Comparecencia de doña Concha Santos Pedraz, Presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), acordada por la citada Comisión, para informar en relación con la Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda

Número de expendiente: - Ver iniciativa original
Tipo: Otras comparecencias en Comisión
Fechas: Presentado el 10/09/2026 , calificado el 15/09/2026
Autor: Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
Comisiones: Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
Estado Actual: Concluido
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Vivienda y Agenda Urbana Celebración desde 15/09/2026 hasta 15/09/2026
Concluido desde 15/09/2026
Iniciativas de origen: 122/000253 | Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda
Fecha de actualización: 23/9/2026

Resumen

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1. De qué trata la iniciativa
La proposición de ley tiene como objetivo reforzar la seguridad jurídica y agilizar los procesos administrativos y procesales en la ordenación territorial y urbanística, con la finalidad de impulsar el desarrollo urbano y facilitar la construcción de vivienda. Propone, entre otras cosas, la mejora del marco normativo para la colaboración público‑privada (PPP), la industrialización de la construcción y la revisión de la normativa de concesiones y de desindexación para reducir riesgos y costes para los promotores.

2. Qué ha ocurrido en su trámite

Presentación y comparecencia: El 15 de septiembre de 2026 la Presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Concha Santos Pedraz, compareció ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana para informar sobre la proposición de ley.
Debate en comisión: Durante la sesión se expusieron los principales argumentos de la ANCI (deficiencia de suelo disponible, necesidad de inversión público‑privada, industrialización de la construcción, revisión de costes y riesgos).
Intervenciones de los grupos parlamentarios: Todos los grupos reconocieron la escasez de vivienda y la necesidad de mejorar la seguridad jurídica. Se solicitaron mayor detalle y concreción sobre las modificaciones legislativas, los mecanismos de PPP, la normativa de concesiones y los criterios de precios en los pliegos de contratación.
Acuerdos y matices: Se alcanzó un consenso amplio sobre la pertinencia de la reforma, con matices y preguntas de varios grupos (Junts, SUMAR, Socialistas, Popular, VOX) pero sin que ninguno expresara una posición contraria.

3. Qué apoyos y rechazos recibió

No se registraron votaciones formales en la sesión; la interacción se limitó a preguntas y a la expresión de posiciones.
Apoyo: Todos los grupos parlamentarios coincidieron en que la falta de suelo y la necesidad de una mayor seguridad jurídica son problemas reales y que la propuesta de ley constituye un paso positivo.
Rechazos: No hubo rechazos ni abstenciones. Las intervenciones se centraron en solicitar información adicional y en proponer ajustes, sin expresar oposición al proyecto.

4. En qué estado está la iniciativa actualmente
La proposición de ley permanece en trámite dentro de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. Tras la comparecencia y el debate, la comisión aún no ha emitido un dictamen final ni ha remitido el texto al Pleno del Congreso para su votación.

5. Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo
El amplio consenso alcanzado en la comisión indica que la iniciativa avanza con apoyo parlamentario y que es probable que el siguiente paso sea la elaboración de un dictamen que incorpore las observaciones solicitadas (detalles sobre PPP, normativa de concesiones, criterios de precios, etc.). Una vez aprobado el dictamen, el proyecto será enviado al Pleno del Congreso, donde se debatirá y votará. Si el Pleno lo aprueba, la propuesta pasará al Senado para su examen y, en caso de ser también aprobada allí, entrará en la fase de promulgación y publicación, convirtiéndose eventualmente en ley.

Documentos

Publicaciones del 15/9/2026

Comisión de Vivienda y Agenda Urbana - Celebración

Diario de sesiones

Ver diario original Núm.618 de 15/09/2026 Contenido generado por IA

Resumen de la comparecencia de doña Concha Santos Pedraz – Presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI)
Documento: “Celebración” – expediente 219/000689

Tema tratado	Argumentos presentados por la compareciente (ANCI)	Preguntas / observaciones de los grupos parlamentarios	Posición de los grupos	Acuerdo o matiz
Situación del sector y del mercado de la vivienda	– La falta de vivienda eleva los precios y la hace inaccesible para muchas familias. – Los tributos y tasas sobre el suelo representan entre el 25 % y el 30 % del precio final de una vivienda. – El problema no se resuelve solo con más construcción; primero hay que disponer de suelo desarrollable, que actualmente es limitado y su puesta en marcha puede tardar más de una década.	– Ninguna objeción directa; los grupos coinciden en que el déficit de vivienda es real.	Todos los grupos reconocen la escasez y el impacto de los costes.	Acuerdo amplio sobre la necesidad de aumentar la oferta.
Valoración de la proposición de ley (medidas de seguridad jurídica y agilización de procesos)	– Aplaude que la propuesta refuerce la seguridad jurídica del planeamiento y agilice los trámites administrativos. – Considera que, aunque la ley no lo cubra todo, abre un debate útil para avanzar.	– Los grupos piden mayor detalle sobre los cambios concretos que la ley introduciría.	Junts, SUMAR, Socialistas, Popular, VOX solicitan precisiones, pero ninguno se muestra en contra.	Acuerdo en que la propuesta es un paso positivo, con matices sobre su alcance.
Necesidad de inversión estable y colaboración público‑privada (PPP)	– La inversión pública es insuficiente; es imprescindible complementar con capital privado mediante modelos de concesión (el Estado aporta el suelo, la empresa financia y construye, recuperando la inversión mediante alquiler a 50‑75 años). – Se necesita modificar el régimen económico‑financiero y jurídico de las concesiones para que las empresas se sientan seguras, aunque reconoce que eso requeriría cambios a la Ley de Contratos del Sector Público y a la Ley de Desindexación (no incluidos en la proposición).	– Junts y VOX preguntan cómo garantizar la seguridad jurídica de las PPP y qué medidas concretas se proponen. – SUMAR plantea dudas sobre la posible “privatización” y la necesidad de que la vivienda siga siendo pública.	Junts y VOX están alineados con la idea de la PPP, aunque buscan garantías. SUMAR reconoce la utilidad de la PPP, pero insiste en que la vivienda no se privatice.	Consenso en que la PPP es necesaria, con matices sobre cómo estructurarla y evitar la privatización.
Industrialización de la construcción	– La construcción industrializada reduce mano de obra, mejora calidad y acorta plazos. – España ya cuenta con empresas del sector, pero la capacidad actual es insuficiente para cubrir la demanda. – Se requiere inversión en fábricas, maquinaria, digitalización y formación; además, el sector necesita una demanda previsible y estable (planes a largo plazo, objetivos de industrialización en la contratación pública).	– Junts pide más información sobre los planes concretos de industrialización. – Socialista y Popular preguntan si la falta de capacidad productiva es un cuello de botella y qué medidas se podrían adoptar.	Junts y Popular muestran interés y piden detalles; Socialista coincide en la necesidad de impulsar la industrialización.	Acuerdo en la importancia de la industrialización, con solicitud de mayor concreción por parte de varios grupos.
Cuello de botella principal	– El mayor obstáculo es la falta de suelo disponible y desarrollable; la capacidad productiva del sector es adecuada pero necesita terreno.	– Popular (Sayas) y Popular (Garre) también señalan el suelo como limitación, añadiendo que los plazos burocráticos y la capacidad eléctrica son problemas adicionales.	Todos los grupos coinciden en que el suelo es el factor limitante, aunque algunos añaden otras barreras (burocracia, energía, mano de obra).	Consenso sobre el suelo como principal obstáculo, con matices sobre otros cuellos de botella.
Impacto de la normativa actual (concesiones, precios de energía, etc.)	– La normativa actual no brinda seguridad jurídica suficiente; los riesgos de sobrecostes (energía, materiales) recae sobre la empresa, lo que desalienta la inversión. – Propone mecanismos de revisión de precios que compartan riesgos entre sector privado y Administración.	– VOX pregunta si la Administración puede cumplir los plazos y cuánto se ahorrarían los ciudadanos. – Popular (Garre) y Popular (Sayas) solicitan datos sobre el coste de licencias y su efecto en el precio final.	VOX y Popular comparten la preocupación por la carga de costes y la lentitud administrativa.	Acuerdo en que la normativa debe revisarse para repartir riesgos y reducir costes, con diferencias en la magnitud de la reforma que cada grupo propone.
Presupuesto y financiación pública	– La inversión pública es limitada; se necesita combinarla con la privada. – Los pliegos deben reflejar costes reales y prever revisiones de precios para evitar licitaciones desiertas.	– Socialista (Gómez Piña) pregunta si el sector tiene capacidad suficiente para absorber la inversión del Plan Estatal de Vivienda. – Popular (Garre) indaga sobre cómo equilibrar la inversión pública y privada.	Socialista y Popular reconocen la necesidad de mayor financiación pública, pero enfatizan la coordinación con el sector privado.	Consenso en la necesidad de mayor financiación pública y mejores condiciones en los pliegos.
Otros aspectos (accesibilidad, transporte, códigos técnicos, vivienda cooperativa, etc.)	– Confía en los códigos técnicos y en la necesidad de adaptarlos a los costes reales. – Apoya la mejora del transporte público y el “billete único” como complemento a la política de vivienda. – Ve con buenos ojos la vivienda cooperativa siempre que se garantice la igualdad de condiciones con otras formas jurídicas.	– SUMAR y Plurinacional SUMAR preguntan sobre la actualización del Código Técnico, la accesibilidad y el papel de las cooperativas.	SUMAR muestra interés en estos temas, sin objetar la postura de ANCI.	Acuerdo general, sin oposición significativa.

Conclusiones principales

Apoyo general a la propuesta de ley – La compareciente y la mayoría de los grupos parlamentarios coinciden en que la reforma que refuerza la seguridad jurídica y agiliza los procedimientos es positiva y necesaria.
Puntos de consenso
- La falta de suelo desarrollable es el principal cuello de botella.
- Se necesita una inversión estable, combinando recursos públicos y privados.
- La colaboración público‑privada (PPP) es indispensable, siempre que se garantice un reparto equilibrado de riesgos y se evite la privatización de la vivienda.
- La industrialización de la construcción es una vía clave para aumentar la capacidad productiva y reducir plazos y costes.
Matices y solicitudes de detalle
- Varios grupos (Junts, VOX, Socialistas, Populares) piden documentos concretos con propuestas de modificación legislativa, datos sobre la demanda futura, y ejemplos de cómo se aplicaría la PPP.
- Se señala la necesidad de revisar la normativa de concesiones, la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación para dar seguridad jurídica.
- Se solicita que los pliegos de contratación reflejen los costes reales y contemplen revisiones de precios ante variaciones de energía o materias primas.
No se registró oposición abierta – Ningún grupo expresó un rechazo total a la comparecencia; las intervenciones se centraron en solicitar mayor información, precisar medidas complementarias o señalar otros obstáculos (burocracia, energía, mano de obra), manteniendo una postura constructiva.

En resumen, la comparecencia de la Presidenta de ANCI recibió un amplio apoyo a sus argumentos principales, con solicitudes de mayor concreción por parte de varios grupos parlamentarios y matices sobre cómo estructurar la colaboración público‑privada, la industrialización y la normativa de concesiones para que la reforma propuesta sea eficaz.