Comparecencia de don Salvador Illa i Roca, ex Ministro de Sanidad, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma

Este documento corresponde a la comparecencia de don Salvador Illa i Roca, exministro de Sanidad, ante la Comisión de Investigación sobre los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario durante la crisis de la COVID-19.

Comparecencia de la Presidenta del Tribunal de Cuentas (Doña Enriqueta Chicano Jávega):

• Argumentos principales: La Presidenta del Tribunal de Cuentas expuso la labor fiscalizadora del organismo, destacando que su función es técnica y se rige por normativas nacionales e internacionales de auditoría. Explicó que el Tribunal de Cuentas no es un órgano antifraude o anticorrupción, sino que su objetivo es mejorar la gestión pública a través de informes y recomendaciones. Detalló el proceso de fiscalización de los contratos de emergencia durante la COVID-19, señalando que se analizaron 1.328 contratos (el 83% del importe total) y que, en general, la utilización de la tramitación de emergencia resultó ajustada a derecho y los precios respondieron al comportamiento normal del mercado. Subrayó que todos los informes fueron aprobados por unanimidad del pleno del Tribunal, sin votos particulares.
• Críticas y matices (Grupo Parlamentario Popular): El portavoz del Grupo Popular cuestionó si el Tribunal de Cuentas estaba poniendo "luces verdes" en lugar de "luces rojas" ante posibles irregularidades. Señaló que en algunos informes se eliminaban explicaciones sobre la posible invalidez de contratos o la falta de verificación de solvencia de empresas, lo que, a su juicio, dulcificaba las conclusiones. Preguntó por qué no se investigaba la concertación previa entre la Administración y los contratistas o la vinculación entre empresas adjudicatarias, a lo que la Presidenta respondió que estaba fuera de sus competencias.
• Defensa y aclaraciones (Presidenta del Tribunal de Cuentas): La Presidenta defendió el rigor técnico de los informes y la profesionalidad de los funcionarios. Explicó que la responsabilidad contable solo se exige si hay un menoscabo o daño evaluable y que no pueden entrar en la producción de delitos, que corresponden a otras jurisdicciones. Aclaró que las eliminaciones o aportaciones en los informes se producen tras debates y alegaciones, y que el informe definitivo es el aprobado por el pleno. Respecto a la falta de verificación de solvencia, indicó que la legislación de emergencia excluía muchos requisitos habituales.
• Acuerdo/Desacuerdo: Hubo un claro desacuerdo en la interpretación de los informes y la profundidad de la fiscalización. Mientras el Grupo Popular consideraba que el Tribunal de Cuentas no había sido suficientemente riguroso en la detección de irregularidades, la Presidenta defendió la actuación técnica y ajustada a derecho del organismo.

Comparecencia de Don Salvador Illa i Roca (Exministro de Sanidad):

• Argumentos principales (Don Salvador Illa): El exministro de Sanidad presentó un informe detallado sobre los procesos de compra de material sanitario del Ministerio. Destacó que la prioridad era salvar vidas en una crisis sin precedentes y que el Ministerio actuó de manera prudente, responsable, diligente y eficaz. Señaló que España, como otros países, tuvo que hacer frente a la pandemia sin estar preparada y que el Ministerio aseguró el suministro de material en circunstancias muy difíciles, a precios razonables y sin reproches posteriores tras numerosas actuaciones de investigación. Resaltó el esfuerzo por activar la fabricación nacional y la búsqueda de proveedores internacionales.
• Críticas y matices (Grupos Parlamentarios):
  • Grupo Parlamentario Popular: Cuestionó la gestión del exministro, señalando sobrecostes en la compra de respiradores y la adjudicación a intermediarios. Preguntó por la relación del ministerio con personas investigadas por la trama de corrupción y afirmó que el Ministerio de Sanidad sí contrató con la empresa "Soluciones de Gestión", contradiciendo las declaraciones de Illa.
  • Grupo Parlamentario Socialista: Defendió la gestión del exministro, destacando su alta comparecencia en el Congreso, su respeto por las Cortes Generales y su transparencia. Señaló que nadie había movido los pies del suelo al señor Illa en relación con fiscalizaciones y procedimientos judiciales. Resaltó la diligencia del ministerio en la compra centralizada y la estimación de necesidades.
  • Grupo Parlamentario VOX: Cuestionó la preparación del país para la pandemia y la actuación del Gobierno en la declaración del estado de alarma, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Preguntó sobre la posible vinculación de la centralización de compras con irregularidades y sobre la actuación del Tribunal de Cuentas en casos de corrupción.
  • Grupo Plurinacional SUMAR: Preguntó sobre la existencia de delitos contables y la diferencia entre deficiencias e irregularidades. Cuestionó si la centralización forzada por el estado de alarma pudo ser una vía para irregularidades. Pidió una autocrítica sobre los procedimientos de análisis de solvencia de las empresas.
  • Grupo Parlamentario Republicano (ERC): Cuestionó la centralización forzada de las compras y su impacto en la gestión, preguntando si la decisión de quitar control a la Generalitat de Catalunya fue un error. Pidió explicaciones sobre la gestión de la pandemia y la falta de transparencia y rigor.
  • Grupo Parlamentario Junts per Catalunya: Criticó la gestión del exministro, calificándola como una de las peores a nivel internacional en los primeros meses. Cuestionó la centralización de las compras y la falta de confianza en las instituciones catalanas. Pidió explicaciones sobre la falta de transparencia, previsión y rigor.
  • Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): Preguntó sobre el funcionamiento de la central de compras, la participación de otros ministerios y de las comunidades autónomas. Cuestionó la valoración de la idoneidad de las empresas y el papel del Ministerio de Transportes.
  • Grupo Parlamentario Mixto (CC): Preguntó sobre la fecha exacta de la descentralización de las compras y si el Ministerio de Sanidad dio instrucciones o parámetros de calidad a las comunidades autónomas. Cuestionó los casos de mascarillas no llegadas o defectuosas y la constitución de empresas al día siguiente de recibir contratos.
• Respuesta y defensa (Don Salvador Illa): El exministro reiteró que el Ministerio de Sanidad no contrató directamente con la empresa "Soluciones de Gestión" ni con ninguna de las empresas investigadas en el caso Koldo. Explicó que las compras se centralizaron para evitar la venta fuera de España y asegurar el destino sanitario del material, pero que las comunidades autónomas mantuvieron su capacidad de compra. Defendió la actuación del Ministerio como diligente y eficaz en un contexto de crisis extrema, y afirmó que todas las compras del Ministerio pasaron por controles de solvencia, calidad y precio, y que las incidencias fueron mínimas (aproximadamente un 3% del material). Negó haber pagado comisiones y defendió la legalidad de los estados de alarma.
• Acuerdo/Desacuerdo: Hubo un profundo desacuerdo entre el exministro y la mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición (PP, VOX, Junts, ERC, SUMAR, PNV, Mixto) en cuanto a la valoración de la gestión, la existencia de irregularidades, la transparencia y la posible vinculación con casos de corrupción. El Grupo Parlamentario Socialista defendió la actuación del exministro.

En resumen: La comparecencia de la Presidenta del Tribunal de Cuentas y del exministro de Sanidad puso de manifiesto las diferentes interpretaciones sobre la actuación de las administraciones públicas durante la pandemia de COVID-19 en materia de contratación. Mientras la Presidenta del Tribunal de Cuentas defendió la actuación técnica y ajustada a derecho del organismo fiscalizador, los grupos de la oposición criticaron la profundidad de la fiscalización y la posible falta de rigor. Por su parte, el exministro de Sanidad defendió la diligencia y eficacia de su gestión en un contexto de crisis sin precedentes, mientras que los grupos de la oposición cuestionaron aspectos concretos de las contrataciones, la centralización de las compras y la posible vinculación con casos de corrupción. El Grupo Socialista apoyó la versión del exministro.