Proposición no de Ley relativa a la adecuación del sistema estatal de registro de viviendas de uso turístico al Reglamento (UE) 2024/1028 y a la corrección de los efectos derivados de la duplicidad registral

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición no de Ley pide al Gobierno que adapte el registro estatal de viviendas de uso turístico al Reglamento (UE) 2024/1028. El objetivo es eliminar la doble inscripción que actualmente genera cargas administrativas y vulnera la competencia de las comunidades autónomas, garantizando interoperabilidad entre el registro estatal y los registros regionales, corrigiendo los efectos negativos sobre los propietarios y, en su caso, estableciendo compensaciones económicas. Además, se solicita que el Gobierno informe a las comunidades autónomas de las medidas adoptadas antes del 20 de mayo de 2026 para asegurar seguridad jurídica y la viabilidad del sector turístico.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 26 de mayo de 2026: La proposición fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
• Hasta la fecha no se registran debates, enmiendas, informes de comisiones ni votaciones en el Pleno o en las comisiones correspondientes.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
No existen datos de votaciones, mayorías, abstenciones ni posicionamientos de partidos o grupos parlamentarios en los documentos proporcionados.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La iniciativa se encuentra en fase de trámite inicial; ha sido presentada y publicada, pero aún no ha sido debatida ni votada en ninguna comisión ni en el Pleno.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
Al estar recién presentada, la proposición debe pasar por el procedimiento legislativo habitual: será remitida a la comisión competente (probablemente la Comisión de Territorial y Política Local o la de Economía y Competitividad), donde se debatirá y podrá recibir enmiendas. Si la comisión la aprueba, el texto seguirá al Pleno para su votación. Sólo tras la aprobación del Congreso y, en su caso, del Senado, y la posterior sanción del Gobierno, la medida podría convertirse en normativa de rango de Ley o de Reglamento, según lo establecido en la propia proposición. En su estado actual, la iniciativa aún no ha generado efectos legales.