Proposición no de Ley relativa al abordaje de las adicciones en el ámbito laboral y al impulso de estrategias de prevención, detección precoz y reintegración en el puesto de trabajo

La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, propone abordar las adicciones en el entorno laboral mediante la adopción de medidas preventivas, la detección temprana y la reintegración de los trabajadores afectados. Se plantea la creación de programas de prevención, protocolos de detección y planes de acompañamiento, reforzando la coordinación entre prevención de riesgos laborales, atención primaria y salud pública. Además, se busca adaptar la Ley 31/1995 para integrar la gestión de riesgos psicosociales y adictivos, con el fin de reducir el absentismo, la siniestralidad y mejorar la productividad y el bienestar de los empleados.

Resumen de la Proposición no de Ley 161/003403
“Abordaje de las adicciones en el ámbito laboral y impulso de estrategias de prevención, detección precoz y reintegración en el puesto de trabajo”
Tipo de documento: Proposición no de Ley debatida en la Comisión Mixta de estudio de los problemas de las adicciones (sesión del 18 de junio 2026).

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1. Argumentos principales

Grupo que intervino	Argumentos a favor (defensa)	Argumentos en contra (crítica)
Grupo Parlamentario Popular (autor) – diputada Prieto Serrano	• Señala la ausencia de una guía técnica oficial del Ministerio de Trabajo para integrar las adicciones en la evaluación de riesgos psicosociales. • Considera que la normativa actual (Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo) es insuficiente porque no contempla de forma específica las adicciones. • Propone elaborar una guía unificada, crear protocolos de detección (test, cuestionarios, encuestas anónimas) y lanzar campañas de sensibilización. • Insiste en que la medida no pretende culpar a las empresas, sino que estas deben ser agentes clave para detectar y ayudar a los trabajadores. • Pide financiación y la participación de comunidades autónomas y otras administraciones en un diálogo social.	—
Grupo Parlamentario Socialista – senadora Flores García	—	• Asegura que la legislación y las estrategias ya existentes (Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, convenios colectivos) ya contemplan la prevención de adicciones y los riesgos psicosociales. • Critica que la proposición no aporta novedades reales, sino que repite obligaciones ya recogidas en el ordenamiento jurídico. • Señala la falta de referencia a la negociación colectiva, elemento esencial para avanzar en salud laboral. • Propone una enmienda que refuerce la aplicación de los instrumentos ya existentes y, finalmente, decide abstenerse en la votación.
Grupo Parlamentario Vasco – portavoz Ahedo Ceza	• Reconoce la necesidad de evaluar los riesgos laborales y valora la existencia de guías autonómicas (ej. Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral). • Considera que la iniciativa repite medidas ya en vigor y, por ello, se abstiene.	—
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR / Izquierda Confederal – portavoz Cofiño Fernández	• Subraya la importancia de analizar las causas de las adicciones y de integrar la prevención en la política de riesgos laborales. • Destaca que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo ya incluye líneas de actuación sobre adicciones y que el trabajo de observatorios y estudios (ESTUDES, EDADES) está en marcha. • Manifiesta apoyo a la proposición sin proponer cambios sustanciales.	—
Grupo Parlamentario VOX – portavoz Alcaraz Martos	• Apoya la iniciativa por considerarla necesaria para proteger la salud y la productividad de los trabajadores. • Señala la necesidad de contar con herramientas y protocolos homogéneos a nivel estatal, aunque critica la aparente contradicción del Grupo Popular al centralizar competencias que normalmente son autonómicas.	—

2. Resultado de la votación

• Votos a favor: 20
• Abstenciones: 15
• Resultado: La proposición fue aprobada en sus términos.

3. Matices relevantes

• No se aceptó ninguna enmienda; la votación se realizó “en sus términos”.
• Los grupos que se abstuvieron (Socialista, Vasco) lo hicieron porque consideraron que la medida duplicaba lo ya regulado o porque querían reforzar la negociación colectiva antes de aprobar nuevas normas.
• Los grupos a favor (Popular, VOX, SUMAR) coincidieron en que, pese a la existencia de alguna normativa, era necesario un marco más concreto y coordinado para abordar las adicciones en el trabajo.

En síntesis: La proposición busca crear una guía oficial y protocolos específicos para detectar y prevenir adicciones en el entorno laboral, argumentando que la normativa actual es insuficiente. Los partidos que la apoyaron consideraron que la medida aportaría claridad y herramientas prácticas, mientras que los que se abstuvieron estimaron que la iniciativa repite obligaciones ya existentes y que debería reforzarse mediante la negociación colectiva y la aplicación de la legislación vigente. La propuesta fue aprobada con 20 votos a favor y 15 abstenciones.

Enmienda de Grupo Parlamentario Socialista

• Objeto: Sustituir el apartado que contiene la lista de ocho medidas específicas que la Comisión Mixta insta al Gobierno a adoptar, por un texto único que reformula la solicitud de impulso de la prevención de adicciones y de la gestión de factores de riesgo psicosocial en el ámbito laboral.

• Modificación(es):

  1. Elimina la enumeración detallada (puntos 1 a 8) que incluía:
     • la elaboración de una línea estratégica específica;
     • la integración de la prevención de conductas adictivas en los sistemas de prevención de riesgos laborales;
     • la identificación y reducción de factores de riesgo psicosocial;
     • programas dirigidos a sectores de alta carga emocional;
     • la formación de profesionales;
     • campañas de sensibilización;
     • mejora de los sistemas de información y vigilancia epidemiológica;
     • establecimiento de mecanismos de evaluación periódica.
  2. Introduce un único párrafo que:
     • sitúa la petición dentro del marco de la Estrategia Nacional sobre Adicciones, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023‑2027 y la normativa de prevención de riesgos laborales y negociación colectiva;
     • mantiene la necesidad de consenso con comunidades autónomas y agentes sociales;
     • solicita “mecanismos específicos orientados a la prevención de las adicciones en el ámbito laboral” y, simultáneamente, la “identificación, evaluación y reducción de los factores de riesgo psicosocial presentes en los entornos de trabajo que puedan favorecer o derivar en el consumo de sustancias adictivas”.

• Efecto: La enmienda simplifica y concentra la solicitud en una única formulación, reduciendo la precisión de las medidas propuestas. Al mismo tiempo, amplía el marco de referencia al incluir la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo y la negociación colectiva, lo que podría facilitar la integración de la prevención de adicciones dentro de la normativa laboral existente. Sin embargo, la supresión de los ocho puntos detallados elimina compromisos concretos (por ejemplo, programas sectoriales, campañas de sensibilización y sistemas de vigilancia), lo que podría limitar la operatividad y el seguimiento de la iniciativa.

Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

Tras la incorporación de la única enmienda presentada, la proposición no de Ley pasa de contener una lista exhaustiva de ocho medidas concretas a un texto único que insta al Gobierno a impulsar, dentro de los marcos estratégicos de la Estrategia Nacional sobre Adicciones y la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023‑2027, mecanismos específicos para prevenir adicciones en el entorno laboral y para identificar, evaluar y reducir los factores de riesgo psicosocial que favorezcan el consumo de sustancias adictivas. La iniciativa mantiene la necesidad de consenso con comunidades autónomas y agentes sociales, pero pierde la especificidad de los programas sectoriales, las campañas de sensibilización y los sistemas de vigilancia previamente propuestos, quedando con un enfoque más general y menos detallado en cuanto a acciones concretas.

Se aprueba, por la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso que aborda las adicciones en el ámbito laboral y propone estrategias de prevención, detección precoz y reintegración en el puesto de trabajo. La aprobación se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

La Comisión insta al Gobierno a:

1. Incluir en la Estrategia Nacional sobre Adicciones una línea específica de prevención en el trabajo, con enfoque de salud mental y factores psicosociales.
2. Integrar la prevención de conductas adictivas en los sistemas de prevención de riesgos laborales mediante protocolos de detección precoz, intervención temprana y derivación al sistema sanitario.
3. Identificar, evaluar y reducir factores de riesgo psicosocial en el trabajo (sobrecarga, presión, falta de autonomía, conflictos interpersonales).
4. Desarrollar programas de prevención y apoyo para sectores con alta carga emocional (sanitario, sociosanitario, etc.), con apoyo psicológico y organizativo.
5. Formar a profesionales sanitarios, servicios de prevención y mandos intermedios en detección, manejo y derivación de conductas adictivas y riesgos psicosociales.
6. Lanzar campañas de sensibilización dirigidas a trabajadores y empresas sobre riesgos de consumo de sustancias y adicciones conductuales, y promover entornos laborales saludables.
7. Mejorar la información y vigilancia epidemiológica del consumo y conductas adictivas en el trabajo, incorporando indicadores coordinados con el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones.
8. Establecer mecanismos de evaluación periódica de las medidas, con indicadores de impacto en salud laboral, siniestralidad y bienestar, y rendir cuentas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y a la propia Comisión Mixta.

Con esta aprobación, la propuesta pasa a la fase de seguimiento y eventual ejecución por parte del Gobierno, que deberá responder a las recomendaciones formuladas.