Proposición no de Ley relativa a la elaboración de una Estrategia Nacional contra la Corrupción, al refuerzo integral del sistema de integridad pública y a la ejecución real de los compromisos de Gobierno Abierto

1. De qué trata la iniciativa
La proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular solicita al Gobierno la elaboración y adopción de una Estrategia Nacional contra la Corrupción. La propuesta incluye:

• Un diagnóstico de riesgos de corrupción.
• Un plan de acción con indicadores, plazos y metas.
• El refuerzo de la independencia y recursos de los órganos de control (Autoridad del Informante, Consejo de Transparencia y Oficina de Conflictos de Intereses).
• Un sistema anual de seguimiento y evaluación con informes al Congreso y comparecencias del Gobierno, para asegurar la coherencia entre los compromisos de Gobierno Abierto y su ejecución.

2. Qué ha ocurrido en su trámite

• 26 de mayo de 2026: La proposición fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, lo que constituye su presentación formal ante el Congreso.
• Hasta la fecha no se ha registrado debate en pleno, enmiendas, votaciones ni acuerdos. El siguiente paso previsto es la remisión a la comisión competente (probablemente la Comisión de Constitución y Reglamento o la de Transparencia y Buen Gobierno) para su estudio y dictamen.

3. Qué apoyos y rechazos recibió

• No existen datos de votaciones, mayorías, abstenciones ni posicionamientos de partidos o grupos parlamentarios, ya que la iniciativa apenas ha sido presentada.

4. Estado actual de la iniciativa

• La proposición se encuentra en la fase inicial de trámite legislativo: ha sido presentada y está a la espera de ser remitida a la comisión correspondiente para su análisis y posterior dictamen.

5. Importancia del resultado dentro del proceso legislativo

• Si la comisión emite un dictamen favorable, la iniciativa pasará a debate y votación en el Pleno del Congreso. En caso de ser aprobada en el Congreso, el texto seguirá al Senado para su examen y eventual aprobación.
• En caso de que el Congreso la rechace o la archive, la propuesta no avanzará y no se convertirá en normativa. Por tanto, la publicación actual marca el inicio del proceso; el futuro de la iniciativa dependerá de los próximos debates y votaciones en las cámaras.