte a biodiversidad, prevención de incendios y adaptación al cambio climático.
    • Proporcionalidad y evaluación previa en la protección de ecosistemas marinos vulnerables.

• Acuerdo de la Mesa del Congreso (29 sep 2026)

  • Concesión de 14 becas de formación práctica en documentación, biblioteconomía y archivística.
  • Inicio de la beca el 15 oct 2026; duración 12 meses (hasta 14 oct 2027).
  • Publicación del acuerdo en el BOCG, en el BOE y en la web del Congreso.

Fase de la iniciativa: Todas las proposiciones no de ley citadas han sido aprobadas por las comisiones correspondientes del Congreso (algunas con modificaciones, otras desestimadas). El acuerdo de becas ha sido adoptado por la Mesa del Congreso y queda sujeto a recurso dentro del plazo legal.