Proposición no de Ley (moción) sobre el impulso de medidas de apoyo al sector agrario como motor de desarrollo económico, generador de empleo y garante de cohesión social

1. De qué trata la iniciativa
La proposición no de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, solicita al Gobierno que, a través de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adopte un conjunto de medidas destinadas a reforzar el sector agrario. Entre los objetivos se incluyen: impulsar la competitividad y la viabilidad económica del agro, generar empleo, favorecer la cohesión social y garantizar la sostenibilidad medioambiental. Las propuestas concretas abarcan la aceleración de infraestructuras hidráulicas, la ampliación del regadío, la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), la simplificación normativa, el control de la cadena alimentaria, la reducción de la carga fiscal, el fomento del relevo generacional y la mejora de infraestructuras de transporte vinculadas al sector.

2. Qué ha ocurrido en su trámite

• 23 de junio de 2026: La moción se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, indicando que ha sido presentada oficialmente en el Senado.
• No se registran debates, enmiendas, comisiones o votaciones previas en la información disponible.

3. Qué apoyos y rechazos recibió

• No se dispone de datos de votaciones, mayorías, abstenciones ni de la posición de partidos o grupos parlamentarios. La documentación solo indica la presentación de la iniciativa.

4. Estado actual de la iniciativa

• La iniciativa se encuentra en fase de trámite inicial: ha sido presentada en el Senado y está a la espera de ser remitida a la comisión correspondiente para su estudio y debate. No ha sido aprobada, rechazada, archivada ni retirada.

5. Importancia del resultado dentro del proceso legislativo

• Si la comisión del Senado la admite a trámite y se aprueba en el pleno, la moción pasará a la Cámara de Diputados para su consideración. En caso de ser aprobada por ambas cámaras, el Gobierno estaría obligado a responder a las solicitudes formuladas, lo que podría traducirse en la adopción de medidas concretas para el sector agrario. En la actualidad, la iniciativa aún no ha generado efectos legislativos ni ejecutivos, pues está en la fase preliminar de estudio parlamentario.