Proposición no de Ley de defensa del derecho a la participación en los asuntos públicos

1. De qué trata la iniciativa
Se trata de una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular que pretende reforzar el derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (artículo 23 de la Constitución). La propuesta busca:

1. Un compromiso institucional de defensa de ese derecho.
2. Garantizar que la labor legislativa se realice sin dilaciones injustificadas.
3. Alinear los procedimientos parlamentarios con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha señalado vulneraciones por prórrogas automáticas de plazos de enmienda.
4. Formalizar la tramitación de la propuesta, con su publicación y comunicación al Gobierno.

2. Qué ha ocurrido en su trámite

• 18 de mayo de 2026: La Proposición no de Ley se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales tras su presentación.
• 11 de junio de 2026: Se celebra la votación en el Congreso. La propuesta se somete a votación “en sus términos” sin que se introduzcan enmiendas ni se abra un debate adicional en la información disponible.

3. Qué apoyos y rechazos recibió
En la votación del 11 de junio de 2026 se registraron:

• Votos a favor: 176
• Votos en contra: 28
• Abstenciones: 144
• No votaron: 2

Los resultados reflejan el apoyo mayoritario del Congreso, con una importante cantidad de abstenciones.

4. Estado actual de la iniciativa
Tras la votación favorable, la Proposición no de Ley queda aprobada por el Congreso. No se indica que haya sido archivada, retirada o rechazada; por tanto, su estado es “aprobada y remitida”.

5. Importancia del resultado dentro del proceso legislativo
Una Proposición no de Ley aprobada no tiene carácter de ley, pero constituye una recomendación formal del Congreso al Gobierno y a otras instituciones. El resultado implica que el Gobierno recibirá la propuesta y, según la práctica institucional, deberá considerarla en la elaboración o modificación de normas que regulen los plazos y procedimientos legislativos, con el objetivo de garantizar el derecho a la participación ciudadana. En resumen, la iniciativa pasa a la fase de consideración ejecutiva, sin crear una obligación legal directa.